Política no electoral Por Hoenir Sarthou
Comienza el año electoral y todos sabemos lo que nos espera. Discursos demagógicos, denuncias, acusaciones y polémicas oportunistas, alguna que otra semisorpresa en candidaturas y en la integración de las listas, y atomizantes campañas publicitarias basadas en músicas pegadizas y jingles apropiados para un nivel mental subnormal.
Nada nuevo. Uno podrá preguntarse por el origen de la torta de dinero que costarán las campañas y por cómo retribuirán los candidatos esos “generosos” aportes.
Nada menos democrático y potencialmente más corruptor que el costo de la publicidad en las campañas electorales. Porque la democracia requiere cierta similitud de posibilidades entre los ciudadanos. ¿Y cómo puede haber similitud de posibilidades si una campaña electoral, para tener chance de lograr la presidencia, cuesta muchos millones de dólares? ¿No es obvio que eso presupone apoyo, o inversiones, de intereses económicos mucho más poderosos que los votantes de cualquier partido? ¿Alguien cree que esas “inversiones” no implican devolución de favores?
Si se quisiera evitar la influencia directa del dinero en las campañas electorales, la única forma es prohibir la publicidad electoral paga y destinar espacios públicos equitativos en los medios comunicación para difundir las propuestas de cada partido. Lo demás es mentira. Nada más fácil de burlar que las leyes de transparencia de la financiación de los partidos políticos. Sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los intereses aportantes son expertos en blanquear dinero, desviar fondos y disimular ganancias.
Sin embargo, pese al carnaval electoral que nos espera, el sistema político parece estar preocupado y molesto por algo que escapa a sus libretos: me refiero a la política ciudadana, a la política no electoral.
¿Qué es la política ciudadana no electoral?
Para explicarlo, voy a recurrir a una experiencia concreta a la que estoy directamente vinculado, el Movimiento Uruguay Soberano y su propuesta de reforma constitucional denominada también “Uruguay Soberano”.
Como es sabido, Uruguay Soberano se define como un movimiento que se propone defender y desarrollar el ejercicio de la soberanía popular, es decir democráticamente ejercida, de los uruguayos sobre nuestro territorio y nuestra legislación. Parte de la base de que esa soberanía está cada vez más atacada y restringida por el peso de intereses transnacionales que vienen atraídos por los recursos naturales de nuestro país y por su ubicación estratégica.
Rico en agua potable, con tierras fértiles, y con un puerto que es puerta de entrada y salida no sólo del Río de la Plata sino de los ríos Paraná y Uruguay, dado que el acceso al puerto de Buenos Aires, el canal Magdalena, no ha sido dragado, Uruguay se ha vuelto un objetivo muy tentador para intereses de formidable poder económico (UPM, Katoen Natie, proyectos de “hidrógeno verde”, et.).
Si a ello le sumamos que los gobiernos de los últimos casi cuarenta años fingen no darse cuenta de que nos están depredando y firman, alegremente y en secreto, contratos que nos entregan atados de pies y manos, el panorama desolador queda muy claro.
A efectos de poner fin a la práctica de entregar nuestros recursos firmando contratos y aprobando leyes a la medida de los inversores, Uruguay Soberano promueve una reforma constitucional que propone tres cosas: 1) imponer controles parlamentarios y populares que impidan la firma de contratos secretos entre el Estado y las megaempresas inversoras. 2) reducir el número de firmas requeridos para los recursos de referéndum contra las leyes, de modo de facilitar el control ciudadano y popular sobre las leyes y los contratos del Estado. 3) declarar nulos los contratos firmados en secreto desde 2017 en adelante, es decir UPM2, Katoen Natie, Pfizer, Neptuno, proyectos de hidrógeno verde, etc.), lo que significa que esos contratos podrán ser revisados y renegociados por el Parlamento, y eventualmente sometidos a la voluntad popular.
