La mano larga policial por Hoenir Sarthou

El video circuló primero por las redes sociales, luego llegó a los medios formales de comunicación, y ahora dio lugar a que la Fiscalía General de la Nación inicie un procedimiento para esclarecer los hechos.

En realidad no hay mucho para esclarecer. El video es muy explícito. Un grupo de policías uniformados detiene a un hombre aparentemente joven, lo hacen ponerse de pie con las manos apoyadas sobre un vehículo, le hacen abrir las piernas a puntapiés, y luego, sin que medie ninguna resistencia del detenido, uno de los policías, desde atrás, comienza a darle reiterados golpes de puño en el cuerpo y, aparentemente, en la cabeza. Los otros policías presentes observan la escena sin intervenir para impedir la agresión.

El hecho es de por sí repugnante. Que un individuo armado y dotado de autoridad pública golpee a un detenido indefenso es un acto de abuso y de cobardía difícil de igualar. Que lo haga en presencia y con el apoyo tácito de otros policías lo convierte además en un problema de responsabilidad institucional. Porque ni siquiera puede alegarse que el policía en cuestión haya sufrido alguna clase de arrebato demencial. No, un grupo de policías, en el que se supone que habría alguien responsable del operativo, consideró natural que se golpeara a un detenido mientras éste no se resistía ni podía defenderse. Eso involucra también responsabilidades más altas que las de los policías que actúan en la calle.

Este caso se suma a otro reciente -también filmado- en que un grupo de policías golpeó y les disparó perdigones a un grupo de mujeres en un barrio pobre de Montevideo. Pero el caso del policía golpeador presenta algunas facetas positivas, que el otro no. Al parecer, la propia institución policial cursó denuncia de los hechos a la Fiscalía. Y, según trascendió en la prensa, el sindicato policial ha resuelto no defender a los agentes involucrados. Dos medidas indispensables para no pensar que todo el cuerpo policial se cree retornado a épocas de triste memoria.

Parece obvio que una mínima garantía para los ciudadanos impone que el golpeador -además de la sanción penal que le corresponda- sea expulsado de la policía sin posibilidad de retorno, así como que sus cómplices, si es que no deben ser expulsados (cosa que deberá determinar la investigación), sin duda deben recibir muy severas sanciones por no actuar para impedir el delito que se cometía ante sus ojos.

Sin embargo, hay una idea que me preocupa. ¿Qué les hizo pensar al golpeador y a sus cómplices que podían actuar de esa forma, y que podían hacerlo impunemente? Lo mismo vale para los autores de las, al parecer, innecesarias perdigonadas de hace unos días. ¿Qué está fallando en la formación policial, o en las órdenes y mensajes implícitos que los policías operativos reciben de sus superiores, para que estas cosas ocurran?

No hay duda de que los responsables directos deben ser sancionados. Pero el problema de fondo no se arregla con eso. En los casos de los que hablamos, la acción policial fue filmada y eso fue prueba contundente de los abusos. Pero, ¿cuántos abusos se cometerán sin que los policías sean filmados? ¿De cuántos excesos y atropellos no nos enteramos?

La responsabilidad del Ministerio del Interior, y en definitiva del gobierno, no se agota con denunciar o asumir un abuso cuando éste ya es evidente y probado. Lo que en realidad debería responder el Ministerio es cuál es la falla de fondo por la que sigue habiendo policías que tan a menudo se creen habilitados para abusar de su poder, sobre todo con personas pobres o indefensas.

No digo que éste sea un problema del actual gobierno en particular. Hay razones sobradas para afirmar que el autoritarismo arbitrario es una tendencia siempre latente en cualquier cuerpo policial y en cualquier institución con facultades represivas. En la policía uruguaya, lo vivido desde 1968 hasta 1985 (la pre dictadura y la dictadura) sin duda puede haber fortalecido esa tendencia. Pero hace treinta y cinco años que terminó la dictadura militar y desde entonces han gobernado al menos tres partidos. Apuesto a que varios de los policías hoy investigados ni siquiera habían nacido en 1985, sin embargo, pasó lo que pasó. ¿Qué hace falta para que un gobierno decida, por fin, cambiar el “chip” de la formación policial dándole una orientación garantista de los derechos ajenos?

Supongo que, para eso, no alcanza sólo con cambiar la formación de los policías jóvenes. Toda institución, con más razón si es jerárquica, funciona en el marco de una cultura institucional, que reproducen los “viejos”, usualmente los jerarcas altos y medios que dan las órdenes y, en realidad, completan empíricamente la formación de los miembros nuevos. Algo falla en las órdenes o en los mensajes subliminales que emiten los mandos policiales. Por eso el asunto no se arregla sólo con sancionar al miliquito cobarde, prepotente y sádico que vimos en el video. Hay que mirar más arriba.

Este tema sería grave en cualquier época. Pero vivimos además tiempos de excepción. Con derechos recortados, limitación de libertades, imposiciones ilegítimas, miedo, incertidumbre y gran desorden en el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Un clima en que el recurso a los poderes represivos del Estado, en especial a la policía, es más probable y mucho más delicado que en tiempos normales.

En ese contexto, el desborde policial puede ser la gota que desborde el vaso de la convivencia más o menos civilizada. Si a la incertidumbre, el miedo y la limitación de derechos le sumamos además la violencia y la arbitrariedad policial, nada nos separará de las sociedades distópicas que, hasta hace poco, los uruguayos sólo veíamos por televisión.

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