Cada vez que se discute el presupuesto nacional, la palabra infancia ocupa un lugar destacado en los discursos oficiales. Nadie se atrevería a decir que no es prioridad. Pero los discursos se sostienen con recursos, o quedan en discursos.
En el caso del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el proyecto de presupuesto quinquenal 2025–2029 anuncia un aumento de fondos. Sin embargo, detrás de las cifras persiste una paradoja conocida: el organismo rector de las políticas de infancia sigue atrapado por la urgencia, con recursos que apenas alcanzan para mantener lo existente. Buena parte de lo solicitado se destina a cubrir ajustes y compromisos previos. El margen para innovar, ampliar cobertura o fortalecer equipos técnicos sigue siendo mínimo. Una vez más, la urgencia se come la política.
Por ley, el INAU debe ser el rector de las políticas de infancia y adolescencia, pero en la práctica funciona más como un bombero social. Sus equipos trabajan con compromiso, pero también con sobrecarga, en hogares saturados y respondiendo a emergencias que muchas veces podrían haberse prevenido. La estructura institucional del país lo empuja a asumir lo que otros organismos no logran resolver, y su capacidad de articulación sigue siendo frágil.
Aun así, no todo parte de cero. En los últimos años se concretaron avances importantes en materia de articulación estatal, como la implementación de la ventanilla única con el BPS, que permite coordinar información sobre transferencias y prestaciones, o los cruces entre distintos sistemas de gestión que buscan mejorar la trazabilidad de las intervenciones en infancia. Son pasos necesarios hacia una política más integrada, aunque todavía falta mucho camino por recorrer para que esos mecanismos se consoliden como parte de una estrategia nacional coherente y sostenida. Esperemos que este quinquenio continúe este camino de integración con voluntad política y recursos técnicos.
Mientras tanto, la pobreza infantil continúa siendo una deuda estructural. Según un estudio reciente de UNICEF, alrededor de 320.000 niños, niñas y adolescentes en Uruguay viven en situación de pobreza monetaria o multidimensional o ambas—cuatro de cada diez—. En los hogares con niños pequeños, la inseguridad alimentaria y la precariedad habitacional forman parte del día a día. Ningún presupuesto del INAU puede, por sí solo, revertir esa realidad. La infancia es mucho más que un programa o una institución: requiere una estrategia intersectorial que articule educación, salud, vivienda, trabajo y protección social.
Hoy esas políticas aún transitan por carriles separados. Cada organismo tiene su propio presupuesto, su lenguaje técnico y sus prioridades. Esa fragmentación institucional no solo encarece la gestión, sino que diluye la responsabilidad. Uruguay invierte cifras importantes en infancia, pero los resultados siguen siendo modestos.
A eso se suma el cortoplacismo: los recursos se concentran en atender la emergencia, no en prevenirla. Los programas de fortalecimiento familiar, que podrían evitar institucionalizaciones o rupturas de vínculos, cuentan con presupuestos insuficientes. El Estado llega tarde y caro: gasta más en reparar que en prevenir.
Sin embargo, no todo son sombras. En estos días presencié una entrega de diplomas formativos a jóvenes vinculados al INAU, realizada junto a una empresa privada. Ver a las autoridades reconocer que el camino es por ahí, por la colaboración público-privada, resulta alentador. Y tiene su ironía: no pensaríamos que las empresas privadas fueran los principales aliados ideológicos de esta administración, pero cuando la cooperación se da, vale celebrarla. Tal vez estemos laudando viejas disputas. Ojalá sea así, por el bien de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país.
