¿Por la plata “Danza” el mono?

©Camilo dos Santos Ayala-20251021CDS-0./ Uruguay / Montevideo / Presidencia ROU. Presidente de la República Oriental del Uruguay, profesor Yamandú Orsi. Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay.EN LA FOTO:El 21 de October de 2025. Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay

El presidente de ASSE está en el ojo de la tormenta. La difusión de sus trabajos a nivel privado y universitario, así como sus ingresos han generado mucha polémica. Más allá de la ilegalidad o no de la situación despierta varias interrogantes.

¿Es lógico que la presidencia de un organismo como ASSE no sea de dedicación total?  ¿No hay conflicto de intereses? ¿Se está remunerando ese cargo acorde a la responsabilidad que implica?  ¿Cuánto sacrificio exige dedicarse a la función pública?  ¿No hay superposición de horarios entre los trabajos privados y público en este caso? ¿Es ética esta situación? ¿Debe renunciar a ASSE o a los cargos privados?

La ética de la responsabilidad

Virginia Cáceres

Hace unos cuantos meses ya, exactamente desde apenas unos días después de su asunción, el nombre del presidente de ASSE es asunto de conversación y noticias todos los días. Esto sería para cualquier presidente de organismo, algo muy bueno si esas noticias dieran cuenta de cambios o novedades en la gestión, pero no es esta la razón por la cual el nombre de Danza día tras día aparezca en las noticias de todos los diarios.

La primera noticia surgió apenas unos días después de su designación cuando nos enteramos que el presidente de ASSE se había ido un mes de licencia. Nos enteramos de esta licencia porque el Directorio de ASSE no estaba conformado en su totalidad y eso impedía la adopción de determinadas definiciones. La noticia tomó estado público y la oposición reclamó su reintegro a los efectos de garantizar la gestión cotidiana del mayor prestador de salud de nuestro país. Ninguno de los reclamos realizados ni de las constantes noticias lograron inquietar al presidente de ASSE que continuó en su licencia ni tampoco a la Ministra de Salud que no le reclamó que se reintegrara.

Superado ese embate y reintegrado a sus funciones, una vez finalizada su licencia, una nueva polémica envolvió al presidente de ASSE la revelación de la superposición de su cargo político, de dedicación total, con otros tantos trabajos particulares lo cual viola disposiciones Constitucionales y legales. Pero claro, semejante afirmación solo pudo ser catalogada de afrenta y persecución política por parte del oficialismo, realizando todo tipo de malabares para justificar y respaldar el multiempleo del presidente de ASSE.

Y cuando el debate público parecía adormecido ante una oposición cansada de reclamar la renuncia al cargo de presidente, o la renuncia a sus otros cargos, sin que ninguno de los reclamos calara en el oficialismo un nuevo informe periodístico puso nuevamente al presidente de ASSE bajo la lupa, no por noticias relacionadas a la gestión propia del organismo sino por el accionar en el desempeño del multiempleo de Danza.

Quedo en evidencia que en los horarios en los que su marca virtual lo situaba trabajando para la Universidad de la República las fotos oficiales de ASSE lo situaba recorriendo distintas instalaciones del organismo en el interior del país, realizando dos tareas distintas, para dos organismos distintos en el mismo horario. Pero además nos enteramos que ASSE es quien le paga parte del sueldo de la UdelaR, lo cual elimina cualquier atisbo de duda sobre la inconstitucionalidad de la situación por tratarse de un vínculo con relación indirecta (o directa para ser más justos) con la institución que preside.

Pero una vez más, con una facilidad envidiable, el oficialismo romantiza la situación inconstitucional en la que se encuentra Danza y el mismo lo hace con su intento de presentar el esfuerzo de “aprovechar el tiempo” para realizar otros trabajos mientras viaja hacia el interior del país. Esfuerzo que es moneda corriente para cualquier presidente de cualquier organismo de nuestro país, lo que resulta inaceptable es que ese tiempo de dedicación al Estado se estuviera utilizando para ejercer un trabajo particular y privado.

Pero mas allá de la no menor inconstitucionalidad de la situación hay otro aspecto que resulta preocupante en el debate: la construcción de un relato que debilita la figura del servidor público con señales equivocadas que se posicionan desde la visión individual y personal de quien ejerce el cargo público. 

