La jubilación del socio bobo Por Hoenir Sarthou

La “reestructuración” de los sistemas jubilatorios es el nuevo fantasma que recorre el mundo. Todos los gobiernos están presionados para implementarla y el personal del FMI, del BID y del Banco Mundial hacen horas extra para promoverla, imponerla y hasta para financiar los trámites de implantarla. Para eso visitan a los gobiernos, revisan sus cuentas, les recuerdan sus deudas y les marcan plazos y objetivos.
Hace pocos días, tuvimos en Uruguay el dudoso honor de recibir a una delegación del FMI, que vino descaradamente a eso, a revisar nuestras cuentas, exigirnos la reforma jubilatoria y marcarnos plazos.
Las metas y los objetivos de la reforma no tienen mucho misterio. Su corazón, si es que algún corazón tiene el sistema financiero, es pagar menos y más tarde. O sea: elevar la edad jubilatoria y los años de servicio y reducir los montos jubilatorios. De modo que lo único a discutir es cuándo y cómo hacerlo.
Algunos gobiernos son especialmente sensibles a esas “visitas”. Ahí está Macrón, en Francia, por ejemplo, inmolándose políticamente, entre rechazos parlamentarios, manifestaciones multitudinarias y represión, por cumplir a prepo con las exigencias del sistema financiero.
En Uruguay, la cosa viene más calma. Ningún partido con chance de ser gobierno parece dispuesto a oponerse de plano a la reforma. De hecho, saben que el partido que se oponga tendrá serias dificultades, financieras y de imagen, a nivel nacional e internacional, para acceder al gobierno. Es muy difícil ser gobernante sin contar con el visto bueno del sistema financiero global, que ahora decidió desahuciar a los viejos.
Así las cosas, la reforma jubilatoria será tema de debate interpartidario, pero lo que se discutirá será el momento de implementarla y algunos aspectos casi cosméticos de su contenido.
Al gobierno le conviene que la reforma se apruebe cuanto antes, para que las resistencias y críticas se olviden para octubre de 2024. En tanto que al Frente Amplio le conviene dilatar la discusión para que esas resistencias y críticas sigan presentes y le signifiquen un costo electoral al gobierno en 2024.
Sin embargo, tanto el gobierno como la oposición están de acuerdo en usar como tema pre electoral las minucias de la reforma. Si votarla ahora o dentro de unos meses. Si estirar uno, dos, o más años el acceso a la jubilación para tal o cual tanda etaria.
Lo que no discutirán, lo que con seguridad no les oiremos decir, es que el concepto mismo de jubilaciones financiadas por aportes personales y patronales, y cualquier reforma fundada en ese mismo concepto son inviables.
Sé que suena extraño dicho así. Pero la realidad es que nuestro sistema previsional recibe ya casi la mitad de sus recursos por vía de impuestos y de aportes de Rentas Generales. No lo digo yo. Lo dicen las cifras que envían nuestros gobiernos al Banco Mundial para que elabore sus cronogramas. Por eso, el propio gobierno admite que la reforma no se propone reducir el déficit, sino que solo aspira a evitar su crecimiento. Aspiración ilusoria, por otro lado, por motivos que veremos.
La idea original de una seguridad social autofinanciada, basada en aportes obreros y patronales, es típica de una etapa del sistema económico capitalista. La etapa de auge y desarrollo, la que permitió el Estado de bienestar, cuando la permanente ampliación de los mercados, el aumento de la demanda, el incentivo del consumo, la publicidad, la expansión industrial y comercial, la ocupación progresiva de mano de obra y de aportaciones previsionales permitían creer en un crecimiento perpetuo.
Esa lógica se fue imponiendo desde fines del Siglo XIX hasta casi inicios de éste. Su base era simple. Si en una generación hay X fábricas y trabajan X obreros, en la siguiente habrá el doble de fábricas y el doble de obreros, con lo que las nuevas empresas y los nuevos trabajadores podrán pagar las jubilaciones de las generaciones anteriores. Todo se reducía a seguir creciendo siempre.
No era algo loco. Funcionó hasta no hace tanto tiempo. Aun hoy, cuando en Francia arden las calles, el sistema de seguridad social francés se sustenta en un 80 % con aportes provenientes del salario y de la actividad empresarial.
Pero, ¿qué pasa cuando el discurso sistémico cambia? Cuando se supone que las limitaciones de energía y de recursos no permiten el crecimiento constante. Cuando el “calentamiento global” sugiere eliminar la combustión de petróleo, reducir las emanaciones de carbono, dejar de criar vacas, de viajar y de consumir. ¿Qué pasa cuando la tecnología permite robotizar a la industria y a la agricultura y confiar a la inteligencia artificial las tareas mecánicas y las administrativas?
