¡Se terminó! La campaña política que comenzó hace prácticamente dos años llegó a su fin con la elección de intendentes, sin que se perciban grandes cambios en los resultados —algo tan nuestro—. El Frente Amplio tuvo una votación que no colmó sus espectativas, incluso una fuerte baja en Montevideo. Esperable si uno recorre un poco.La definición favorable de Lavalleja hacia la fuerza de izquierda, mejora les mejora el panorama general. Quienes convivimos en tiempos de dictadura apreciamos estos momentos cívicos, recuperados hace 40 años. Pero la extensión en el tiempo de la discusión política no ayuda a una ciudadanía que ya no compra todo lo que ofrecen sus protagonistas. Todo tiene consecuencias.
La primera consecuencia es una mentira: que los gobernantes son elegidos por cinco años. No se la crean. Viendo el sistema electoral que impera hoy, en la práctica nuestros gobernantes tienen poco más de tres años para hacer algo que valga la pena. Después, hacemos la plancha a la espera de saber quién será nuestro próximo jefecito.
En el caso de las intendencias —sobre todo la más visible, Montevideo—, termina gobernando el suplente del suplente del suplente. Una verdadera falta de respeto al electorado. Con Mario Bergara al frente en este caso, es muy probable que sus promesas duren, más o menos, ¿tres años y medio? Miremos el ejemplo de nuestra hoy vicepresidenta, que había prometido otra cosa. Que venía para quedarse. Pero no es el único caso.
¿Se imaginan si el presidente de la República tuviera la oportunidad de renunciar para lanzarse en una campaña? Parece caótico, pero quizá solo sería blanquear la mentira que ya existe. A esto se suman las restricciones que se imponen al poder ejecutivo en la última parte de su mandato. La suma de todo esto no es buena para un país que no debería perder tiempo.
Todo comenzó con el Frente quejándose de que la Ley de Lemas era un instrumento poco menos que maligno, que confundía al votante con su variedad de opciones. Otra vez tratando a los ciudadanos como tontitos a los que hay que llevar de la mano. En sus primeros años, según ellos, perjudicaba a su recién inaugurada fuerza política, que se presentaba con una candidatura única frente a la diversidad de los partidos tradicionales. Ya entonces, la izquierda imponía su agenda buenista, y la mayoría asumió que el sistema era injusto. Al final, ambos bandos cambiaron de postura: los partidos tradicionales creyeron que el balotaje frenaría el crecimiento del FA. Eso duró solo una elección.
Para quienes no lo recuerdan, la Ley de Lemas unificaba en una sola elección las internas, las nacionales y, con matices, hasta la segunda vuelta (el balotaje).. Leyendo la columna de Pablo Mieres en El País dos sábados atrás, quedé convencido de que las intendencias deben tener su propio momento electoral. Así se evita la distorsión y el arrastre de la elección principal.
Pedro Bordaberry tiró la primera piedra a nivel partlamentario, apretar las fechas en que se realizan los distintos actos eleccionarios, se adelantan la toma de posesión de los distintos mandantes y se obliga a los parlamentarios a trabajar más. El presidente Yamandú Orsi aportó lo suyo en el mismo sentido, proponiendo que las muncipales sean simultaneas con las nacionales, como en el pasado. La diferencia que agrega, es que se pueda cortar el voto, votar distintos partidos en la municipales, acercandose más a la opinión de Pablo Mieres a la que hicimos referencia.
Como habrán notado, mi propuesta es más drástica: que las elecciones nacionales vuelvan a sistema de Ley Lemas. La interna, la nacional y hasta el baloteje en sun sólo acto. De esta manera todos los partidos llegarían a disputar por la presidencia con la misma motivación. Y sería mas justo con el voto popular, que hoy no se ve reflejado en lo que produjo el sistema. Si le sumamos a mi idea la del Presidente, haríamos todo en acto con lo que ahorriamos tiempo y plata. De Bordaberry sumaría el tiempo de espera para que asuman su rol los gobernantes elejidos.
Otra propuestas a las que hago referencia en mis redes sociales, tienen que ver con el poder descontrolado que adquieren automáticamente los intendentes. Solo por ser electos, ya cuentan con mayorías en la Junta Departamental; de ahí en más, son todopoderosos. Un máximo del 49% de ediles —poco jerarquizados por el sistema— queda con la casi imposible tarea de controlar al ejecutivo local. De ahí los casos de despilfarro que ganaron titulares: Artigas, con causas judiciales comprobadas, o Montevideo, con la friolera de 10 millones de dólares en horas extras para un pequeño grupo de superprivilegiados. La oposición en la junta apenas hace reclamos simbólicos.
Hemos mencionado antes el caso de Maldonado, que administra ingresos turísticos clave para el tesoro nacional, pero donde el Poder Ejecutivo actúa casi como observador.
Cuando se impusieron las alcaldías municipales, reclamé desde otro medio que nuestro Estado seguía gastando como si fuera rico. Ahora que el sistema está consolidado —y difícilmente se revise—, mi propuesta es darle más funciones. Las juntas actuales no pagan sueldos a sus ediles (parte de su falta de jerarquía), pero no nos engañemos: toda la estructura tiene un costo alto, algo que debería reducirse.
La idea es formar una suerte de asamblea de alcaldes municipales que controle y ante la cual el intendente rinda cuentas reales. Así se evita la mayoría automática que, en gran medida, anula los esfuerzos de los ediles, y consecuentemente se empodera a quienes fueron electos directamente en su zona, con respaldo propio y no por el capricho de una lista. La cercanía esperable entre estos alcaldes y sus ciudadanos haría más directa su influencia, incluso por encima de los lineamientos partidarios.
Terminó el largo proceso, para los ciudadanos, porque todavía falta la posesión de los nuevos intendentes y sus sustituciones en el Legislativo. Recordemos que el tiempo vale y cuesta.
