¿Quién debe hacerse cargo de las necesidades de los viejos cuando ya no pueden trabajar?
Esa es la pregunta real, sobre la que se viene discutiendo desde hace años en el Uruguay y en el mundo.
Se discute mal, recortando el problema, ocultando sus causas, proponiendo soluciones falsas, incentivando falsas contradicciones y, en definitiva, agrandando la carga de los trabajadores activos, aumentando los impuestos y achicando los ingresos de los pasivos, sobre todo de los más pobres.
Un día el drama es el BPS, otro la Caja Bancaria, otro (hoy) la Caja de Profesionales, y luego otra vez el BPS, sin contar la Caja Militar, financiada por la sociedad entera, y en algún momento será la Notarial.
El problema, en sí, es de una sencillez que espanta: los sistemas previsionales que conocemos fueron pensados para sociedades y economías en crecimiento. Si en cada generación los trabajadores fueran más numerosos que en la anterior, si el mercado, la economía y los puestos de trabajo se multiplicaran, sería posible que las necesidades de los pasivos fueran cubiertas por los aportes de los nuevos activos.
Pero esa no es la realidad. La realidad es que la población se estanca o decrece. E incluso arroja índices negativos, como ocurre en Uruguay. Por otra parte, el salto tecnológico está revolucionando a la baja el mercado de trabajo, haciendo prescindibles a la mayor parte de los oficios y experiencias laborales. En ese contexto, ¿qué podría salir mal?
Las soluciones que barajan los técnicos de los organismos internacionales, los expertos nacionales y los políticos de turno son siempre mentirosas. Consisten en desvestir a varios santos para simular que se viste a otro. Es el dilema de la frazada corta, que obliga a elegir entre enfriarse los pies o el cuerpo.
En la cúspide de las soluciones mentirosas está la que nos impusieron –y de alguna manera elegimos y convalidamos luego- hace treinta años, cuando se instaló el sistema de AFAPs.
Es un sistema basado en una mentira de cuño neoliberal que sólo podría engañar a niños de jardinera. Su lema es este: “Con tu cuenta individual sos dueño de tus ahorros y tenés la seguridad de que ni la burocracia del Estado ni las necesidades de los más pobres te van a privar de un solo peso”.
Un niño de jardinera descubriría que: tus ahorros no podés tocarlos nunca más; la AFAP te come el 20% de lo que aportás; no te cubre enfermedades ni desempleo; durante treinta o cuarenta años “tu dinero” es jineteado por la AFAP y por el sistema político invirtiéndolo en bonos del Estado y en préstamos a empresas y organismos financieros; y, cuando te jubilás, recibís del BSE una renta miserable, que cada año se reduce con los mecanismos de cálculo y las comisiones que dispone el Banco Central.
¿Necesitan prueba de lo que digo? Sencillo: el promedio de rentas que paga el sistema de cuentas individuales ronda los $10.0000. Mientras que el promedio de las jubilaciones que paga el BPS anda por los $35.000. Todo dicho, ¿no?
La razón de todo ello es obvia. Con los salarios que se cobran en el Uruguay, son contados con los dedos los trabajadores que pueden ahorrar como para asegurarse una vejez digna. Y, si arriba de esos ahorros sobrevuelan los bancos, intocables y vestidos de AFAP, mucho menos.
Como los milagros no existen, o son sumamente escasos, la única solución es admitir que las pasividades no pueden cubrirse con ahorros personales ni con aportes de los trabajadores, y que se han convertido en un problema de toda la sociedad. Traducido al “uruguayo”, eso significa que –mentiras aparte- tiene que cubrirlas el Estado (que es lo que en buena medida viene pasando ya).
Ahora, ¿con qué recursos cuenta el Estado para eso?
Fácil: con lo que recauda por impuestos y lo que pueda obtener con la buena administración de recursos públicos, como el agua superficial y subterránea, la energía eléctrica, los puertos, las vías férreas, los aeropuertos, y las riquezas del subsuelo (quizá incluido el petróleo).
¿Y qué hace nuestra clase política con los impuestos y los recursos públicos?
Aunque sea sorprendente, exonera de impuestos a las empresas más poderosas y rentables, es decir a las inversiones extranjeras, y les regala los recursos naturales más valiosos, el agua, los puertos, los aeropuertos, las vías férreas, el suministro de agua potable, la generación de energía eléctrica y la prospección de petróleo e hidrocarburos. Y la plata que no recibe por esos conceptos la pide prestada, a alto interés, a organismos de crédito internacionales.
Esa estrategia sólo puede concluir con una sociedad cada vez más endeudada, una población asfixiada por impuestos, inversores extranjeros cada vez más ricos, y jubilaciones, educación y salud miserables.
Ya se vislumbran en el sistema político algunos intentos de la estrategia mujiquista (Mujica era experto en eso) que consiste en hacer pelear a los pobres contra los pobres.
Se habla de los profesionales, de los bancarios, de ciertos funcionarios públicos, de los militares, y de todos los que ganen un poco más del promedio, incluidos los propios políticos, como grupos privilegiados.
Nadie se hace rico con la jubilación. ¿Alguien puede creer que jubilaciones de cien mil, o algo más de cien mil pesos, son de lujo con el costo de vida del Uruguay?
No, en absoluto. Lo que ocurre es que las otras jubilaciones son de miseria. Y el truco está en enfrentar a los que ganan miserias con los que cobran jubilaciones semi decentes, ocultando así que el país no paga lo debido porque regala impuestos y recursos a quienes no debería regalarlos, y paga intereses y deudas monstruosas que nunca debimos haber contraído.
En suma, las discusiones sobre el BPS, sobre las cajas paraestatales y sobre todo el sistema previsional, no pueden encararse bien si se atienen al propio sistema previsional y a los escasos recursos de que dispone. Si se omite que en la ecuación tienen que entrar las políticas económicas y tributarias, y muy en especial las políticas de inversión, que hoy favorecen y exoneran a quienes se llevan del país cientos o miles de millones de dólares por año.
Pero justo es decirlo. El año pasado tuvimos ocasión de poner fin a la principal mentira y fraude previsional, eliminando a las AFAPs. Y no nos atrevimos a hacerlo. Así como tuvimos ocasión de decirles “NO” a los políticos impulsores de las políticas de inversión que nos hunden. Y les dijimos “SI”.
El debate y las angustias previsionales que hoy nos sacuden y nos hacen pelear entre pobres son en buena medida consecuencia de esas dos decisiones. Porque, como se sabe, “goles errados son goles en contra”.