La respuesta es simple: no es posible seguir pensando en una seguridad social sustentable (cobertura de jubilaciones, enfermedad, pensiones, discapacidades, etc.) basada en los aportes por el trabajo y el salario.
La cruda verdad es que, en un futuro nada lejano, gran parte de la población no podrá subsistir en base a un trabajo y a un salario. Quienes sigan trabajando en actividades en que lo humano no sea sustituible, mucho menos podrán cubrir las jubilaciones de generaciones anteriores en las que hubo mayor cantidad de asalariados. Es como la cuadratura del círculo: un imposible.
Cuanto antes asumamos que la futura distribución de recursos económicos no podrá basarse en el trabajo, y menos en el trabajo asalariado, antes empezaremos a captar la complejidad de la etapa histórica en la que estamos ingresando.
Las reiteradas propuestas globales de una “renta básica universal” son un tímido anuncio de esa realidad. Un anuncio que apunta a familiarizar a la gente con la necesidad de recibir un ingreso reducido pero seguro, en cuya generación y monto no tendrá mayor participación.
En consecuencia, ¿qué es el debate que se aprestan a tener nuestros partidos políticos en torno a la reforma jubilatoria?
Nada. Una parodia. Gobierno y oposición saben perfectamente que, por mucho que estiren los años y acorten las jubilaciones, el sistema no es sustentable. Cuando terminen de aprobar la reforma, ya el déficit jubilatorio habrá crecido y la hará más inútil.
El gobierno prometerá que con la reforma todos tendremos jubilaciones dignas y seguras. La oposición asegurará que si le sacan el 1.5% a tal sector y le aumentan el 2% a otro más pobre, o estiran seis meses menos los años de servicio, el sistema será más justo e “inclusivo”. Versos, jingles publicitarios. La solución no está allí y todos lo saben.
¿Dónde está, entonces?
Para empezar, impulsores y detractores de la reforma están entregando silenciosamente, cada día, millones de dólares en agua superficial y subterránea gratis, tierra barata para forestar, puertos, zonas francas, exoneraciones tributarias y construcción de infraestructura por encargo, a corporaciones que dicen venir “a invertir”, en Uruguay, pero que en realidad vienen a apoderarse gratis de recursos valiosísimos, a eludir impuestos y a usar al Estado uruguayo como el socio bobo, que invierte y no cobra.
No sorprende que los mismos organismos financieros que nos reclaman la reforma jubilatoria sean los que amadrinan a esa clase de inversores, con consultorías y calificadoras de riesgo que invariablemente los favorecen, endeudándonos para que les construyamos la infraestructura que necesitan y haciendo de tribunales si tenemos algo que reclamarles.
La cuestión es muy clara: si queremos financiar una seguridad social digna, una enseñanza que no estupidice a nuestros hijos, y un sistema de salud que nos mantenga lejos de la eutanasia y de la omisión de asistencia, no podemos seguir desvistiendo a un santo para vestir a otro. Tenemos que echar mano, cuidar y administrar con buen criterio esos recursos comunes que estamos descuidando, dilapidando y regalando.
De esto es de lo que no quiere hablar el sistema de partidos. Sus polémicas son siempre sobre cómo administrar la miseria. Nunca sobre la riqueza que está ante nuestros ojos, bajo nuestros pies, cada vez más en manos ajenas.
En los próximos años, corporaciones como Montes del Plata, UPM 1 y 2, Katoen Natie, la empresa alemana (al menos de bandera alemana) del proyecto “Tambor”, que quiere hacer hidrógeno verde y metanol con el agua del Acuífero Guaraní, y Neptuno, que quiere darnos a tomar agua del Río de la Plata, extraerán del Uruguay, gratis, miles de millones de dólares, sin que recibamos nada por ese uso abusivo y destructivo de nuestro territorio. Mientras que el Estado uruguayo, el socio bobo, discute cómo retacearles dinero a sus jubilados.
Mientras nuestros recursos desaparecen, estaremos discutiendo sobre la reforma jubilatoria, vistiendo y desvistiendo a los mismos santos con los mismos viejos trapos. Otro debate de engañapichanga, de los tantos que esconden lo esencial y discuten lo accesorio.
Es lo que se les permite discutir a nuestros partidos que ambicionan ser gobierno.

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