¿Se acuerdan de James Bond? ¿Recuerdan que significaba que su nombre clave como agente, secreto, el 007, incluyera dos ceros?
Si, que tenía “permiso para matar” al servicio de Su Majestad, la reina de Inglaterra.
En Uruguay, en 1907, luego de una intensa campaña pública en la que intervinieron personalidades como José Batlle y Ordóñez, Pedro Figari y Claudio Williman, que era el presidente de la época, se aprobó la Ley Nro. 3.238 que prohibió la pena de muerte. Esa prohibición se incluyó en la Constitución a partir de 1918.
Eso significa que, desde hace casi 120 años, nadie tiene legitimidad en el Uruguay para disponer de la vida de otro ser humano ya nacido. Quien lo haga, comete homicidio, por lo que puede y debe ser penado.
De modo que el proyecto de ley de eutanasia, que confiere a los médicos “permiso para matar”, no debe ser tomado a la ligera. Está relativizando un principio que tiene más de un siglo de vigencia y que mucho contribuyó a que el valor de la vida humana fuese mayor en el Uruguay que en otros países de América y del mundo.
¿Es esto una oposición frontal a la posibilidad de una ley de eutanasia?
No precisamente. Es una recordación de que llevó mucho tiempo y mucha evolución mental que nuestra población dejara de considerar legítimo el degüello de prisioneros de guerra y el ahorcamiento o fusilamiento de delincuentes.
Por lo tanto, cualquier debilitamiento de ese principio, incluso para quienes no tenemos una aversión religiosa o filosófica contra la eutanasia, debe ser justificado y rodeado de garantías, de modo que realmente cumpla fines humanitarios y no se convierta en una involución, por la que la sociedad descarta a los viejos y a los enfermos que requieren tratamientos caros.
El proyecto en vías de discusión parlamentaria (sin darle ese nombre, obviamente) crea una nueva figura, la del “médico 007”, con permiso para matar. Permiso legal que le asegura impunidad, por cierto.
Ese poder del médico está fundado, en teoría, en la voluntad de propio paciente. Y aquí es donde falla estrepitosamente el proyecto de ley.
En primer lugar, porque permite que esa voluntad se exprese mediante la firma de una tercera persona. De modo que, una vez muerto el paciente, no habrá forma de saber si realmente consintió o no.
En segundo lugar, porque excluye todo control externo al del médico y la institución médica involucrada. Aun si el paciente firma el consentimiento, en las condiciones de un enfermo terminal, dependiente del personal sanitaria, aquejado por depresión, con sufrimientos físicos y anímicos, bajo efectos de medicación fuerte, ¿quién puede asegurar que ese consentimiento es consciente, libre, fundado y firme?
Claro que se podrían dar ciertas garantías, por ejemplo mediante el dictamen de un psiquiatra, el control de un juez, y el conocimiento de la familia del paciente.
Tres requisitos que el proyecto en discusión omite rigurosamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que sólo el médico, con el apoyo de otro de sus colegas, recibe la solicitud del paciente (o de otra persona cualquiera que firme en su nombre), evalúa la gravedad y el sufrimiento, examina la psiquis del paciente, verifica que no esté sometido a presiones, y decide producirle la muerte? Por sí y ante sí, sin ningún control de ninguna otra persona o autoridad.
¿Se entiende por qué hablo de “médicos 007”?
James Bond no actuaba por su cuenta. Detrás estaba el “Servicio Secreto de Su Majestad”, que le marcaba objetivos y financiaba su lujoso estilo de vida. Nuestros médicos tampoco actúan por su cuenta. Dependen salarialmente de instituciones médicas, que establecen protocolos de actuación. Instituciones que tienen sus propios intereses económicos y presupuestales, a menudo en contradicción con los de los pacientes que requieren tratamientos largos y caros.
¿Realmente queremos esta clase de médicos 007, dependientes de las instituciones médicas y con permiso para matar?
Estoy esperando que alguno de los parlamentarios dispuestos a aprobar el proyecto me conteste por qué se permite que cualquier persona firme el consentimiento y se omite la intervención de un psiquiatra, la autorización de un juez, y el conocimiento de la familia, como requisitos para proceder a matar al paciente.
Nadie habla de eso y los periodistas de los medios “grandes” no lo preguntan.
¿Por qué?
