¿En qué momento el Estado dejó de ser garante de derechos para transformarse en un administrador de cuerpos? ¿Cuándo la omisión dejó de ser negligencia y pasó a ser complicidad? Uruguay, que tantas veces se piensa a sí mismo como un laboratorio de avances sociales, hoy enfrenta una pregunta incómoda: ¿puede un Estado que tolera —o incluso acompaña indirectamente— la expansión del mercado sexual en contextos de vulnerabilidad, declararse neutral? ¿O estamos ante una forma sofisticada de proxenetismo institucional, donde la explotación se disfraza de inclusión?
Se nos dice que esto es “ampliar derechos”. Que es reconocer la sexualidad de personas con discapacidad. Que es dar oportunidades laborales a mujeres que históricamente han sido marginadas. Pero, ¿de qué derechos hablamos cuando el punto de partida es la desigualdad extrema? ¿Puede llamarse libertad a una elección condicionada por la pobreza, la falta de educación o la ausencia de alternativas reales? La retórica es seductora. Se invoca el feminismo, la autonomía, el consentimiento. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué feminismo es este que acepta que el cuerpo de la mujer siga siendo un recurso económico disponible? ¿No hay en ello una continuidad, apenas maquillada, de la vieja lógica patriarcal donde el cuerpo femenino es transaccionable?
Aquí el problema no es solamente moral, sino profundamente político. El Estado no necesita organizar burdeles para ser proxeneta. Le basta con mirar hacia otro lado mientras las condiciones estructurales empujan a miles de mujeres hacia el trabajo sexual como única salida posible. Le basta con legitimar discursivamente lo que en los hechos es una falta de opciones. Le basta con no intervenir donde debería hacerlo con más fuerza, es decir, en la raíz de la desigualdad. ¿Reivindicar el trabajo sexual? ¿O resignarse a que ciertas poblaciones nunca accederán a otra cosa? Si el Estado realmente buscara la emancipación, ¿no debería priorizar políticas de educación, formación laboral, inserción en empleos dignos? ¿No debería ampliar horizontes en lugar de administrar resignaciones? Porque cuando la única puerta que queda abierta es la del mercado del cuerpo, la libertad se vuelve una palabra vacía de contenido.
Desde una mirada filosófica, esto nos enfrenta a una tensión clásica, y me refiero a la diferencia entre libertad formal y libertad real. Como advertía la tradición crítica —de Jean-Jacques Rousseau hasta Karl Marx— no basta con declarar libres a los individuos si las condiciones materiales los encadenan. ¿Qué significa “elegir” cuando todas las demás opciones han sido sistemáticamente clausuradas? ¿Puede el consentimiento ser plenamente libre en un contexto de necesidad? También tiene lugar la noción de biopolítica desarrollada por Michel Foucault desde la perspectiva de que el poder no solo gobierna territorios, sino cuerpos. Un poder que regula, administra, optimiza. ¿Estamos ante un Estado que, en nombre de la inclusión, organiza nuevas formas de gestión del cuerpo vulnerable? ¿No hay en esto una racionalidad fría que convierte la necesidad en política pública, que transforma la urgencia en estructura? Y más aún: ¿qué sociedad estamos construyendo cuando naturalizamos que el acceso a la intimidad de unos dependa del cuerpo precarizado de otros? ¿No debería el horizonte ser otro? ¿Uno donde la dignidad no esté mediada por el dinero ni por la desesperación?
El silencio estatal no es neutral. Nunca lo es. En contextos de desigualdad, la inacción es una forma de acción. Y cuando esa inacción habilita circuitos donde la vulnerabilidad se convierte en mercancía, el Estado deja de ser árbitro para transformarse en engranaje. Un engranaje silencioso, pero eficaz. Porque no se trata solo de lo que el Estado hace, sino de lo que decide no hacer. No formar, no educar, no ofrecer alternativas reales, no disputar el destino social de quienes nacen en los márgenes. ¿No es esa una forma más sutil —pero no menos grave— de abandono?
Tal vez la pregunta más incómoda no sea qué hacen estas mujeres, sino qué hace el Estado para que esa sea, una vez más, su destino. Tal vez la verdadera discusión no sea sobre la legitimidad del trabajo sexual, sino sobre la legitimidad de un orden social que lo necesita. ¿Estamos ampliando derechos o administrando derrotas? ¿Estamos reconociendo sujetos o perpetuando estructuras? ¿Estamos construyendo libertad o simplemente cambiándole el nombre a la necesidad? El problema no es que existan discursos que justifiquen estas prácticas. El problema es que empiecen a sonar razonables. Que se vuelvan política. Que se naturalicen. Y cuando lo razonable se vuelve cómplice, la crítica deja de ser una opción para convertirse en una obligación. Porque hay silencios que no son prudencia: son parte del mecanismo.
