El proyecto presentado por el legislador Gustavo González, del Partido Socialista dentro del Frente Amplio, que propone condicionar la construcción de monoambientes a ciertos estándares básicos, ha tenido al menos una primera virtud: abrir el debate. Ha comenzado por los mínimos técnicos cuando lo que está en juego es una cuestión de principios: qué tipo de ciudad se promueve y qué condiciones de vida se consideran aceptables cuando intervienen políticas públicas.
En ese marco, el llamado “realismo” con el que se defienden hoy los monoambientes resulta demasiado costoso como para ser subsidiado. Presentado como una respuesta pragmática a la crisis habitacional, ese realismo funciona más como una resignación que como una solución. No describe una elección libre ni una preferencia cultural, sino la aceptación de un mercado que reduce sistemáticamente el espacio habitable y convierte esa reducción en norma.
Defender el monoambiente como solución “realista” implica asumir que el encogimiento de la vivienda es un dato inevitable y que la política pública debe limitarse a aceptarlo. Pero cuando entran en juego subsidios, incentivos fiscales o fondos estatales, la discusión deja de ser meramente técnica y se vuelve ética y política. No se trata solo de qué se puede construir, sino de qué se decide financiar y legitimar como estándar de vida urbana.
El problema, entonces, no es la existencia de monoambientes, sino su naturalización como horizonte único. Si el Estado interviene, no puede hacerlo para consolidar una renuncia colectiva, sino para ampliar posibilidades. El realismo no puede ser una coartada para justificar la reducción permanente de las condiciones de vida.
Desmontando argumentos
Uno de los argumentos más repetidos es el de la flexibilidad. El monoambiente se presenta como un espacio adaptable, capaz de responder a múltiples usos y estilos de vida. Sin embargo, esa supuesta flexibilidad suele ser más retórica que real. En superficies que en la práctica rondan los 26 a 28 metros cuadrados propios, la superposición de funciones no amplía posibilidades, sino que las restringe: trabajar, descansar y socializar en el mismo espacio no es una elección creativa, sino una imposición derivada de la falta de alternativas.
Se apela también a la idea de elección. Vivir en un monoambiente aparece como una preferencia individual, asociada al minimalismo o a una vida urbana intensa. El problema es que esa narrativa omite el contexto en el que se produce la elección. Cuando la oferta dominante se concentra en unidades de menos de 30 metros cuadrados, y el acceso a viviendas más amplias queda fuera de alcance, la elección deja de ser tal y se convierte en adaptación. Presentarla como decisión libre contribuye a naturalizar una restricción estructural.
Un tercer argumento remite a la demografía: el crecimiento de los hogares unipersonales justificaría la proliferación de unidades pequeñas. Pero el tamaño del hogar no determina automáticamente la calidad del espacio necesario para habitar. Confundir ambas cosas permite reducir estándares sin discutir condiciones básicas de confort, salud mental o posibilidad de permanencia en el tiempo. Vivir solo no implica vivir en 26 metros, ni aceptar que el espacio doméstico se reduzca al mínimo funcional.
Por último, se invoca la eficiencia, tanto económica como urbana. El monoambiente aparece como una solución racional frente a la escasez de suelo y recursos. Sin embargo, esa eficiencia suele medirse únicamente en términos de rentabilidad y densidad, no de bienestar. Cuando la eficiencia se define solo desde el mercado, el riesgo es que la política pública termine validando como óptimo un modelo habitacional que, en la práctica, se apoya en la reducción sistemática del espacio habitable.
Un reproche a la política pública
Estos argumentos pueden servir para explicar una determinada oferta privada en un contexto de mercado tensionado. Un desarrollador puede optar por unidades pequeñas, un inquilino puede aceptarlas y un propietario puede rentabilizarlas. Esa lógica, con sus límites, forma parte del funcionamiento del mercado inmobiliario. El problema aparece cuando esos mismos argumentos se trasladan sin mediación al terreno de la política pública.
El Estado no interviene en el mercado habitacional para reproducir sus restricciones, sino para corregirlas. Cuando se promueven tipologías mediante exoneraciones, subsidios o incentivos, no se está describiendo una realidad: se la está validando. En ese punto, la flexibilidad, la elección o la eficiencia dejan de ser explicaciones posibles y pasan a funcionar como criterios normativos, es decir, como justificación de un estándar que se consolida con recursos públicos.
Aceptar que unidades mínimas sean promovidas como solución habitacional “realista” implica asumir que el encogimiento del espacio doméstico es un horizonte deseable. Esa es una decisión política, no una consecuencia inevitable. Y como toda decisión de política pública, debería estar fundada en una discusión explícita sobre bienestar, calidad de vida y derecho a la ciudad, no solo en la adaptación a lo que el mercado produce.
Por eso, el debate no puede agotarse en la viabilidad técnica de los monoambientes ni en su demanda coyuntural. La pregunta central es otra: si el Estado debe limitarse a acompañar una oferta privada cada vez más restrictiva, o si tiene la responsabilidad de ampliar el campo de lo posible y evitar que la excepción se convierta en norma. En ese sentido, sin abandonar las políticas existentes pero matizando énfasis, resulta imprescindible fortalecer aquellas formas de producción de vivienda que tienen un carácter genuinamente social, como el sistema cooperativo, que históricamente ha demostrado capacidad para ofrecer mejores condiciones habitacionales sin reducir la discusión a la lógica del mercado.
Se ha abierto el debate. Una oportunidad para revalorizar el cooperativismo como la herramienta solidaria y no especulativa para la construcción de viviendas sociales, aplicando fondos públicos.
No se trata solo de garantizar mínimos constructivos, sino de definir qué tipo de vivienda debe ser promovida. Recursos hay aunque sean escasos. De lo que se trata es de armonizar, no de haber desvestido un santo para vestir otro.