Uruguay Soberano es un movimiento no partidario y no electoral. No es partidario porque la soberanía popular del Uruguay no puede ni debe ser patrimonio de ningún partido, sino que en todos los partidos hay uruguayos dispuestos a defenderla. Por eso integran Uruguay Soberano simpatizantes y votantes de todos los partidos políticos, así como muchos que no tenemos pertenencia partidaria de ningún tipo.
Por la misma razón, Uruguay Soberano tiene el compromiso de no participar electoralmente y sus referentes más notorios el de no postularse como candidatos de ningún sector político. Sin que ello signifique despreciar a los partidos políticos, que son necesarios para cumplir con los intereses de la sociedad. Pero sin que eso implique tampoco renunciar al necesario derecho de los ciudadanos a informarnos, pensar, reunirnos y tomar posición sobre los asuntos que nos importan.
Cualquiera pensaría que esta forma de hacer política, sin partidos, ni candidatos ni propuesta electoral, a nadie debería molestar. Pero no es así, como ahora veremos.
Desde su surgimiento, en 2018, Uruguay Soberano fue ignorado, por no decir ninguneado, por el sistema político y por los medios de prensa que suelen favorecerse con las campañas electorales. Pese a la gravedad de los hechos que hemos denunciado, respecto a los contratos de UPM, de Katoen Natie, de Pfizer, denuncias ante el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y denuncias ante la opinión pública, en los escasos medios que nos han dado lugar y a través de las redes sociales del propio Uruguay Soberano, también afectadas por la censura que las redes ejercen sobre la información y las opiniones que no se ajustan a los grandes intereses globales y a los pequeños intereses de las dirigencias políticas que les son útiles.
Hasta allí, todo bien. Uno puede luchar contra el silencio que le imponen quienes se ven afectados por su discurso.
Lo extraño en que en los últimos tiempos ha aparecido un repentino interés de algunos medios de prensa y de algunos sectores electorales. Interés no por difundir las propuestas de Uruguay Soberano, sino transmitir información falsa que apunta a dificultar la tarea del Movimiento y de sus integrantes.
Comenzó con el diario “la diaria”, que tergiversó una entrevista para dar la noticia de que se suspendía la recolección de firmas por la reforma Uruguay Soberano, cuando la declaración del entrevistado decía justamente lo contrario, es decir que, si no se lograban las firmas necesarias en abril de este año, la recolección seguiría adelante para realizar el plebiscito junto con las elecciones departamentales de 2025.
Más sorprendentemente aun, la noticia (falsa) fue reproducida por el noticiero “Subrayado”, de Canal 10 (aunque después la rectificó).
Y ahora se suman agresiones públicas, básicamente en redes sociales, de pequeños sectores políticos a los que parece molestarles mucho la política ciudadana no electoral.
¿Por qué les molesta?
Básicamente por inexperiencia e incapacidad política. Cualquier político, e incluso cualquier ciudadano, si es honesto e inteligente, debería alegrarse de que exista un grupo considerable de uruguayos dispuestos a trabajar por la ciudadanía y por el interés de los uruguayos sin ambicionar votos, ni cargos, ni sueldos, es decir sin competir con nadie en las cosas de la política electoral.
No vale la pena destinar mucho tiempo ni espacio a esta clase de ataques pequeños, pequeños en relevancia y más pequeños aun en la intención.
Más de cincuenta mil uruguayos han entendido la propuesta de Uruguay Soberano y han firmado por la reforma. Cada mes, pese a las dificultades económicas y de difusión, al menos mil uruguayos firman por la reforma y muchos se incorporan a nuestros grupos locales y comisiones de trabajo, o nos siguen en las redes sociales.
Eso es lo que vale la pena. Sin importar el tiempo que lleve.
El soberanismo es una postura indispensable en el debate público. Si se lo entiende bien, se descubre que debemos pensar de otra forma la actitud ciudadana, la política y el ejercicio del gobierno. Otra forma que no admite pequeñeces ni objetivos individuales menores.
A eso apostamos.
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