La noticia es muy reciente. El gobierno habría decidido suspender por noventa días la ejecución del contrato del Proyecto Neptuno, o Arazatí, firmado el 23 de enero de este año por el gobierno saliente de Lacalle Pou, y que ha dado lugar a encendidas controversias incluso dentro del gobierno y entre distintas organizaciones políticas y sociales.
Sobre la decisión, que tiene por fin declarado dar tiempo para una renegociación del contrato y que será comunicada mañana, viernes, al Consorcio a cargo del Proyecto, el Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el Presidente de OSE, Pablo Ferreri, manifestaron que la renegociación se iniciará bajo una premisa distinta a la manejada hasta ahora.
Mientras que el Ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el Pro Secretario de la Presidencia, Jorge Díaz, habían anunciado desde antes de asumir que la postura oficial sería “El contrato debe cumplirse”, Ortuño y Ferreri introdujeron una variante al afirmar que la premisa de la renegociación será “Asegurar el suministro de agua potable a los uruguayos”.
Aunque en esa clase de frases la ambigüedad es inevitable, la comparación entre las dos premisas hace pensar que algo ha cambiado en la perspectiva del gobierno respecto al asunto.
Una serie de factores podrían explicar ese posible cambio. El primero es que la potabilidad del agua del Río de la Plata, en la zona de Arazatí, es harto problemática. Otro factor es la flagrante inconstitucionalidad del proyecto, en tanto les asigna a empresas privadas parte importante de la gestión del agua corriente, cosa prohibida por el artículo 47 de la Constitución, así como que el costo del proyecto, de al menos 900 millones de dólares, implica contraer deuda pública por varios períodos de gobierno sin aprobación parlamentaria, dos cosas también contrarias a normas constitucionales. Por último, instalar la planta y el reservorio de agua en una zona en la que hay grandes existencias de agua subterránea genera fuertes riesgos ambientales, de contaminación.
Sin embargo, todo esto era conocido desde mucho antes de que se firmara el contrato y estaba sobre la mesa el día en que las actuales autoridades asumieron el gobierno. ¿Qué es lo nuevo, entonces? ¿Por qué este cambio, real o aparente, de la postura oficial?
La respuesta es política. El rechazo al proyecto Neptuno abarca a sectores muy extensos y diversos de la sociedad. Por un lado, la academia, cuyos técnicos han manifestado casi unánimemente que el proyecto es disparatado, por las características del Río de la Plata y en especial las de la zona de la que se pretende extraer agua. Por otro lado, el proyecto afecta directamente a alrededor de dos millones de personas, que habitan en las zonas a las que se suministraría el agua de Arazatí, y ¿quién quiere consumir agua contaminada y salada? También hay rechazo en la zona misma de Arazatí, cuyos habitantes temen el daño ambiental. Se han manifestado contra el Proyecto toda clase de organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas y ciudadanas. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha comunicado su preocupación. La prensa ha dado cobertura crítica al tema. Y hasta desde el palo de la economía se ha señalado el despropósito de invertir una suma de casi 900 millones de dólares en un proyecto de resultados tan poco deseables. El descontento ha calado también en sectores políticos y militantes del Frente Amplio, e incluso en miembros del gobierno, como lo son Ortuño y Ferreri, al punto que éste último señaló la pésima situación financiera de OSE para asumir los compromisos que Neptuno implica.
Es muy pronto para decir cómo terminará este tema y hasta qué punto el gobierno tiene la libertad y el coraje de hacer lo que se debería hacer, que sin duda es considerar nulo el contrato por su inconstitucionalidad, su inadecuación técnica y su costo desmesurado.
Pero hay algo que se debe al menos señalar. Se suele creer que la democracia consiste en un sistema de votación por el que los ciudadanos se expresan cada cinco años y luego acatan lo que desde arriba se les imponga. Los hechos demuestran que no es así. Que todo gobierno, en la medida en que es electivo y su partido necesita que se lo vuelva a votar, depende de la opinión pública mucho más de lo que solemos creer.
Cuando la opinión pública se expresa, como sea, a través de declaraciones, manifestaciones, por la prensa, por comentarios en redes sociales, en el barrio o en lugares de trabajo, o mediante mensajes a los representantes políticos que tiene a su alcance, el poder político lo siente. Los gobernantes lo sienten.
Muchas cosas malas que ocurren en el Uruguay tienen origen en la pasividad de una población que ha olvidado el poder latente que tiene. El poder de expresarse, de hacerse oír y de exigir.
La razón es simple. No se puede gobernar a una sociedad si más de la mitad de la población no está dispuesta a consentirlo. Se puede someter durante cierto tiempo a la gente por la violencia o el engaño. Pero eso tiene límites, sobre todo temporales. Todo poder estable depende –mucho más de lo que los propios gobernantes creen- del consentimiento de los gobernados, aunque sea silencioso.
Neptuno tiene la particularidad de que lleva al límite esa capacidad de consentir. Por una razón sencilla: ¿quién en su sano juicio quiere consumir agua contaminada y salada y pagar por ello casi 900 millones de dólares? Sobre todo habiendo fuentes de agua mucho más pura en nuestro territorio.
El asunto es de una claridad meridiana. Y es también una especie de test de ciudadanía para los uruguayos. Si dejamos pasar esto, no nos quejemos de cosas peores que vendrán.
Hay muchas formas de aportar nuestro granito de arena a esta causa nacional. Una de ellas es suscribir la declaración “Agua y Soberanía. No al proyecto Neptuno”, que tiene ya más de 17.000 adhesiones y será presentada al Presidente de la República cuando este otorgue una entrevista a seis de los firmantes de esa declaración.
Reitero, es una de las formas de actuar. Hay otras, que cada uno de nosotros puede ejercer por sí mismo en sus ámbitos familiares, laborales, amistosos, en sus redes sociales.
Lo importante es hacernos oír. Recordar a gobernantes y a inversores que el agua es nuestra y que somos nosotros quienes debemos decidir cuál vamos a consumir.
