En Uruguay hay una idea que se repite en cada charla sobre política: “los políticos prometen mucho, pero cumplen poco”. No es solo un comentario al pasar, es una percepción instalada como parte del sentido común de la gente. Sin embargo, pocas veces contrastamos esa percepción con evidencia. Sí, tenemos elementos que nos indican que los partidos uruguayos son programáticos en comparación con sus pares de otros países. Sí, también sabemos que en buena medida el rumbo del gobierno se puede predecir más o menos dependiendo de cuál es el partido que lleva las riendas. Sí, también reconocemos que los partidos y sus candidatos hacen sendos esfuerzos por elaborar sus programas de gobierno previo a cada elección. Pero lo que no sabemos -al menos no de forma sistemática- es cuánto de lo prometido termina convirtiéndose efectivamente en política pública y cuánto se queda en el papel.
¿Qué tan útiles son estos programas para evaluar a un gobierno? O dicho de otro modo: ¿permiten realmente saber si lo prometido se cumplió?
Ese interrogante motivó nuestro trabajo que junto al profesor Adolfo “Fito” Garcé presentamos esta semana en el IX Congreso Uruguayo de Ciencia Política. Allí analizamos el Compromiso por el País, el acuerdo programático firmado en 2019 por los cinco partidos que conformaron la Coalición Republicana. Más allá de su relevancia política inmediata de dar sustento a una coalición inédita, el documento ofrecía un caso excepcional para estudiar el vínculo entre promesas electorales y acción gubernamental.
El punto de partida fue doble. Primero, la evidencia comparada muestra que la calidad de la representación mejora cuando las plataformas son claras y medibles. Segundo, los partidos enfrentan incentivos para hacer promesas ambiguas, menos arriesgadas desde el punto de vista electoral pero más difíciles de evaluar después. En ese contexto, nos propusimos aportar una herramienta para analizar este problema: el Índice de Esfuerzo Programático.
El índice se basa en dos dimensiones. La primera evalúa cuán medibles son las propuestas de una plataforma; la segunda, en qué medida fueron cumplidas las propuestas medibles. Al aplicar este enfoque al Compromiso por el País surgieron resultados relevantes para la discusión pública. De las 174 propuestas, el 79% eran total o parcialmente medibles. Este porcentaje sugiere que la coalición hizo un esfuerzo sustantivo por formular compromisos verificables. A su vez, de esas propuestas medibles, el 65% fueron total o parcialmente cumplidas durante el período de gobierno. El índice final resultante presenta un valor de 0.72 en una escala entre 0 y 1, lo cual muestra un nivel de esfuerzo programático elevado.
Ahora bien, los números requieren contextualización. Una proporción significativa de los compromisos se formuló en términos de objetivos de gestión, no de resultados concretos. Desde el punto de vista de la rendición de cuentas, esta diferencia es decisiva: es posible cumplir una acción prevista sin que el problema público se resuelva de manera sustantiva. Un ejemplo ilustrativo es el compromiso cumplido de crear una regla fiscal, pero no haber tenido un resultado acorde a lo esperado. Este matiz no invalida el esfuerzo programático constatado, pero sí invita a refinar el modo en que entendemos el cumplimiento.
¿Por qué importa todo esto? Porque la representación atraviesa un momento delicado. La desconfianza ciudadana, ampliamente documentada, convive con la percepción de que los gobiernos no hacen lo que prometen. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario: los gobiernos cumplen más promesas de lo que la opinión pública supone. El caso uruguayo se ajusta a esta tendencia, al menos en el episodio específico que analizamos, ya que no contamos con evidencia comparable para otros casos.
Avanzar hacia plataformas más precisas y métricas más claras de evaluación puede contribuir a cerrar la brecha entre expectativas ciudadanas y desempeño gubernamental. Y, en un contexto donde proliferan respuestas personalistas y atajos populistas, fortalecer el vínculo programático entre partidos y ciudadanía es una forma democrática de reconstruir confianza.
Ese es, en definitiva, el sentido de este trabajo: ofrecer una herramienta para medir, comparar y discutir de manera más informada el valor de las promesas electorales y su traducción en políticas públicas. Lo hacemos desde un compromiso genuino con lo público —sin financiamiento de por medio— porque entendemos que aportar claridad y evidencia también es una forma de servir a la democracia. Porque la transparencia en las promesas —y en su cumplimiento— no es solo un ejercicio técnico: es una condición central para una representación democrática más robusta.
