¿Qué diferencia hay entre un régimen político de derecho y un régimen político “de facto”, o de hecho?
Muchos pensarán que un régimen “de facto” es uno en que los tanques de guerra andan por las calles, desaparecen las libertades, la gente es arrestada sin motivo y predomina la violencia.
Eso suele pasar en los regímenes de facto. Pero no es su rasgo esencial. Y tampoco es indispensable.
Lo que realmente caracteriza a los regímenes de facto es un cambio, a veces imperceptible al principio, en la cabeza y en la actitud de quienes ocupan o alcanzan cargos de poder político. Ese cambio consiste en creer que el poder político los exime de acatar ciertas reglas básicas establecidas en la Constitución y en las leyes.
Después puede venir, o no, todo lo demás, abusos de autoridad, represión, pérdida de libertades, corrupción, etc. Pero todo empieza ahí, el día en que los gobernantes deciden que no están atados por reglas y procedimiento que los comprometen con los gobernados, que pagan sus sueldos y les dan el control de recursos materiales y humanos.
Estamos estrenando gobierno nuevo y hay ya dos situaciones, al menos dos, en que el respeto de los gobernantes por las reglas que deben regir su actuación está en entredicho.
El primero y más obvio es el contrato del proyecto Arazatí.
Ayer el Presidente adelantó públicamente la postura del gobierno al respecto. Quiere renegociar con el Consorcio firmante del contrato, pero se apresuró a declarar que “Hay un contrato firmado y ese contrato obliga al País, marca plazos y apareja consecuencias económicas”.
Mal punto de arranque.
Ante todo, porque el primer compromiso del Presidente es con la Constitución, que es el “contrato” que firmó con toda la población al asumir el gobierno. Si un contrato firmado con una empresa contraviene a la Constitución, porque privatiza un servicio que debe ser brindado por empresas estatales, le asigna a más de la mitad de los uruguayos un agua de calidad inferior a la de otras fuentes disponibles, y obliga a todo el país al pago de 900 millones de dólares que se extenderá mucho más allá del periodo de gobierno, el Presidente no puede de ninguna manera abordar el asunto bajo la consigna de “el contrato debe cumplirse”. La excusa de que fue firmado por el anterior gobierno no es suficiente. Nada ilegítimo debe mantenerse. Y ese contrato es ilegítimo.
En cualquier caso, si la voluntad del gobierno es renegociar, iniciar las conversaciones bajo la premisa de “el contrato debe cumplirse” es darle a la contraparte una ventaja inestimable. ¿Ustedes irían a comprar un auto usado o una casa diciéndole al vendedor “mire, necesito ese auto o esa casa y estoy obligado a comprarlos, pero quiero negociar el precio? Toda negociación requiere que la otra parte piense que uno está dispuesto a dejar el negocio sin efecto y a asumir las consecuencias. De lo contrario, le basta con no ceder para obtener todo lo que quiera.
Hay otra situación ilícita que este gobierno está heredando y haciendo suya.
Me refiero a que, hasta donde se sabe, el Ministerio de Salud Pública no controla el contenido de las vacunas que considera obligatorias. Es decir, no cumple con el deber que le impone la Ley 9.202. Y por ello está inoculando a la población, en especial a los niños, con sustancias cuyo contenido real desconoce.
Si unimos los dos casos, tenemos a un gobierno que actúa como “el bobo del barrio”. Por un lado, se deja apretar con contratos que tendría razones sobradas para no cumplir, avisando además que se dejará apretar. Y por otro lado recibe la mercadería que compra a ojos cerrados, sin revisar el contenido.
Si a eso le sumamos que en los dos casos tiene normas jurídicas que le imponen actuar de otra manera, la situación se vuelve escandalosa. Porque los gobernantes no están disponiendo de lo propio, sino que están tomando decisiones sobre la vida, la salud y la economía de todos los uruguayos.
Insisto, estamos ante un gobierno nuevo, y estas situaciones vienen del pasado. El anterior gobierno firmó Arazatí, y el descontrol de las vacunas viene de muy larga data. Pero, ¿qué necesidad de hacer propias ilicitudes y malos negocios ajenos? ¿Por qué continuar y solidarizarse con políticas indebidas y peligrosas?
En otras palabras, ¿por qué dejar pasar la oportunidad de hacer lo debido y de restablecer un poco la confianza de los uruguayos en quienes gobiernan?
