La otra mitad de la pandemia Por Hoenir Sarthou

No es que Alfredo, nuestro Director, haya metido la pata en el editorial de “Voces” de la semana pasada, titulado “Epidemia de plebiscitos”.
Es algo así como que quedó parado en un solo pie. o mirando la realidad con un solo ojo.
La tesis del editorial es que la cantidad de reformas constitucionales que pretenden ser sometidas a plebiscito este año resulta abrumadora.
No tengo inconveniente en coincidir en esa apreciación. No sé si son las nueve que Alfredo contabiliza, pero de cualquier modo son muchas.
Hay dos formas de ver esa situación.
Una es verla como la ve el sistema político. Como una molesta nube de reclamos y aspiraciones sociales que se formulan por fuera del sistema partidario-parlamentario, alterando la tranquila digestión de nuestros representantes.
La otra forma de ver el asunto es preguntarse por qué hay tantos reclamos y aspiraciones sociales -varios de ellos muy fundados- que no logran expresión ni respuesta en nuestro sistema partidario-parlamentario.
Son, obviamente, dos miradas muy distintas, que llevan también a conclusiones muy diferentes.
Voy a repasar muy esquemáticamente los contenidos de algunos de los proyectos de reforma constitucional, los que tengo más presentes porque están activos reuniendo firmas.
Uno de ellos propone eliminar a las AFAPs, que se han vuelto la pesadilla de varias cohortes de uruguayos cuando se acercan a la edad jubilatoria. Otro propone regular los intereses financieros y dar una solución a cientos de miles de uruguayos atrapados en la máquina perversa del endeudamiento y el “clearing”. Y un tercero -el que me toca más de cerca- propone llenar un grave vacío de nuestra Constitución, que no regula la contratación del Estado con empresas privadas, dando lugar a negocios monstruosos hechos en secreto, como lo son UPM2, Katoen Natie, Pfizer, Neptuno, Tambor, HIF Global y otros múltiples proyectos de “hidrógeno verde”.
¿Alguien cree que el sistema jubilatorio es un tema menor, o que los uruguayos estamos encantados con las “rentas” que resultan del sistema de AFAPs?
¿Alguien considera irrelevante que más de un millón de uruguayos deban sumas exorbitantes por la acumulación de intereses (los intereses moratorios no están limitados en Uruguay) y estén atrapados en el “clearing”, sin derecho al crédito?
Finalmente, ¿alguien cree correcto, o sin importancia, que los gobiernos firmen en secreto, sin control de nadie, contratos que nos obligan a entregar gratis el agua superficial y subterránea por 50 o 60 años, para convertirla en celulosa o en combustible, o a comprar cara energía eléctrica que no necesitamos, o a ceder la explotación del Puerto de Montevideo y la fijación de sus tarifas por 60 años, o a comprar y aplicar vacunas de efectos desastrosos.
No, claro que no. Se podrá estar de acuerdo o no con las iniciativas. Pero nadie puede afirmar que sus temas no sean importantes. O que no afecten profundamente a la sociedad uruguaya. Algunos de ellos llevan muchos años, incluso décadas, sin solución, afectando la vida, la economía y la salud de los uruguayos.
Por poner un ejemplo, hace pocos días supimos que Uruguay deberá pagar más de 500 mil dólares diarios (sí, más de medio millón de dólares por día) del crédito que contrajimos para construir la vía del tren de UPM2. Son quince millones de dólares por mes durante muchos años. Suficiente para pagar un sueldo o una jubilación mensual de $40.000 a quince mil familias uruguayas, o para financiar una gran cantidad de fuentes de trabajo, o para construir incontables escuelas, hospitales, asilos, etc.. Pero, no. Lo pagaremos para asegurarle a UPM2 la vía de salida de sus productos, siendo que no nos paga el agua, ni impuestos, ni ninguna participación en el negocio, en el que invertimos cuatro veces más que la propia UPM.
Entonces, querido Alfredo, más que preocuparte por la cantidad de reformas constitucionales, o por si eso afea la redacción de algún texto legal (cosa que tampoco es cierta), deberías preguntarte y preguntarles a tus entrevistados políticos por qué hacen oídos sordos ante la inconformidad de los uruguayos con las AFAPs y sus rentas de miseria, o por qué no les importa que las financieras cobren intereses salvajes y tengan embretados a más de un millón de uruguayos, o por qué permiten y firman para que el País siga siendo saqueado, endeudado y chantajeado en beneficio de inversores que se llevan todo y no nos aportan nada.
Me falta contestar un argumento falaz, recogido en el editorial. Un argumento que suelen hacer los representantes políticos cómodamente repantigados en sus sillones: “No se puede meter todo en la Constitución, porque eso convierte a las leyes en un colador y nos resta institucionalidad”. Ese argumento suele ir acompañado con la sugerencia de que “Mucho mejor sería resolver ese problema mediante una ley, o mediante una reforma constitucional “en serio”, que realmente resuelva todos los problemas”.
Hay un detalle. Los que hacen esos argumentos, con aire sabihondo y canchero, son gente que lleva cinco, diez, quince, veinte o treinta años sentados en el Parlamento, sin haber perdido el sueño ni el apetito por las jubilaciones miserables de las AFAPs, ni por regular la usura ilimitada que ahorca a cientos de miles de uruguayos, ni por los monstruosos contratos secretos de los que no se enteran, o que les pasan por arriba del moño (sobre todo cuando gobierna su partido).
Nada de eso es cierto. La Constitución es una de dos cosas: o es un instrumento vivo, útil para regular la convivencia de las personas, o es un mamotreto muerto, que no resuelve los problemas reales y que termina desprestigiado e ignorado.
Te paso un dato. Si los cómodos legisladores resolvieran los problemas sociales con leyes y políticas justas, inteligentes y oportunas, no habría necesidad de movilizar al cuerpo electoral para incluir en la Constitución, directamente, lo que los gobernantes y representantes se niegan a resolver por medio de leyes.
Lo grave no es que haya muchos proyectos de reforma constitucional. Lo grave es que tenemos un sistema de representación política al que no le importa lo que realmente afecta a sus representados.
Ya sé, me dirás: “¿Qué querés, que sean más realistas que el Rey? Si la gente los vota, tan insatisfecha no estará.”.
Y en eso llevás razón. Pero, justamente, los que promovemos plebiscitos no somos los conformes, sino los que advertimos las fallas y queremos tomar cartas en los asuntos.
A la mayoría de los políticos (que no apoyan las reformas y sugieren sustituirlas por leyes que ellos mismos no proponen ni votan) no les preocupa la elegante redacción de las leyes, ni la Constitución, ni la institucionalidad.
Les preocupa que el creciente número de iniciativas de reforma -tengan o no éxito- pone en evidencia su propia inoperancia e indiferencia. Es la prueba viva de que la sociedad tiene reclamos fundados y sentidos ante los que ellos, sus representantes, permanecen impasibles. Por eso les molestan las iniciativas populares.
Es una pena que el editorial no tuviera en cuenta ese aspecto de la cuestión.

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