En nuestro país, la palabra “fracaso” suele aparecer con puntualidad quirúrgica cuando se habla desde un gobierno a otro. Desde la oposición, el diagnóstico siempre es tajante, pero en términos más académicos, los adjetivos contundentes suelen esconder preguntas más complejas, es decir, ¿fracaso respecto a qué?, ¿según qué criterios?, ¿en comparación con qué escenario contrafáctico? Si queremos abordar el tema con rigor —y no con consignas— debemos analizar por lo menos tres dimensiones: coherencia programática, capacidad de implementación y resultados medibles en relación con las prioridades anunciadas en campaña electoral.
En campaña, bajo el eslogan “la revolución de las cosas simples”, el oficialismo estructuró su discurso sobre algunos ejes prioritarios que se podrían sintetizar en: crecimiento con justicia social, fortalecimiento del Estado de bienestar, recuperación salarial, políticas activas de empleo, énfasis en educación pública, seguridad con enfoque integral y reactivación productiva con sensibilidad territorial. Desde la teoría política, un gobierno se evalúa por su capacidad de orientar políticas públicas coherentes con el programa que le dio legitimidad electoral. En términos de accountability programática, la pregunta es si hubo desviación sustantiva o continuidad con lo prometido. En este sentido, la acusación de “fracaso” requiere demostrar que: el gobierno abandonó sus ejes centrales, no logró implementar políticas alineadas con su programa y/o produjo resultados opuestos a los objetivos declarados.
La ciencia política distingue entre voluntad política y capacidad estatal. Desde esta perspectiva, un gobierno puede tener un programa sólido y aun así enfrentar límites estructurales como por ejemplo; el contexto económico regional, las restricciones fiscales, la correlación parlamentaria, la presión de actores corporativos y/ o la coyuntura internacional. En sistemas presidenciales como el nuestro, la gobernabilidad generalmente depende de mayorías legislativas, negociación interpartidaria y estabilidad macroeconómica. Si las prioridades programáticas encuentran límites en estas variables, ¿es eso fracaso o tensión inherente al ejercicio del poder? Robert Dahl sostiene que las democracias reales son poliarquías imperfectas, atravesadas por pluralidad de intereses. Es decir, gobernar implica administrar el conflicto, no eliminarlo.
Por otro lado, la evaluación pública no es puramente técnica, sino que también es simbólica. Un gobierno puede exhibir indicadores aceptables y, sin embargo, perder la batalla narrativa. Además, es sabido que la oposición de turno suele capitalizar insatisfacciones sectoriales amplificándolas como prueba sistémica de colapso. Aquí aparece un fenómeno bastante cotidiano, que tiene que ver con la brecha entre resultados objetivos y percepción subjetiva, y la política de nuestro tiempo es, en gran medida, una disputa por ese sentido. Si la ciudadanía percibe estancamiento, inseguridad o deterioro, la etiqueta de “fracaso” se instala más allá de los datos.
Más allá de la estadística, podemos perfilar el análisis desde una mirada filosófica. ¿Qué entendemos por fracaso político? Desde un enfoque inspirado en Hannah Arendt, podemos decir que la política es el espacio de la acción y la pluralidad. En esta clave, el fracaso no sería simplemente no alcanzar metas, sino clausurar la posibilidad de acción colectiva, dañar la confianza pública y debilitar el espacio común. Si el gobierno mantiene abierto el ámbito deliberativo, respeta las reglas democráticas y sostiene políticas coherentes con su visión de justicia social, difícilmente pueda hablarse de fracaso, aunque existan déficits en resultados concretos. Desde otra perspectiva, más cercana a John Rawls, el criterio sería la equidad: ¿mejoró la situación de los menos aventajados? Si la respuesta es afirmativa, aunque sea parcialmente, el balance no puede ser simplificado como fracaso absoluto. En cambio, si las políticas no logran reducir desigualdades estructurales ni fortalecer oportunidades reales, entonces el cuestionamiento adquiere mayor peso normativo.
Por otro lado, en política, la palabra “fracaso” no siempre significa lo mismo. Puede hablarse de un fracaso estructural, cuando el gobierno pierde la capacidad de conducir el Estado, se profundizan las crisis institucionales o la economía entra en colapso. Existe también un fracaso programático, que ocurre cuando se abandona el proyecto que llevó a la ciudadanía a votar. A veces lo que hay no es fracaso sino desgaste político, es decir, el desgaste natural del apoyo, producto de expectativas que no se cumplieron o del simple cansancio social. Y, en otros casos, la acusación responde a una disputa ideológica, es decir, al desacuerdo con el modelo de sociedad que ese gobierno intenta construir.
La democracia no produce perfección; produce alternancia, corrección y debate. Por lo tanto, declarar “fracaso” antes de analizar indicadores, contexto y coherencia programática es convertir la política en tribunal moral instantáneo. Entonces, la pregunta más honesta no es si el gobierno fracasó, sino: ¿avanzó en la dirección prometida? ¿mejoró o deterioró las condiciones estructurales? ¿amplió o redujo derechos? ¿fortaleció o debilitó la institucionalidad? Responder exige menos consigna y más análisis.
En definitiva, la política, como la vida, rara vez se deja resumir en un veredicto absoluto. Y quizás el verdadero fracaso no sea gobernar con límites, sino analizar la democracia con simplificaciones. Y quizás la pregunta más importante es filosófica: ¿es fracaso no transformar la realidad al ritmo del deseo, o es simplemente la condición inevitable de gobernar en una sociedad plural? Ahí, más que una consigna, comienza el pensamiento.
