Uruguay acaba de aprobar en Diputados un proyecto de ley de eutanasia que ha sido celebrado en titulares internacionales como un “avance en derechos”. Sin embargo, detrás de esa euforia hay un debate lleno de desinformación, simplificaciones y caricaturas de las posturas en juego. Lo que está en discusión no es un choque entre ‘pro vida’ y ‘pro libertad’, sino algo que se elude en la discusión: cómo tratamos a los que más sufren o le han perdido el sentido a su vida.
Todavía percibo con extrañeza que esto ha sido un debate muy poco claro y honesto. A las posturas “a favor o en contra” no les interesan los matices, ni el diálogo, ni los acuerdos, solo repetir su discurso sin atender a otras perspectivas. No todos han sido capaces de escuchar y comprender las razones de quienes sostienen una postura u otra, y en general se malinterpreta a la otra parte y se la acusa de razones que no esgrime y de ideas que no tiene. Y esto lo han padecido todas las partes comprometidas con el tema.
Con respecto a quienes apoyaron el proyecto, se les dice “que quieren matar gente”, “que es por motivos económicos”, y con eso parecería que ya sus razones dejan de valer y no importa tratar de entender. Lo mismo para quienes nos oponemos, dicen “que queremos obligar a sufrir”, “que queremos imponer una moral”, “que es por motivos religiosos” y una lista de supuestos absurdos y sin fundamento real, más que el prejuicio infundado, que sirve para darse a uno mismo la razón creando enemigos imaginarios.
Aunque es un tema al que le he dedicado tiempo, me da la impresión de que con cualquier otro asunto puede pasar lo mismo y esto es preocupante para la salud de la democracia. Si no hay debate real, si no hay escucha, si no interesan las razones del otro, sino simplemente ignorarlas o acallarlas con falacias para desacreditarlas por su origen (ideológico, filosófico, religioso) o por sus supuestas “intenciones ocultas”, “no declaradas”, no es posible el entendimiento mutuo. Porque uno puede discrepar en serio, si entiende las razones del otro. Si no, es solo rechazo irracional que deriva en fanatismo.
Luego hay quienes con apariencia de racionalidad dicen: “No comparto tu postura, pero la respeto” y no ofrecen un solo contraargumento para que uno pueda matizar, cambiar o repensar su propia opinión. Pocos se han sentado a conversar con honestidad e interés en comprender. Lo grave del asunto es más profundo de lo que aparece, porque revela una imposibilidad de diálogos reales en temas relevantes para la sociedad.
Un proyecto sin garantías reales
Se sigue diciendo que el proyecto “es garantista” y no es cierto. No exige evaluación de psiquiatra, ni psicólogo ni asistente social; no hay comisión evaluadora previa a la muerte, sino después; y tampoco se asegura acceso a cuidados paliativos. Esto no es burocracia, es lo mínimo exigible si hablamos de derechos y de una decisión irreversible. Incluso voces favorables a la legalización reconocieron estas carencias, pero fueron ignoradas. El proyecto aprobado es esencialmente el mismo de 2022, sin atender ninguna de las objeciones planteadas. Esperamos que en el Senado se pueda abordar con mayor responsabilidad. Además, sin haber reglamentado la ley de Cuidados Paliativos, habrá muchas personas que no podrán elegir entre sufrir, ser aliviados o eutanasia, solo les queda sufrir o eutanasia. Una persona bajo tortura de sufrimiento no quiere morir, sino dejar de sufrir. ¿Se le darán opciones para aliviarle? Parece que no en todos los casos. Claramente no se trata de dar libertad.
Los argumentos que nos atribuyen y no usamos
Nunca afirmamos que a alguien solo por padecer cualquier enfermedad se le aplicaría la eutanasia. Se trata de una conjunción de múltiples factores. La realidad no es tan simple: en países donde ya es legal, muchas personas con enfermedades crónicas e incurables —sumadas a soledad, abandono o pobreza— terminan pidiendo morir porque se sienten una carga, y eso les hace sufrir mucho. Es decir, aunque tengan enfermedades crónicas, la razón de querer morir tiene causas existenciales, sociales, económicas y emocionales. Y este proyecto no se limita a pacientes terminales: basta con enfermedad incurable e irreversible, sufrimiento “insoportable” y deterioro de la calidad de vida. Pero ¿quién define esos conceptos? El sufrimiento es profundamente subjetivo. Si no se consideran las causas sociales y culturales del deseo de morir, se deja desprotegida a mucha gente en situación de extrema vulnerabilidad.
Imaginemos a una persona mayor en una casa de salud, sola, dependiente, con conflictos familiares y sintiéndose un peso: ¿no pensaría que morir es una liberación para sí y para sus cuidadores? Conozco a personas que lo han pensado y es difícil sostenerlos y que sientan que su vida vale la pena. La ley valida esa opción sin ofrecer previamente condiciones para vivir con dignidad. En una sociedad individualista, se corre el riesgo de dar a los más frágiles una salida barata y rápida, en lugar de acompañarlos para que experimenten su vida como valiosa. Se trata de pensar en todos, no en casos excepcionales.
No se demoniza a los médicos
Tampoco pensamos mal de todos los médicos como se nos dice. No se trata de sospechar de los profesionales de la salud, aunque en otros países existen abusos y eutanasias sin consentimiento, por más que la ley lo exija, debido a la aceptación social del procedimiento. Lo que criticamos es que el debate se reduzca a un vínculo paciente-médico, ignorando el contexto social: vejez, discapacidad, dependencia, pobreza, abandono. El sistema de salud y las lógicas utilitarias de costos también pueden ejercer presión, aunque sea de manera sutil. Legalizar la eutanasia en este marco equivale, en los hechos, a legitimar un tipo de suicidio para determinados grupos vulnerables. Si se investiga con honestidad intelectual lo que ha sucedido en Bélgica, Holanda y especialmente en Canadá, no es algo para relativizar.
