Al igual que sucediera con la LUC el propio presidente Luis Lacalle Pou es quien asume el liderazgo de la propuesta de la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Per se, es una señal fuerte. Tan fuerte como su visita a la sede del FA para entregar el anteproyecto. Esta acción debe ser interpretada bajo el movimiento previo de crear a través de la LUC una Comisión de Expertos en Seguridad Social con representantes de todos los partidos y representación de sindicatos, empresarios y jubilados, que luego devino en la propuesta de la coalición.
El problema a abordar es claro y ha sido reconocido por gobierno y oposición. Principalmente, envejecimiento de la población, baja tasa de natalidad, aumento de la expectativa de vida, creciente déficit previsional que torna insostenible seguir destinando una porción considerable del dinero de rentas generales para financiarlo. Y un factor menos mencionado, pero igualmente importante como la informalidad y la sub declaración, esenciales para financiar el sistema sin recaer con todo el peso sobre los formales.
El aumento gradual de la edad mínima jubilatoria en 65 años es tan inminente como impopular. Pero iría en consonancia con la edad promedio de jubilación en el mundo desarrollado. Para tener una idea en Bélgica es de 65 años, Dinamarca 67, Finlandia 63, Francia 66, Alemania 65, Reino Unido 66, Grecia e Italia 67 y podríamos seguir. Pero este es solo el punto más sonado de un conjunto de medidas técnicas que son indicativos de un modelo de reforma, que como es natural tendrá sus ganadores y perdedores, y es allí donde la política hace su despliegue.
El compromiso del gobierno es claro y viene desde la campaña de 2019. No se le puede reclamar en ese sentido. Tampoco debería esperarse otra cosa que no sea el avance en este proyecto desde el gobierno. Por ende, hay que mirar cómo se van configurando las coaliciones de apoyo y de rechazo al proyecto.
¿Cómo se paran los actores políticos en torno a la reforma?
Si miramos el tablero político, un primer aspecto a considerar es el alineamiento de los jugadores en pugna.
El gobierno corre con ventaja. Los socios, a priori, están alineados en la voluntad de dar luz verde a la reforma. No es poca cosa. Están demostrando, al igual que lo hicieron con la LUC, una voluntad de avanzar coordinadamente en una agenda ambiciosa de reforma con puntos comunes, a pesar de tener preferencias que tienen diferencias de origen.
La mayor interrogante es Cabildo Abierto. Su líder Manini Ríos aún no ha dado una señal clara. En todo caso condicionó su apoyo al apoyo del Frente Amplio. Y se aguarda por su apreciación respecto a la reforma de la caja militar, sobre la cual ya deslizó que tiene diferencias. Sobre este punto muy probablemente se tendrá que negociar finamente de tal forma que se contemplen preferencias sin perder la integralidad del proyecto, lo cual podría generar un flanco de crítica.
En la oposición en cambio hay posiciones encontradas. El PCU y el PS ya manifestaron una clara postura de oposición al proyecto. No obstante, desde la estructura orgánica su presidente y vocero ha sido más cauto al considerar que hay modificaciones a considerar por parte del FA. En tanto, desde Convocatoria Seregnista se divulgó una carta abierta al Presidente donde se manifiesta una postura en principio favorable a avanzar en una reforma: “una reforma es necesaria, pero no cualquier reforma”.
A su vez, no se puede omitir en el análisis el posicionamiento que ha tenido el PIT-CNT de claro rechazo al ante proyecto. Al igual que lo demostró con el referéndum de la LUC, la central sindical -y se podría agregar la intersocial- son una voz de peso para la estrategia que pueda definir el FA hacia el futuro. Y en ese sentido ya han marcado su posición al proyecto y si quedaba alguna duda lo han incorporado como parte de las reivindicaciones en el paro de 24 hs.
Los próximos días serán cruciales para ver con qué apoyo cuenta el proyecto que se espera entre en setiembre al Parlamento.
