Un nuevo conflicto social quedó instalado en el Uruguay desde que se planteó la necesidad de “salvar” a la Caja de Profesionales con aportes del Estado. El nuevo enfrentamiento se plantea entre los afiliados al BPS, activos y pasivos, y los afiliados, activos y pasivos, de la Caja de Profesionales Universitarios.
Aclaro que estoy en desacuerdo con todo el régimen de cajas previsionales paraestatales. Creo que el sistema de previsión social debería ser el mismo para todas las personas, sin importar si son profesionales, bancarios, militares, escribanos o trabajadores asalariados. Pero una cosa es eso y otra muy distinta difundir mentiras para sembrar rencor entre personas que en realidad no eligieron el sistema previsional que les toca.
El enfrentamiento no es del todo espontáneo. Desde el gobierno, para achicar el salvataje del Estado y cargar una mayor parte de los costos a los afiliados de la Caja, se lanzó la campaña de “Los profesionales son unos privilegiados que quieren que la sociedad los salve”. Y eso prendió rápidamente en buena parte de la opinión pública.
Bajo esa premisa se han dicho las cosas más falsas y absurdas. Resumo algunas de las más grotescas: “Ah, los profesionales se cortaron solos y ahora piden ayuda de los pobres”; “Cobran jubilaciones millonarias y quieren que los salven los que cobran 35 mil pesos”. “¿Ahora toda la sociedad tiene que poner recursos para beneficiar a unos pocos privilegiados?”.
Reitero que nunca me gustó el régimen de Cajas paraestatales, porque en origen pretendieron consagrar un régimen de exclusividad y privilegio para ciertos sectores sociales que se sentían más pudientes que el común de los mortales. Eso es cierto si miramos a los lejanos orígenes de las Cajas paraestatales. Pero hoy las cosas son muy distintas. No sólo para esas Cajas sino para todo el sistema previsional.
Partamos de ciertos hechos sin los cuales cualquier debate sobre el tema derrapa mal:
- Ningún profesional aun vivo eligió su régimen previsional. La Caja fue creada en 1954 (antes los profesionales universitarios no tenían régimen jubilatorio). Las sucesivas leyes que la han regulado obligan al profesional a afiliarse y a aportar. El profesional que no acredite estar al día con los aportes no puede cobrar nada del Estado, ni siquiera su sueldo como funcionario. Además la Caja puede embargarlo y ejecutarle cualquier bien que posea. De modo que, podrá gustar o no, pero el régimen de la Caja no es una elección de los profesionales sino una imposición que la sociedad les hace a través de una ley.
- La Caja no es una institución privada, como se ha dicho, sino un organismo paraestatal en cuyo Directorio hay necesariamente dos representantes del Poder Ejecutivo.
- Los profesionales afiliados no se benefician con aportes patronales e históricamente no han tenido derecho a subsidio por desempleo, ni sociedad médica, ni a casi ninguno de los beneficios que el BPS les asigna a sus afiliados.
- Un trabajador afiliado al BPS aporta un 15% de su sueldo real. El profesional aporta el 18,5% de un sueldo ficto, que en la primera categoría es de $34.660 y en la última categoría es de $182.018. Lo real es que un recién recibido pasa bastante tiempo hasta que logra tener trabajo como para pagar ese aporte, y que pocos profesionales de años generan todos los meses con la profesión esos $182.018, descontados los gastos del ejercicio profesional. Pero, los gane o no, su aporte de casi $35.000 lo debe a la Caja. Por eso hay tanto endeudamiento y tantas declaraciones de no ejercicio, que contribuyen a desfinanciar a la Caja.
- La Caja de Profesionales nunca había recibido hasta ahora aportes del Estado. El BPS recibe más de la mitad de sus ingresos del Estado, por aportes de Rentas Generales, siete puntos de la recaudación del IVA, e incluso el IASS de los profesionales, que se destinó durante casi veinte años al BPS.
- La jubilación máxima por Caja de Profesionales es de $111.670. La jubilación máxima por el BPS, por una sola jubilación, es de $110.843.
Aporto estos datos no para ingresar al triste y rencoroso debate sobre supuestos privilegios de unos o de otros, sino para señalar que el debate está mal planteado.