Cuando alguien decide ingresar a la gestión de un gobierno lo hace a conciencia de los diversos impactos que eso tendrá en su vida personal y profesional, lo hace sabiendo, o debería saberlo, que la ética de la responsabilidad es el principio que guiará todas y cada unas de sus decisiones, porque el estándar para medir su actuación será mucho mas exigente a partir de ahora porque la gestión pública requiere dedicación, sacrificios personales y profesionales.

Porque la gestión pública implica la renuncia a un conjunto de comodidades y libertades que seguramente la vida profesional privada ofrezca pero esas renuncias son explícitas para quienes decide gestionar los recursos de todos los uruguayos, porque tiene que ser una decisión vocacional, sincera y voluntaria, una decisión que no coquete con lo privado, una decisión que no este condicionada por miedos al futuro.

Por eso el reclamo de la oposición no es un capricho, responde a una evidente y profunda falta de seriedad, responde al daño a la credibilidad del organismo que Danza representa. La gente necesita confiar en que sus jerarcas públicos actúan conforme a la ley y a esa ética de la responsabilidad. Y la solución es simple o Danza renuncia a sus trabajos particulares o presenta su renuncia a ASSE, porque extender esta situación solo afectará su propia gestión la que siempre va a estar teñida con la mancha de la irregularidad en su accionar.

La situación de Danza no es un asunto menor en el contexto político, no es el relato de un problema individual, es el síntoma de una laxitud que no podemos permitirnos en la administración del Estado, es el reflejo del conformismo, es minar la confianza en la ética de la función pública.

La transparencia es clave

Valentina Arlegui

La situación de Álvaro Danza viene cuestionada desde el comienzo de su gestión, tanto en el plano jurídico como ético. Sin ánimo de analizar el primero, profundizaremos en el segundo.

 Hagamos un poco de memoria, asumió el 2 de abril de 2025 y apenas tres meses después, tomó una prolongada licencia que abarcó casi todo el mes de julio, momento crítico en el servicio que preside, debido a las crisis respiratorias que se dan en ese momento del año.

El hecho de tomar vacaciones no es en sí una irregularidad, pero en el contexto de un servicio público de salud en crisis (listas de espera, recursos limitados, servicios colapsados por infecciones respiratorias) la acción adquiere otra dimensión ética.. Cuando el máximo jerarca de un servicio está bajo fuertes críticas sobre su dedicación, compatibilidad de cargos u otras responsabilidades, el hecho de ausentarse por vacaciones que aún no se generaron, puede interpretarse como una falta de sensibilidad o compromiso con la gestión.

Entiendo que nadie duda sobre su trayectoria profesional, sino sobre el compromiso que tiene con la gestión al frente de ASSE, en lo que refiere al tiempo que materialmente le puede dedicar.

En forma concomitante, ocupa la presidencia de ASSE, registra horas como docente en UdelaR (grado 5) y simultáneamente ejerce funciones en tres mutualistas privadas y el Hospital Pasteur. Incluso, hay marcas de entrada y salida de estas ocupaciones que coinciden en tiempo con actividades oficiales.

La  incompatibilidad entre el cargo público (dirigir el mayor prestador estatal de salud) y otras actividades privadas o paralelas (docencia, consultorías, mutualistas) puede analizarse jurídicamente en lo que refiere a la posible afectación de la dedicación, la transparencia o los posibles conflictos de interés, o desde el punto de vista ético en lo que refiere a que es humanamente imposible cumplir a cabalidad con todas estas tareas.

En mi opinión, la situación es meridianamente clara.  Un cargo como el de presidente de ASSE exige dedicación plena, alta responsabilidad y ausencia de conflictos de interés o de dedicación paralela que puedan comprometer la gestión. Cuando se superponen funciones, se debilita la percepción de que se dedica totalmente a la función pública.

La pregunta que cabe formularse es tan sencilla como: ¿puede realmente cumplir con todas las funciones?

¿En qué momento se mejora la gestión de un servicio que tiene 1.500.000 usuarios y 37.000 funcionarios cuando se tiene alrededor de 50 horas semanales en otras ocupaciones?

