El pasado 11 de agosto, se cumplió medio siglo del aberrante asesinato del estudiante y militante de izquierda Santiago Rodríguez Muela, cobardemente ultimado por un comando de terroristas fascistas que actuaban con impunidad durante la pre-dictadura de Juan María Bordaberry. Fue abatido mediante un disparo por la espalda y los responsables jamás fueron enjuiciados.
El crimen –que no está amparado por la inconstitucional Ley de Caducidad- fue perpetrado en el local del Liceo Nº 8 nocturno, durante una asamblea que reunió a padres, docentes y estudiantes, por parte de integrantes de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), una organización ultraderechista liderada por Hugo Manini Ríos, hermano del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.
Según los testimonios oculares, durante el encuentro irrumpió en el liceo una banda armada integrada por catorce personas, que, en el curso del tumulto, asesinó -a sangre fría y sin mayores miramientos- a Rodríguez Muela.
Evidentemente, sabían bien a quién estaban matando, ya que la víctima, de apenas 24 años de edad, casado y empleado de Ancap, era un militante activo del Partido Comunista Revolucionario, una organización política de izquierda radical opositora al gobierno autoritario del luego dictador Juan María Bordaberry.
Uno de los autores materiales del homicidio, según se ha denunciado reiteradamente, sería el hoy mayor retirado del Ejército Enrique Mangini, que, vaya casualidad, actualmente es integrante de Cabildo Abierto y uno de los hombres de máxima confianza y más cercanos a Guido Manini Ríos.
Este individuo deleznable era, hace medio siglo, estudiante del
Liceo Nº 6 Francisco Bauzá del Prado, donde, junto a sus camaradas fascistas, solía promover desórdenes y violencia.
La JUP, que se auto-disolvió en 1974, un año después del golpe de Estado que instauró la dictadura liberticida que asoló a nuestro país durante casi doce años, operaba, con absoluta impunidad, desde el régimen liberticida de Jorge Pacheco Areco.
Esta banda criminal de extracción nacionalista, tradicionalista y naturalmente fascista, que se autoproclamaba como demócrata aunque por supuesto era todo lo contrario, tenía audiciones radiales, un semanario y un amplio despliegue mediático, mediante el cual difundía su patológico odio contra la izquierda y arengaba a las Fuerzas Armadas permanentemente, promoviendo una ruptura institucional. Por supuesto, también disponía de armamento para la comisión de sus fechorías.
Según trascendió de fuentes bien confiables, incluso del propio servicio de inteligencia norteamericano, esta mafia recibía apoyo logístico, adiestramiento militar y financiación de la propia CIA. Es decir, era una célula terrorista del imperialismo.
Sus tropelías nunca fueron investigadas en serio ni antes ni después de la dictadura, lo cual constituye una asignatura pendiente y una rémora que remueve la conciencia colectiva y permanece enquistada como una suerte de tumor.
Empero, lo realmente grave es la impunidad de este asesinato que asquea por la cobardía y la bajeza con la cual fue perpetrado, durante un gobierno como el del colorado Juan María Bordaberry, que antes de la disolución del parlamento el 27 de junio de 1973, ya era una suerte de dictadura, que practicaba sistemáticamente el terrorismo de Estado.
El mayor Enrique Mangini Usera, sindicado como el matador del estudiante, según lo revelado incluso por personas cercanas a él a quienes en la intimidad habría confesado su repugnante crimen, adquirió singular notoriedad el 30 de octubre de 2007 como guardaespaldas del golpista general Iván Paulós, quien debió comparecer ante la Justicia para responder por los traslados de desaparecidos en 1978.
En esa oportunidad, este oscuro ex oficial castrense, parado frente a la sede judicial, arengó a viejos militares a entonar consignas y hasta exhibió, sin mayor pudor ni disimulo, una pistola calzada en una funda de cuero.
Mangini, que fue integrante de la JUP desde sus comienzos, ingresó al Ejército en 1975, en el arma de Caballería y ascendió a teniente segundo en 1981.
Entre 1997 y 1998, el presidente Julio María Sanguinetti le asignó- ya con el grado de mayor- el mando de la Base Antártica Artigas en la Isla Rey Jorge de las Shetland del Sur. Luego, entre 2001 y 2002, ya en el gobierno encabezado por Jorge Batlle, fue designado observador militar para las Misiones de Paz de la ONU en Sierra Leona, África.
Empero, lo realmente inquietante es su cercanía con el hoy senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, a quien recibió, en 2019, en su chalé Macorina, en el barrio Pinares de Punta del Este. Por entonces, Manini todavía era comandante en Jefe del Ejército, antes de ser destituido por el Presidente Tabaré Vázquez.
Mangini fue uno de los principales impulsores de la candidatura a la presidencia del líder cabildante y uno de los coordinadores de la Agrupación Dragones de Maldonado, que es uno de los más importantes núcleos militantes de Cabildo Abierto.
Más allá que el asesinato de Santiago Rodríguez Muela sigue impune, pese a que jamás estuvo amparado por la Ley de Caducidad porque fue perpetrado antes del 27 de junio de 1973, lo que repugna es el cinismo de criminales uniformados que permanecen en libertad y jamás estuvieron tras las rejas.
Algunos de ellos están integrados a Cabildo Abierto, uno de los socios de este impresentable gobierno, un precio que pagó Luis Lacalle Pou para transformarse en presidente, al frente de una coalición que alberga en su seno a un partido que ampara criminales.
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