Una confusión persistente.
Al escuchar a varios legisladores argumentar o periodistas en estos días opinar, se vuelven a repetir frases como: “es entendible que alguien en su agonía quiera adelantar la muerte”, “que no nos alarguen la vida ni el sufrimiento con soportes artificiales”, etc. Es como si no supieran que ya existe una ley de voluntades anticipadas y que estamos de acuerdo todos en que es un derecho que no nos alarguen la vida ni el sufrimiento solo por obstinarse con mantenernos vivos. La ética médica prohíbe tanto la obstinación terapéutica como la eutanasia. Y siguen hablando de pacientes en los últimos momentos de su vida, pero el proyecto no habla de pacientes en esa situación, no se trata de “terminales”. O no se logra comprender el texto o no se logra imaginar del tipo de paciente que está incluido en el proyecto.
Durante cinco años varios profesionales de los cuidados paliativos han explicado hasta el cansancio que la morfina no se usa para matar a pacientes, que es un calmante. Que la sedación paliativa no es una forma de eutanasia encubierta, sino que es una práctica ética y legal, que no mata al paciente, sino que le desciende su nivel de conciencia para evitarle síntomas de difícil manejo.
También, aunque se explique que las razones de oposición no son creencias religiosas, quienes no tienen argumentos para responder razonablemente, se justifican en que ellos “respetan las creencias religiosas, pero que esto no obliga a nadie”. Pero no se trata de creencias religiosas, sino de concepciones distintas de derechos humanos, de dignidad humana, de justicia y de libertad. Unos creen que todos somos siempre libres absolutamente sin importar el contexto, otro entendemos que toda libertad es condicionada y no se puede ser ingenuo ante el contexto social y emocional en el que alguien toma una decisión sobre su vida y sobre la muerte. No todos tenemos las mismas posibilidades ni opciones en la vida. Lo que es evidente es la gran desinformación que sigue existiendo en toda la sociedad, incluso entre quienes tienen la responsabilidad de legislar sobre estos asuntos.
Los Derechos Humanos en crisis
Hay un tema que para muchos es muy abstracto, porque se trata de los derechos irrenunciables. No se trata de que la gente no pueda en su libertad hacer lo que quiera con su vida, sino que la sociedad no puede desconocer derechos que son inherentes al todo humano. La dignidad inherente a toda vida humana impide que pueda vender sus órganos, que pueda ser esclavizada, aunque lo pida y lo desee fervientemente, o que pueda ser matado. Eso quiere decir que son “irrenunciables”.
Lo entenderíamos mejor como ejemplo si alguien desea ser explotado laboralmente. Puede querer trabajar como esclavo por dos monedas, pero eso no nos da derecho a nosotros a contratarlo con esas condiciones. No podemos explotarle, aunque quiera y lo deje por escrito, no podemos torturarle aunque sea su deseo, no podemos matarlo aunque lo pida. Esto es básico en derechos humanos, sin embargo, han vuelto el concepto de “derecho” un chicle, incluso los que se presentan como expertos en el tema. Algunos activistas en defensa de los derechos humanos no quieren hablar de este asunto, porque les lleva a contradicciones obvias y les arrastra por derivas antiderechos.
Aunque hemos tratado de explicar siempre que se trata de lo que la sociedad hace con quien quiere morir, nos responden que es la decisión de cada uno. Es como hablar en otro idioma: no se trata de una cuestión individual, porque nadie es quien para juzgar el deseo de morir de una persona que sufre. Lo que juzgamos es lo que la sociedad hace con los que sufren sin consuelo: ¿los elimina o los cuida y alivia?
En Derechos Humanos no se trata de lo que uno sienta o tenga ganas, sino de lo que debe ser protegido por su dignidad, por su valor como persona humana. Esto hace que una ley de eutanasia ponga patas arriba los fundamentos de los derechos humanos y los relativice a un deseo subjetivo, como si la dignidad humana dependiera de la autopercepción. Según los que caracterizan a la eutanasia como supuesto derecho, entienden que, si alguien desea algo, hay que respetarlo y apoyarlo, aunque sea su propia autodestrucción. Esto es complicado, porque pone en crisis el fundamento de todos los demás derechos. Lo repito: no se trata de lo que cada uno quiera hacer con su vida, cada uno que haga lo que quiera con su vida. Se trata de lo que el Estado permite y que desconozca un derecho fundamental, bajo pretexto que es un “nuevo derecho”. La colisión en materia de derechos humanos es evidente, por eso todas las partes argumentan que se trata de defender derechos y que es por respeto a la dignidad de las personas. En este asunto hace falta un debate más serio y responsable, no slogans: “yo defiendo la vida” o “yo defiendo la libertad”. Con o sin ley, siempre será un debate abierto porque los temas éticos no se resuelven con leyes, sino con una reflexión mucho más honda sobre quienes somos y la sociedad que queremos.
Una sociedad que convierte en derecho la posibilidad de poner fin a la vida de quienes más sufren, sin antes garantizar cuidados, acompañamiento y protección real, no está ampliando libertades: está debilitando derechos humanos básicos. La dignidad no se protege abriendo la puerta a la muerte como salida rápida, sino asegurando que nadie se sienta una carga, que nadie quede solo, que nadie tenga que pedir morir porque la vida le resulta insoportable. Esa es la verdadera deuda pendiente.
