La creación de una Universidad de la Educación debería ser un proyecto sólido y estratégico. Sin embargo, el anteproyecto presentado sorprende por su improvisación. Lo que debería ser una oportunidad histórica hoy aparece como una propuesta frágil y poco elaborada.
En números anteriores de Voces (935, 936 y 938) señalé que, si bien la creación de la Universidad de la Educación es un objetivo relevante, el anteproyecto presentado es muy pobre y no aborda los principales problemas que pretende resolver. El intercambio político también ha sido pobre: nadie analiza el contenido, nadie propone alternativas, y ni siquiera aparecen defensores de la propuesta. El debate se ha reducido a una discusión casi infantil sobre el “cogobierno, sí o no”. Hasta ahora, ningún actor político ha señalado los problemas centrales del anteproyecto ni ha ofrecido alternativas serias.
La fundamentación ocupa 10 de las 19 páginas del documento. Sin embargo, esas 10 páginas carecen de encabezados y de una organización temática que facilite su análisis. Se desarrolla un tema, se salta abruptamente a otro y luego se vuelve al primero, lo que dificulta seguir un razonamiento claro. Tras varias lecturas quedan ideas sueltas, muchas sin relación directa con la propuesta. Además, quedan evidenciadas numerosas contradicciones entre la fundamentación y el articulado, así como una falta de elaboración concreta. Cualquier lector atento notará que no hay bases sólidas que respalden la creación de una nueva universidad, más allá de que, a mi entender, eso no esté en discusión.
Veamos algunos ejemplos. La fundamentación plantea “una síntesis entre tradición y modernización pedagógica”, pero el anteproyecto no propone ninguna síntesis institucional: simplemente hereda estructuras ya existentes. No se presenta un diseño innovador; se replican modelos conocidos, modificando detalles menores sin alterar lo esencial. Todo esto se asume de forma lineal, sin una sola línea de análisis sobre las fortalezas o debilidades de esos modelos. Esta ausencia de evaluación es consistente con la falta total de análisis de las condiciones de partida. Tampoco se explica por qué estos modelos serían los más adecuados para resolver los problemas actuales. Debates como el del cogobierno —a favor o en contra— no se vinculan en ningún momento con los problemas que se espera superar a partir de la creación de la nueva institución. ¿Por qué este modelo institucional sería mejor para superar las dificultades actuales? ¿Qué ventajas y limitaciones tendría? ¿Qué estrategias se plantean para superar esas limitaciones? La impresión es que el proceso se hizo al revés: primero se definió la institucionalidad y luego, si acaso, se intentó vincularla con los problemas reales. Es una forma de pensar muy alejada de lo que debería guiar la creación de una universidad. Casi un pensamiento mágico: creer que, simplemente al crear una institución, los problemas se resolverán solos.
Un segundo ejemplo: la fundamentación insiste en la necesidad de coordinar con el sistema existente, incluso permitiendo movilidades horizontales durante la formación. Esto es deseable y podría mejorar la calidad de la formación docente y la eficiencia del sistema. Sin embargo, el anteproyecto también establece que la nueva universidad tendrá autonomía plena y que sus órganos de gobierno estarán integrados por docentes, estudiantes y egresados, aparentemente provenientes de las instituciones actuales. Definir aspectos tan específicos contradice la autonomía académica que se afirma promover.
Otro ejemplo de inconsistencia: se afirma que la universidad abarcará la educación “formal” y “no formal”. Pero en la propuesta concreta no aparece una sola referencia a qué se entiende por educación “no formal”, a quiénes estaría dirigida ni qué implicaría. Todo suena más a una expresión de deseo políticamente correcta que a una propuesta con una implementación real.
Respecto a la institucionalidad, se establece un orden de egresados. Pero ¿quiénes serían los egresados de una universidad que aún no existe? ¿No habría representantes de ese orden hasta que egresen los primeros estudiantes? ¿O se piensa validar automáticamente los títulos de otras instituciones para integrarlos en el cogobierno? Si fuera así —que es lo que cabe suponer— los órganos de gobierno quedarían integrados por docentes actuales y por egresados de las instituciones que serán absorbidas. Es decir, una endogamia institucional en su máxima expresión, justamente confiando en ese mismo grupo para crear algo distinto. ¿Alguien puede creer que eso dará lugar a una institución culturalmente distinta? ¿Alguien formado únicamente en un modelo de funcionamiento apostaría por cambiarlo?
También se mencionan la autoevaluación y la acreditación (Art. 5, inciso I), pero no se establecen referencias a agencias nacionales o internacionales. Así, dejan de ser obligaciones: dependerán de si las futuras autoridades deciden aplicarlas, cuándo, con qué periodicidad y bajo qué criterios. Como además tendrán autonomía para decidir, el planteo termina siendo meramente decorativo.
La pregunta no es si necesitamos una Universidad de la Educación; la respuesta es evidente. Crear una universidad es mucho más que redactar un anteproyecto. La pregunta es si el país está dispuesto a crearla con el rigor que merece. Antes de avanzar, necesitamos una propuesta seria, consistente y anclada en un diagnóstico real. Si no corregimos el rumbo ahora, estaremos consolidando un problema estructural durante décadas.
