El asunto es de una simplicidad que espanta.
Más de cincuenta años de “guerra contra las drogas” han arribado a un fracaso escandaloso. No sólo el consumo ha crecido a nivel mundial, sino que las políticas de prohibición han creado dos monstruos que causan cada año muchas más muertes de las que podría causar el consumo de cualquier sustancia.
Uno de los monstruos es el narcotráfico organizado. Y el otro las organizaciones estatales creadas para reprimirlo.
Entre los dos, han multiplicado el consumo y el tráfico, las ganancias de los narcotraficantes, la corrupción de las estructuras policiales, carcelarias y políticas, los niveles de violencia, asesinato y encarcelamiento, y el miedo de la población.
Si no bastaran los ejemplos de Colombia y México (por decir algo) ahora tenemos el caso de Brasil. Una batalla campal en pleno Río de Janeiro, en la que la policía y la banda atacada, el “Comando Vermelho”, usaron armas de guerra, concluyó con más de 120 muertes y la certeza de que no se hizo más que podar a “Comando Vermelho”, que crecerá más fuerte o cederá su poder a otras bandas.
No es muy distinto de la que pasa en Uruguay. Acá también, a nuestra escala, hay armas de guerra, barrios tomados, bocas de venta por todos lados, asesinatos diarios, millones de dólares en danza, corrupción policial y política, y una población amedrentada.
La mayor parte de las sustancias hoy prohibidas fueron conocidas y consumidas por las sociedades humanas durante su historia sin mayores problemas. Es el caso del opio, la coca, el cáñamo, los hongos y sus derivados.
¿Cuándo empezó el problema?
A partir de 1970, cuando en los Estados Unidos –una vez más- se decidió aplicar una política prohibicionista y exportarla a todo el mundo, aprovechando su papel de potencia dominante luego de la Segunda Guerra Mundial.
Los EEUU tienen una larga tradición puritana, de políticas pretendidamente moralistas, sanitarias, prohibicionistas y esencialmente hipócritas. Lo han intentado con la prostitución, con el juego, con el alcohol y luego con las drogas. El resultado fue siempre el mismo. La prostitución, el alcohol, el juego y las drogas siguieron vendiéndose y consumiéndose, sólo que a precios más caros, con mucha más violencia, y a cargo de organizaciones criminales surgidas y enriquecidas a consecuencia de la prohibición.
Las miradas moralizantes y las sanitarias (religiosas o médicas) suelen ser miopes ante los efectos sociales y políticos de sus medidas. Por eso es un error dejarlas guiar las políticas públicas. La historia de los EEUU lo confirma.
La tradición uruguaya es todo lo contrario. El alcohol, el juego y la prostitución fueron tolerados y regulados por la legislación. El Estado producía alcohol de razonable calidad a través de ANCAP, regenteaba el juego a través de la Dirección de Loterías y Quinielas y de los casinos municipales y estatales, y controlaba a la prostitución mediante reglamentos relativamente laxos. Resultado: no hubo en el Uruguay mafias significativas en torno al alcohol, el juego o la prostitución.
Todo cambió a partir de 1970, cuando los EEUU, ya potencia mundial, decidieron imponer sus siempre fracasadas políticas prohibicionistas al resto del mundo. Uruguay, sumiso, aceptó la fórmula. Los resultados los tenemos a la vista.
Hay dos formas reales de combatir a las organizaciones delictivas.
Una es reprimirlas en forma sanguinaria, a ellas y a la producción y consumo de sus productos, como se hace en algunos países orientales. Eso implica instalar un régimen de terror, sin garantías, con penas inhumanas que puedan afectar a culpables o a quienes parezcan serlo. Porque la clave está en el terror. Y el terror es incompatible con las garantías, con la justicia y con la libertad.
La otra forma es mucho más inteligente. Consiste en dejar a las organizaciones delictivas sin monopolio y en definitiva sin sustento.
Si cualquier persona pudiese producir o importar y vender cualquier sustancia, con controles similares a los necesarios para el alcohol, el monopolio de los narcóticos desaparecería y con él desaparecería el poder de los narcotraficantes. Porque ese poder depende de la prohibición. Si su producto fuese legalizado, no dejaría las ganancias astronómicas que deja y no permitiría corromper a las autoridades policiales y políticas como ocurre hoy en todo el mundo.
Me dirán que con la legalización el consumo aumentaría. Y tienen razón. Por un tiempo, al menos, aumentaría. Pero la legalización no busca combatir al consumo. Busca combatir a las organizaciones delictivas y violentas que se alimentan del consumo y de la prohibición.
No escribo esto con la expectativa de que semejante cambio se produzca pronto. Hay intereses muy fuertes que sostienen la prohibición. Por un lado, las organizaciones del narcotráfico. Por otro, las estructuras represivas que obtienen sueldos y recursos del Estado y también de las organizaciones delictivas. Y finalmente el sistema político, que en todo el mundo recibe del narcotráfico financiación directa o indirecta para sus campañas.
Hay miradas bienintencionadas que alientan sin saberlo ese proceso de corrupción y violencia. Podemos coincidir en que la adicción es dañosa y causa víctimas. Pero mucho más graves y homicidas son las estructuras privadas y públicas que se enriquecen con la prohibición, los cientos de muertes violentas cada año, el miedo en los barrios, las cárceles atestadas, el gasto en represión y los miles de gurises que ven en el narcotráfico su única salida.
La única forma de terminar con el narcotráfico sin violencia es arruinarle el negocio, dejarlo sin ingresos, es decir legalizarlo. Una verdad obvia que, muy lentamente, se abre camino en el mundo y en nuestras cabezas.
