La opinión del politólogo Alejandro Guedes en su columna “¿Un Diálogo Social o un modelo corporativo?” en el anterior número de VOCES (24/07/2025) plantea una inquietud legítima sobre los equilibrios de representación en el llamado “Diálogo Social” en torno a la seguridad social. Sin embargo, su análisis parte de una premisa discutible, me refiero específicamente a que la no participación de los partidos tradicionales responde a una defensa del principio representativo consagrado en la Constitución. Sostendré aquí, desde una perspectiva filosófico-política y politológica, que esa decisión es más bien un gesto defensivo ante el avance de formas alternativas de legitimidad democrática, que expresan transformaciones profundas en las sociedades contemporáneas.
Los partidos tradicionales han sido —y siguen siendo— piezas fundamentales del diseño institucional democrático. No obstante, como señala Pierre Rosanvallon en “La contrademocracia” (2007), la legitimidad de los partidos ha sufrido un desgaste prolongado, vinculado a su burocratización, su cooptación por élites, y su dificultad para canalizar las nuevas demandas sociales emergentes. En este contexto, la emergencia de movimientos sociales, organizaciones sindicales, colectivos feministas, ambientalistas o de trabajadores informales, no es casual, sino por el contrario, es una respuesta del cuerpo social a la percepción de que los canales institucionales han dejado de ser eficaces o inclusivos. Desde esta óptica, el “Diálogo Social” no constituye un modelo corporativo, sino un intento —perfectible, sin duda— de incorporar voces diversas en un marco plural, a la toma de decisiones, en sintonía con una democracia más deliberativa, tal como la han propuesto autores como Jürgen Habermas o Chantal Mouffe desde perspectivas distintas.
Guedes sostiene que excluir a los partidos es una violación al principio representativo, es decir, a la tesis que indica que el pueblo gobierna a través de representantes elegidos por el voto. Pero aquí se corre el riesgo de caer en un fetichismo de la representación formal que olvida que la legitimidad democrática no es solo jurídica, sino también sustantiva, dicho de otra manera, que el hecho de que hay representantes elegidos no es suficiente para que una democracia funcione bien, sin importar si esos representantes realmente expresan las demandas sociales actuales, si escuchan a la gente o si gozan de confianza ciudadana, confundiendo muchas veces, el procedimiento (formal) con el contenido (sustantivo) de la democracia. En palabras de Hanna Arendt, la política no puede reducirse a la administración de lo dado, sino que debe abrirse al surgimiento de lo nuevo, a la aparición del demos en formas inesperadas. Negarse a participar en un espacio de diálogo que incluye sindicatos, organizaciones sociales y actores no partidarios no fortalece la democracia representativa, la empobrece. Porque sugiere que los partidos se atribuyen un monopolio de la voz popular que ya no poseen, como muestran encuestas recientes sobre desconfianza hacia las instituciones partidarias en nuestro país, como en otros de la región.
La decisión del Partido Nacional y del Partido Colorado de no participar en el Diálogo Social no responde —como sugiere Guedes— a una defensa heroica del texto constitucional. Responde, más bien, al temor de verse desplazados del centro del poder de decisión, en un contexto donde pierden peso relativo ante la sociedad civil organizada. Esta actitud no solo es reacia al cambio, sino que expresa una concepción cerrada de la democracia, que desconoce el dinamismo de las formas políticas emergentes. No es casualidad que los sectores que se oponen al diálogo social sean los mismos que históricamente han minimizado la función política de los movimientos sociales. Tampoco es casual que hablen de “modelo corporativo” para deslegitimar cualquier forma de participación no canalizada por los partidos. Pero la verdadera pregunta es: ¿a quién temen representar esos actores sociales, si no al pueblo mismo?
Finalmente, es importante aclarar que no se trata de reemplazar la democracia representativa por un modelo corporativo. Se trata de complementarla con instancias deliberativas que amplíen su base de legitimidad. Como argumenta el politólogo James Fishkin, la democracia deliberativa puede enriquecer la representación política al incorporar formas más horizontales de participación y diálogo. El Parlamento seguirá siendo, como dice Guedes, el ámbito natural para legislar. Pero cerrar los espacios de intercambio fuera del recinto parlamentario equivale a encapsular la política, a blindarla frente a la vitalidad democrática que se expresa en la calle, en los sindicatos, en las cooperativas y en la sociedad civil.
Por lo tanto, la verdadera amenaza a la democracia no es la participación de actores sociales en el diseño de las políticas públicas. La amenaza real es el repliegue de los partidos a posiciones conservadoras y defensivas, aferrados a una concepción estática de la representación política e incapaces de aceptar que ya no son los únicos depositarios de la soberanía popular. En lugar de acusar a otros de erosionar la democracia, los partidos deberían mirar hacia dentro y preguntarse con honestidad por qué una parte creciente de la ciudadanía ya no se siente representada por ellos. Y en esa respuesta encontrarán no una pérdida, sino una oportunidad para renovarse y reconstruir vínculos con una sociedad cada vez más diversa, más consciente de sus derechos y más exigente en términos democráticos. Porque una democracia sólida no se defiende encapsulándola, sino abriéndola al diálogo con su tiempo.