NEGOCIOS ILÍCITOS Y MALOS NEGOCIOS
Hoenir Sarthou
¿Qué diferencia hay entre un régimen político de derecho y un régimen político “de facto”, o de hecho?
Muchos pensarán que un régimen “de facto” es uno en que los tanques de guerra andan por las calles, desaparecen las libertades, la gente es arrestada sin motivo y predomina la violencia.
Eso suele pasar en los regímenes de facto. Pero no es su rasgo esencial. Y tampoco es indispensable.
Lo que realmente caracteriza a los regímenes de facto es un cambio, a veces imperceptible al principio, en la cabeza y en la actitud de quienes ocupan o alcanzan cargos de poder político. Ese cambio consiste en creer que el poder político los exime de acatar ciertas reglas básicas establecidas en la Constitución y en las leyes.
Después puede venir, o no, todo lo demás, abusos de autoridad, represión, pérdida de libertades, corrupción, etc. Pero todo empieza ahí, el día en que los gobernantes deciden que no están atados por reglas y procedimiento que los comprometen con los gobernados, que pagan sus sueldos y les dan el control de recursos materiales y humanos.
Estamos estrenando gobierno nuevo y hay ya dos situaciones, al menos dos, en que el respeto de los gobernantes por las reglas que deben regir su actuación está en entredicho.
El primero y más obvio es el contrato del proyecto Arazatí.
Ayer el Presidente adelantó públicamente la postura del gobierno al respecto. Quiere renegociar con el Consorcio firmante del contrato, pero se apresuró a declarar que “Hay un contrato firmado y ese contrato obliga al País, marca plazos y apareja consecuencias económicas”.
Mal punto de arranque.
Ante todo, porque el primer compromiso del Presidente es con la Constitución, que es el “contrato” que firmó con toda la población al asumir el gobierno. Si un contrato firmado con una empresa contraviene a la Constitución, porque privatiza un servicio que debe ser brindado por empresas estatales, le asigna a más de la mitad de los uruguayos un agua de calidad inferior a la de otras fuentes disponibles, y obliga a todo el país al pago de 900 millones de dólares que se extenderá mucho más allá del periodo de gobierno, el Presidente no puede de ninguna manera abordar el asunto bajo la consigna de “el contrato debe cumplirse”. La excusa de que fue firmado por el anterior gobierno no es suficiente. Nada ilegítimo debe mantenerse. Y ese contrato es ilegítimo.
En cualquier caso, si la voluntad del gobierno es renegociar, iniciar las conversaciones bajo la premisa de “el contrato debe cumplirse” es darle a la contraparte una ventaja inestimable. ¿Ustedes irían a comprar un auto usado o una casa diciéndole al vendedor “mire, necesito ese auto o esa casa y estoy obligado a comprarlos, pero quiero negociar el precio? Toda negociación requiere que la otra parte piense que uno está dispuesto a dejar el negocio sin efecto y a asumir las consecuencias. De lo contrario, le basta con no ceder para obtener todo lo que quiera.
Hay otra situación ilícita que este gobierno está heredando y haciendo suya.
Me refiero a que, hasta donde se sabe, el Ministerio de Salud Pública no controla el contenido de las vacunas que considera obligatorias. Es decir, no cumple con el deber que le impone la Ley 9.202. Y por ello está inoculando a la población, en especial a los niños, con sustancias cuyo contenido real desconoce.
Si unimos los dos casos, tenemos a un gobierno que actúa como “el bobo del barrio”. Por un lado, se deja apretar con contratos que tendría razones sobradas para no cumplir, avisando además que se dejará apretar. Y por otro lado recibe la mercadería que compra a ojos cerrados, sin revisar el contenido.
Si a eso le sumamos que en los dos casos tiene normas jurídicas que le imponen actuar de otra manera, la situación se vuelve escandalosa. Porque los gobernantes no están disponiendo de lo propio, sino que están tomando decisiones sobre la vida, la salud y la economía de todos los uruguayos.
Insisto, estamos ante un gobierno nuevo, y estas situaciones vienen del pasado. El anterior gobierno firmó Arazatí, y el descontrol de las vacunas viene de muy larga data. Pero, ¿qué necesidad de hacer propias ilicitudes y malos negocios ajenos? ¿Por qué continuar y solidarizarse con políticas indebidas y peligrosas?
En otras palabras, ¿por qué dejar pasar la oportunidad de hacer lo debido y de restablecer un poco la confianza de los uruguayos en quienes gobiernan?
