Las intendencias han sido feudos y sus intendentes, señores feudales. Desde los tiempos de “Nano” Pérez, por citar un ejemplo, diputado herrerista que fue intendente de Cerro Largo en 1946, 1950 y 1958, se fue instalando la mentalidad de feudo. Pérez atendía en su casa, impartía órdenes en hojitas y exoneraba de impuestos a su antojo, a todo aquel que él consideraba digno de favores. ¡Hasta contrabandeaba desde Brasil en camiones municipales para vender más barato entre sus coterráneos!
Por supuesto que estos procedimientos venían de mucho antes. Bastaría conocer al coronel Escayola en Tacuarembó, para hacer referencia a esa mentalidad autocrática y las maneras para ejercer la jefatura municipal, cargadas de clientelismo, amiguismo y favores personales, los cuales no importaba si eran delitos o no.
Las “gauchadas” que hoy conocemos de Pablo Caram en Artigas, Carlos Mazzulo en FloresoIrineu Riet Correa en Rocha, para nombrar sólo algunos representantes del Partido Nacional, dan muestra de esa manera de gobernar.
Uno de los propósitos es canjear votos por favores. Las designaciones directas de cargos municipales no solamente han servido para eso, sino que han redundado en superpoblación de funcionarios que a veces ni iban a trabajar y cobraban sus sueldos.
“Dejá que yo te lo hago” o “esto se hizo así toda la vida” son expresiones habituales en relación a trámites y negocios, compras y pagos, designaciones y cargos. Delitos como la conjunción del interés público-privado, han sido frecuentes ¿Recuerdan cuando Agustín Bascou, intendente de Soriano y en su momento suplente de Besozzi, agrónomo y empresario del Partido Nacional, fue procesado por suministrar combustibles de sus estaciones de servicio a la Intendencia, y por vender vacunos que tenía en prenda por créditos bancarios?
Hay que investigar. Gobernar por más de 2 períodos, a diferencia de lo que dice el refrán, tal vez conduzca a que, finalmente, el hábito haga al monje y la corrupción corrompa más al corrupto y viceversa.
Carlos Moreira, veinte años en Colonia; Juan Chiruchi, veinte años de jefe comunal de San José, incluso como interventor durante la dictadura; Enrique Antía quince en Maldonado; Eber da Rosa quince años en Tacuarembó, deben ser profundamente investigados.
Contrataciones hechas a dedo de familiares y amigos, también ha sido una constante. Se debería prohibir y, eventualmente sancionar. El poder político debe legislar para que esa forma de corrupción no se dé y se priorice el concurso como procedimiento universal en todos los organismos del Estado, incluso las intendencias.
El Uruguay debe superar esta forma de feudalismo, de suponer el cargo de intendente como un ámbito de plenos poderes, donde quien lo ocupe haga lo que quiera y decida lo que quiera.
Me van a decir “pero la gente igual los vota”. Y yo voy a decir, “es verdad”, pero la Democracia, la República no pueden coexistir con estas prácticas que, finalmente, desprestigian la política, al Estado, a la función y la ética del funcionario público. Debemos bregar por una cultura nueva de la conducta política, con una ciudadanía responsable, atenta y vigilante.
Por último, se puede afirmar que estos señores feudales terminan sus períodos de gobiernos comunales con inmenso poder, riqueza, bienes materiales, tierras y empresas propias y de sus familiares y amigos. La función del Estado no es para el enriquecimiento personal que en todos los casos se contradice con realidades departamentales donde campea de pobreza, el estancamiento, la desocupación, los bajos sueldos, la violencia y las necesidades de un pueblo y un país que falta mucho por satisfacer.
