Según datos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), el año pasado (2024), se presentaron 115 solicitudes de concursos de acreedores en nuestro país. Estamos hablando de más de un 20 % de aumento con respecto al año pasado.
Recordemos que es un concurso de acreedores: es un procedimiento jurisdiccional, a través del cual se manifiesta la insolvencia de una empresa o un particular frente a sus acreedores. Existe dos formas de llegar a un concurso, pedido por el deudor que se conoce como concurso voluntario, por ejemplo como lo hizo República Ganadera y el pedido por los acreedores que se llama concurso necesario el caso de Conexión Ganadera por nombrar dos concursos que están en el tapete en estos días. Durante el concurso un síndico designado por la justicia busca los activos del deudor y negocia una salida a la situación de insolvencia. Se busca la aprobación de un convenio de pagos o la liquidación de todos los bienes del deudor, y su posterior reparto, en el orden que establece la ley 18.387
Hubo otros sonados concursos de acreedores que dejaron muchos damnificados como por ejemplo el de Balsa y Asoc con una deuda de U$S 65 millones.
El año pasado fruto de una mala administración y de no haber calculado el desfasaje entre el dólar y el peso, Juan Balsa da quiebra y pide un concurso de acreedores para sus empresas. Balsa pedía plata en dólares a devolver con un interés superior a la inflación a sus asociados al tiempo que pagaba salarios y aportes a la construcción en pesos uruguayos, esto hizo que los costos fijos de la empresa subieran en dólares y la devolución del capital no fuera sostenible. También hubo acusaciones de retiros sin justificar por parte de Balsa.
La ley 18795 (o ley de vivienda promovida) otorga beneficios tributarios para la construcción de viviendas de interés social. Bajo esta ley se ha construido viviendas en Carrasco, Barra de Carrasco y Punta del Este entre otros sitios. Viviendas en muchos casos de lujo que están deshabitadas y cuyos dueños generalmente son argentinos, uruguayos, brasileños y paraguayos que buscan una renta o simplemente sacar dinero de sus países. El gobierno anterior modificó esta ley eliminando topes de precios de venta de las viviendas y dando hasta un 100% de exoneración de impuestos. La idea era promover la inversión extranjera, el trabajo y la baja de los costos de la vivienda y los alquileres.
Este rubro también se prestó como inversión financiera, por ejemplo, Pilay Uruguay -antes Campiglia Pilay-, desde el año 2009 viene ofreciendo un producto financiero en pesos uruguayos que se ajusta por el Índice de Costos de la Construcción (ICC). Se reconoce como una empresa que brinda servicios financieros por lo que está regulada por el BCU.
Esta empresa ofrece “una opción segura para acceder a un capital respaldado en un inmueble, un sistema diseñado sobre la base de un conjunto de personas que ahorran mensualmente en pesos uruguayos.” Su CEO Javier Agustín Vigo comentó que “Campiglia Pilay garantiza que la construcción de las torres no dependerá de las ventas de los apartamentos, lo que brinda seguridad a los inversores sobre la finalización del proyecto.”
Ahora, ¿Qué sucedería si antes de construirse estos edificios, o al estar construidos, pero no estar vendidos, los clientes sacaran su capital?, ¿Campiglia Pilay podrá hacer frente a la devolución de estos como dice su CEO?
Hay un producto que se llama metros, colocas un capital y vas cobrando en junio y en enero de cada año un prorrateo del alquiler de una vivienda, “sos dueño de metros cuadrados de una vivienda alquilada”. El problema sería si esa vivienda alquilada no existiera. En ese caso estaríamos ante un esquema Ponzi.
También hay empresas que ofrecen via crowdfounding (Es una forma de financiación colectiva para un proyecto sin intermediar un banco) la compra de propiedades en el exterior con una rentabilidad del 9% anual. Otras directamente ofrecen rentas en “edificios residenciales que ya están construidos, alquilados y que generan renta en dólares todos los meses en los Estados Unidos”.
Los casos de los bonos ganaderos desnudaron el hecho de que convivimos con esquemas Ponzi todo el tiempo. En algunos casos regulados por el BCU y en otros no. Empresas que no presentaban sus balances y no pasaba nada. El BCU se caracterizó por llegar tarde a varias estafas, especialmente de corredores de bolsa. Seguimos insistiendo que hay que tomar medidas fuertes en esta institución.
Un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) cuestionó al BCU en diciembre de 2018 por tomar una resolución ilegal. La sentencia, el TCA anuló el acto administrativo por el cual el BCU autorizó a Campiglia Pilay a operar como un fideicomiso en el mercado financiero -en forma transitoria- sin cumplir con los requisitos legales de ese tipo de institución financiera.
Pilay Uruguay es parte de Pilay Argentina, empresa a la que acaban de embargar por demorar 9 años en entregar un departamento….
