Hay momentos en la historia en que las sociedades parecen caminar sin darse cuenta hacia un punto de inflexión. No se trata de un golpe abrupto, de un ruido que quiebra el silencio, sino de una acumulación lenta de señales que se traduce en desconfianza, desgaste institucional, irritación moral. Como si algo se estuviera cocinando en voz baja. Nuestro país, durante décadas, fue presentado —y con razón— como una excepción en la región. Un país de institucionalidad sólida, partidos políticos estables, alternancia pacífica y una cultura cívica relativamente robusta. Sin embargo, incluso las democracias más estables pueden entrar en un clima de época donde la sospecha comienza a ocupar el lugar de la confianza.
Hoy los datos de opinión pública muestran una tendencia inquietante. Decrece la confianza en los partidos políticos, en los sindicatos y en diversas instituciones tradicionales de la vida pública. Paralelamente, crece la simpatía hacia instituciones de orden —como las fuerzas armadas— y hacia organizaciones religiosas. En el plano cultural, también aumenta el rechazo hacia ciertos discursos identitarios contemporáneos asociados a lo que globalmente se ha denominado woke. No es un fenómeno exclusivamente nuestro, sino que es parte de una transformación más amplia de las democracias occidentales. Pero lo preocupante es que Uruguay —que durante mucho tiempo creyó estar relativamente inmunizado contra las derivas autoritarias— comienza a mostrar síntomas preocupantes. La confianza institucional no se destruye sola. También puede ser erosionada por quienes deberían protegerla.
En los últimos años, el sistema político ha contribuido, consciente o inconscientemente, a sembrar dudas sobre instituciones fundamentales. La Fiscalía ha sido objeto de ataques cruzados provenientes de diferentes sectores políticos, transformándose en escenario de disputas partidarias. El periodismo, por su parte, atraviesa una crisis de credibilidad agravada cuando algunos de sus actores abandonan el rol de mediadores críticos para asumir, sin demasiada distancia, militancias explícitas al servicio de gobiernos o proyectos políticos. Ni hablar de la Jutep, quien debería ser por excelencia el contralor en cuanto a transparencia y ética. Cuando las instituciones que deberían arbitrar, investigar o informar pasan a ser percibidas como actores de facción política, la democracia pierde uno de sus pilares centrales: la confianza en la imparcialidad. Los sindicatos tampoco han escapado a esta dinámica. Durante décadas cumplieron un papel histórico en la defensa de los derechos laborales. Sin embargo, parte de su discurso parece seguir anclado en coordenadas ideológicas de otro siglo. Algunas consignas, más cercanas a la retórica geopolítica de la Guerra Fría que a los desafíos del trabajo de estos tiempos, generan una creciente distancia con amplios sectores de la sociedad.
A esto se suma un elemento simbólico cada vez más visible, y es el proceso de ideologización de espacios que, en principio, deberían aspirar a convocatorias más amplias. La marcha del 8 de marzo —una fecha que representa una causa profundamente universal como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres— ha ido incorporando en ciertos sectores consignas marcadamente antiimperialistas o alineamientos políticos específicos. Ese desplazamiento corre el riesgo de transformar una jornada transversal en una expresión sectorial. Cuando eso ocurre, el efecto puede ser paradójico, porque en lugar de ampliar consensos, se consolidan nuevas fronteras culturales. Y en ese terreno fértil de desencanto es donde comienzan a crecer los fenómenos políticos más peligrosos.
Hace más de un año mencionaba en una columna una imagen inquietante proveniente de la película “The Serpent’s Egg” (1977): el huevo de la serpiente es transparente, la criatura todavía es pequeña, aparentemente inofensiva, pero ya puede verse su forma. La historia demuestra que los autoritarismos raramente irrumpen de manera súbita. Antes de consolidarse, se incuban en climas culturales donde la democracia deja de ser percibida como un valor indiscutible. Hoy vivimos en un mundo donde la democracia liberal ha dejado de ser la norma dominante. El número de regímenes autoritarios o híbridos crece año tras año. Paralelamente, distintas encuestas muestran que aumenta la proporción de ciudadanos dispuestos a aceptar gobiernos fuertes o con menor apego a los procedimientos democráticos, especialmente si prometen orden, eficacia o seguridad.
En nuestro país, las señales de alerta comienzan a aparecer. La confianza en los partidos disminuye. La credibilidad de los sindicatos también. Y, al mismo tiempo, crece la valoración de instituciones de autoridad vertical. Ese desplazamiento no es necesariamente un preludio inevitable de una deriva autoritaria. Pero sí constituye una advertencia. Las democracias no colapsan únicamente cuando aparecen líderes autoritarios. También se erosionan cuando las élites políticas, culturales y sindicales pierden la capacidad de interpretar el clima social y continúan actuando como si la legitimidad estuviera garantizada por inercia histórica. Y cuando la conversación se rompe, la política deja de ser deliberación para transformarse en enfrentamiento permanente.
Es allí donde la mesa comienza a prepararse. Porque la historia muestra que los autoritarismos no llegan solos, siempre encuentran una mesa servida por el desgaste previo de la democracia. Una mesa donde se acumulan el desencanto, la desconfianza y la fatiga institucional. Los comensales aún no han llegado del todo. Pero el banquete ya está preparado.
