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La épica rebelde de una militancia indomeñable Por Hugo Acevedo

La épica rebelde de una militancia indomeñable     Por Hugo Acevedo
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La victoria pírrica del oficialismo en el referéndum del pasado domingo por un margen muy estrecho, que volvió a dividir al país en dos mitades casi iguales contrariamente a lo que sucedió en las elecciones de octubre de 2019, cuando el pacto siniestro del bloque conservador se impuso con claridad al Frente Amplio, supone, más allá del mero festejo de la derecha, un fuerte llamado de atención para el gobierno multicolor, a tres años de los comicios de 2024.

Si bien las empresas de opinión pública acertaron en esta instancia al pronosticar un desenlace reñido y casi cabeza a cabeza con leve ventaja para los promotores del mantenimiento de la LUC, es claro que quienes desaprueban la gestión gubernamental son casi la mitad de los uruguayos y no un raquítico 28% como miden las encuestas.

En esta oportunidad, lo que inclinó la balanza decisivamente fueron los votos en blanco, que se suman a los votos por el NO, en detrimento de la avalancha derogatoria que partió desde la izquierda, el movimiento sindical y las organizaciones sociales que se sumaron a la temeraria iniciativa.

Si bien el desenlace de la consulta no favoreció al SI por una ínfima diferencia, el resultado de la convocatoria es un fuerte espaldarazo para la resurrección del polo progresista integrado por el Frente Amplio -que sigue siendo el partido con mayor adhesión del sistema político- y para su aliado natural: el movimiento sindical.

Obviamente, este matrimonio ideológico –que es tan criticado desde filas de la derecha- es consecuente con la afinidad histórica entre el único partido de izquierda con peso electoral y la clase trabajadora que se cobija bajo el paraguas de la central obrera.

Por supuesto, el otro polo es el conservador neoliberal, que suma a los integrantes del gobierno multicolor con las cámaras empresariales que detentan el poder real: el económico.

Las causas de la derrota –que más que derrota fue un triunfo por las condiciones en las cuales se desarrolló la patriada de los impugnantes- deben indagarse en lo acaecido durante estos dos últimos años.

Evidentemente, contrariamente a lo que sucedió en otros países, la pandemia jugó a favor del gobierno, por un acertado manejo de la política sanitaria y también – por qué negarlo- por la exitosa campaña de vacunación contra el letal virus del Covid-19.

Ese fue el pretexto perfecto para instalar en el imaginario colectivo que todas las calamidades suscitadas en 2020-caída de la economía, aumento de la desocupación y radical incremento de la pobreza- fueron directa consecuencia de la epidemia.

Eso le otorgó al oficialismo carta blanca para bajar los salarios y las jubilaciones y recortar el gasto y la inversión pública en políticas sociales como la educación, la salud y la vivienda, entre otras. No en vano, el uruguayo fue el único gobierno del planeta que ahorro en plena debacle, lo cual condenó a miles de ciudadanos a la miseria y a vivir en situación de calle.

En tal sentido, resulta sugestivo que ningún artículo de esa ley ferrocarril que es la LUC menciona ni siquiera tangencialmente a la  pandemia, pese a que la norma fue aprobada, entre gallos y medianoches, cuando el país se estaba derrumbando.

Por supuesto, otro factor determinante fue el manejo mediático de la situación sanitaria, económica y social del país, sostenida en un discurso falaz y en el fuerte y obsecuente blindaje del complejo oligopólico privado detentado por empresas audiovisuales afines al gobierno.

Empero, tal vez el as en la manga que siempre tuvieron los autores y defensores de la ley que les permitió finalmente sostenerla, fue el tema de la seguridad pública, con la difusión de una baja de delitos groseramente fraguada que no coincide con la realidad cotidiana. Obviamente, influyó en forma determinante el encierro y la inactividad de 2020 y el sub-registro de denuncias.

Esa circunstancia fue usufructuada por el oficialismo, que advirtió a los votantes- en una suerte de terrorismo verbal- que en la hipótesis que se derogaran los 135 artículos impugnados de la LUC, habría que liberar a miles de delincuentes peligrosos y sería imposible transitar por las calles. Evidentemente, esa mentira caló hondo en parte del electorado poco informado, nada informado o lisa y llanamente ignorante.

Ese fue el voto en blanco que definió la ajustada contienda -que no es neutro como debería al igual que el sufragio anulado- por una ley interpretativa sancionada en 1989 por colorados y nacionalistas, para evitar un triunfo del voto verde que impugnó ese año la Ley de Impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados por los militares durante la dictadura.

La diferencia la hizo también el poder económico, que financió una millonaria campaña mediática tan aluvional como machacona y mentirosa, logrando introyectar en el imaginario social la idea que la derogación de los 135 artículos de la LUC suponía un auténtico salto al vacío.

A ese alianza oligárquica se opuso un heroico ejército de militantes que en apenas seis meses y dejando la piel y el alma en cada recorrida o barriada, en pleno pico de la pandemia y con dos meses de verano de por medio, logró la proeza de reunir 800.000 adhesiones que posibilitaron la convocatoria del referéndum.

Más allá de los números y de que no se logró el objetivo, esta auténtica patriada del campo popular fortaleció a las fuerzas de cambio y estremeció de pies a cabeza a este gobierno autoritario y clasista. Más temprano que tarde, si no los despeina el viento los va a despeinar la historia.

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