Seamos claros: con jubilaciones de 110 o 111 mil pesos nadie se hace rico. El problema no está allí.
Las jubilaciones problemáticas no son las de 100 mil y pocos pesos. El problema son las otras jubilaciones y pensiones, las de 20 o 30 mil y pocos pesos. Que son indignas, insuficientes para vivir en este Uruguay carísimo. Pero el sistema político ha logrado que de eso no se hable. Ya veremos por qué.
Algunos datos complementarios: la realidad laboral de los profesionales es variopinta. Hay algunos, bastante pocos, a los que el aporte a la Caja no les hace ni cosquillas. Con grandes empresas o estudios profesionales, o grandes sueldos, ni el aporte ni la jubilación les quitan el sueño.
Pero la realidad de la inmensa mayoría es otra. Contadores, abogados, escribanos, arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales viven de un empleo, en general público, y “pichulean” lo que pueden, cuando pueden, con “changas” de ejercicio profesional. A esos sí les pesa el aporte y, en muchos casos, terminan por no ejercer, porque les resulta antieconómico.
La Caja de Profesionales y la Notarial fueron concebidas en épocas en que los títulos profesionales (“m´hijo el dotor”) estaban limitadas a las clases sociales más pudientes. Daban dinero y el lustre que complementaba al apellido y a los bienes heredados y abrían camino para carreras políticas.
En las últimas décadas, las carreras profesionales se masificaron y proletarizaron. Es muy poca la gente que puede darse el lujo de vivir exclusivamente del ejercicio liberal de su profesión.
La Caja de Profesionales es un remanente de los viejos tiempos. Insustentable a breve plazo. Es más, probablemente todo sistema de seguridad social basado en los aportes o los ahorros de los trabajadores activos sea anacrónico. La tecnología y la baja natalidad se ocuparán de que eso ocurra.
Esas son las cosas que debieron discutirse en estos últimos años, cuando se plantearon la reforma de la seguridad social y el salvataje de la Caja de Profesionales.
Pero debatir esas cosas nos conduciría a temas incómodos. Como que el FMI tenía ya pensada la reforma de la seguridad social alargando la vida laboral y achicando las jubilaciones. O que las AFAPs se llevan el 20% de los aportes previsionales y jinetean el resto durante 40 años. O que no podemos seguir financiando y exonerando de impuestos a las mega inversiones que se nos llevan gratis el agua y aprovechan sin costo todo lo valioso de nuestro territorio.
-Pero, ¿cómo, Hoenir? ¿Estás diciendo que para pagar jubilaciones dignas habría que rechazar las recetas del FMI, borrar a las AFAPs, cobrarles impuestos a las mayores inversiones de nuestra historia y reordenar y unificar el sistema jubilatorio?
-Y, sí, esa es la realidad.
-Estás loco, muchacho. Hay soluciones mucho más fáciles.
-¿Cuáles?
– Es facilísimo. No les digas que las AFAPs se embolsan por año casi 100 millones de dólares y jinetean cuatro veces más. Ni que el trencito de UPM nos cuesta casi medio millón de dólares por día y que el agua que usa UPM daría para alimentar ciudades y es gratis. No les digas que el tráfico de contenedores se lo regalamos a katoen. Y ni una palabra del hidrógeno verde y de lo que pagamos por intereses de la deuda que generamos para beneficiar a otros inversores de esa clase. Lo que tenés que decirles es que la culpa la tienen esos podridos profesionales universitarios jubilados que cobran 100 mil pesos por mes. Y, si querés, podés agregar a los otros trabajadores jubilados que le cobran 100 mil pesos por mes al BPS. Así, los que cobran 30 o 40 mil los odian a ellos y nos dejan gobernar tranquilos. En el fondo, hasta les gusta. ¿Viste que eligieron seguir con las AFAPs ? La cosa es simple. Si no podés darles pan, dales a alguien a quien odiar. Alguien no muy importante, claro. Si no, se te complica. Pero, si elegís bien al odiado, todo marcha sobre ruedas. El rencor en política es un sentimiento muy útil.
