La designación del Víctor Hernández, el denunciante del senador frenteamplista Charles Carrera, como funcionario de la Intendencia Municipal de Rocha, constituye el más escandaloso corolario de esta inmoral patraña armada por el gobierno para enlodar al legislador, autor de serios cuestionamientos al impresentable Ministro del Interior Luis Alberto Heber. En ese contexto, sin mayor pudor ni recato, el titular del gobierno departamental rochense, el nacionalista Alejo Umpiérrrez, se burló de los medios de prensa, al afirmar que el nombramiento fue “por casualidad”. En realidad, hay dos casualidades indigeribles: la que el denunciante haya sido sorteado por azar para ocupar un cargo de la cuota que se otorga por ley a los discapacitados y que su nombramiento se haya registrado unos días antes de la denuncia presentada en el programa televisivo Santo y Seña, que conduce el alcahuete rentado Ignacio Álvarez. Esta es una nueva perlita de una operación política deleznable, para enchastrar a uno de los parlamentarios más críticos a la fracasada gestión del peor ministro del gabinete de este gobierno: Luis Alberto Heber. Por supuesto, sus cuestionamientos y los de toda la oposición comenzaron antes que Heber ocupara la titularidad de Interior. En efecto, Carrera fue uno de los autores y promotores de la denuncia penal contra Heber y sus colaboradores, cuando este encabezaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y firmó, en nombre del gobierno, el escandaloso acuerdo con la multinacional belga Kaon Natie, que le otorga a esa empresa el cuasi monopolio del servicio de contenedores del Puerto de Montevideo durante medio siglo. Esta maniobra, que se concretó en la más absoluta reserva y tiene una inocultable apariencia delictiva, podría transformarse, en caso de constatarse las ilegalidades imputadas, en un caso de mega-corrupción en el nada impoluto gobierno de Luis Lacalle Pou. A ello se suma el récord de homicidios registrados en el primer semestre del año, que aumentaron un 39% en comparación con idéntico período de 2021, y lo más impactante, los 7 asesinatos acaecidos hace dos semanas en apenas 30 horas, a razón de uno cada cuatro horas. En ese contexto, las críticas a la fracasada gestión de Heber en materia de seguridad no se hicieron esperar. Incluso, el propio Carrera exigió su renuncia, alegando que la situación estaba descontrolada y se le había ido de las manos al inefable Secretario de Estado. Con el propósito de desactivar esos cuestionamientos y de encubrir el escándalo del otorgamiento, por parte de la Cancillería y del Ministerio del Interior, de un pasaporte al conocido narco Sebastián Marset que estaba preso en Dubái y ahora está prófugo, el gobierno armó esta canallada. Por supuesto, lo hizo a través del cretino útil Ignacio Álvarez, que más que un periodista es un operador político y un amanuense de la derecha. Como se sabe, la denuncia contra Carrera por presunto abuso de funciones y encubrimiento, refiere a un dramático episodio registrado en 2012, cuando el hoy senador emepepista era Director de Secretaría del Ministerio del Interior, durante la gestión del ex ministro Eduardo Bonomi. En esas circunstancias, el rochense Hernández, que es el denunciante, resultó herido por una bala perdida que partió de la casa donde el sub-comisario de Policía celebraba una animada fiesta. En el curso del festejo, varios de sus camaradas –en avanzado estado de ebriedad- dispararon tiros al aire, uno de los cuales impactó en la víctima, que quedó parapléjico.
Ahora, Carrera, insólitamente, es acusado de presunto encubrimiento del funcionario policial y de disponer la internación del damnificado en el Hospital Policial, con pagos de tickets de alimentación para él y su acompañante incluido, por razones obviamente humanitarias. Al respecto, el ex diputado blanco y referente herrerista José Carlos Cardoso elogió la actitud y aclaró que fue él quien le pidió a Bonomi ayuda para la víctima. Paralelamente, la familia del hombre entabló una demanda contra el Estado por su responsabilidad objetiva en el dramático suceso y exige una indemnización de un millón de dólares, que naturalmente correspondería otorgar. Lo realmente insólito es que el infortunado Hernández, que ahora es un lisiado, fue quien promovió la denuncia contra el senador Charles Carrera por presunto encubrimiento, en vez de agradecer el gesto solidario del ex funcionario, al disponer su internación, en una habitación vip de un nosocomio que destaca por la calidad de sus servicios, atención y equipamiento. Para sustentar la acusación, promovida por el propio Ministerio del Interior, se alega que los civiles sólo pueden ser atendidos en el Hospital Policial por vía de excepción, lo cual, más allá de la norma, es realmente absurdo. Dicho centro asistencial es, al igual que el Hospital Militar, un servicio financiado con los recursos del Estado y de los contribuyentes, que atiende a los funcionarios policiales y a sus familias. En este caso, los beneficiaros –que reciben una asistencia de superlativa calidad- abonan órdenes de consulta médica y tiques de medicamentos a precios irrisorios. Nadie cuestiona estos privilegios, porque están naturalizados. Esta es una operación de enchastre mixturada con un pago de favores contaminada por la inmoralidad. La víctima, que tampoco tiene principios, acusó a quien lo benefició a cambio de un trabajo. Es una maniobra realmente repugnante, con un fuerte tufillo a corrupción y clientelismo.
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