La transparencia es clave. Si bien Danza afirma que “no hay nada extraño” en su situación, es imposible que todas estas actividades puedan coexistir.

Y en esa superposición, ¿Qué actividad es la perjudicada? En el ámbito privado, si no cumple con las horas de policlínica, las que seguramente son controladas, es razonable pensar que tendría consecuencias. Por tanto es sencillo concluir que seguramente la actividad perjudicada sea aquella que llegó por último, la Presidencia de ASSE. Sin entrar en el análisis de la irregularidad legal, es claramente reprochable desde la óptica de la ética pública. Los cargos públicos deben desempeñarse con imparcialidad, entrega y sin privilegios.

La actividad política debe abrazarse con un gran compromiso y con vocación de servicio, sabiendo que en la mayoría de los casos es menos rentable que la actividad privada y que muchas veces implica realizar sacrificios personales.

¿Qué sentido tiene desempeñar una gestión sabiendo que no se le va a dedicar todo lo que se puede? ¿Es simplemente para sumar un mérito al currículum?

No creo que Danza pueda cantar con intensidad, esa parte tan linda de nuestro himno nacional, en la estrofa que dice : sabremos cumplir!

Por la plata “Danza” el mono

Felipe Schipani

El caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, no es solo una cuestión ética o moral. Es, ante todo, una violación constitucional. El artículo 200 de la Constitución de la República es meriadanamente claro: quienes integran directorios de entes autónomos o servicios descentralizados no pueden ejercer actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con el organismo en el que cumplen funciones. En este caso, el Sistema Nacional Integrado de Salud es un entramado donde ASSE y las mutualistas coexisten como prestadores. Si el presidente de ASSE trabaja también en otros prestadores de salud, hay una evidente conjunción de intereses prohibida por la Constitución. Por este solo hecho, Danza debería haber presentado su renuncia hace tiempo.

Pero más allá del plano jurídico, hay una cuestión de fondo. ¿Qué esperamos del presidente del principal prestador de salud del país? ¿Que sea un presidente “part-time”? ASSE es un gigante, con presencia en todo el territorio, con miles de funcionarios y cientos de miles de usuarios. Exige conducción, dedicación y responsabilidad total. No puede ser administrada como un empleo más ni tratada como un “kiosco adicional”.

No está mal que un profesional quiera ganar dinero. Es legítimo. Pero, como decía José Mujica, “quienes quieran hacer plata, que no hagan política”. La función pública no es un trampolín económico, es un compromiso con el país. Si Danza quiere dedicarse a la medicina privada, está en su derecho; pero no puede hacerlo al mismo tiempo que preside ASSE.

Su permanencia en el cargo compromete no solo su credibilidad, sino también la del Gobierno, que al sostenerlo incurre en responsabilidad política. Resulta aún más llamativo cuando hay ejemplos dentro del propio gabinete, como el de la ministra Lustemberg, reconocida médica pediatra de que renunció a ingresos mucho mayores para dedicarse íntegramente al servicio público.

El dilema es claro: o se sirve al Estado, o se sirve al bolsillo. Las dos cosas a la vez, no.

La salud pública merece toda nuestra atención

Eduardo Vaz

La situación del Dr. Danza amerita un enfoque general, tanto legal, como político y también laboral-profesional que, naturalmente, están vinculados, pero tienen aristas propias. Sobre el legal no entraré pues me excede largamente. Como suele suceder, están las dos bibliotecas que “demuestran” que su situación laboral es inconstitucional y que no lo es, con toda claridad…No seré yo quien descubra que el derecho no es una ciencia exacta, pero importan y mucho las opiniones especializadas y deben tenerse en cuenta en cualquier sociedad que se precie de civilizada. No hablemos ya de la Justicia cuyas decisiones no admiten incumplimiento.  

Desgraciadamente, no contamos con una institución que pueda laudar rápido estas controversias legales sin necesidad de iniciar un juicio que puede demorar meses o años.

Otra historia son enfoques laborales sencillos y cuantificables como el conteo de la carga horaria de cada trabajo (asumiendo que ninguno sea full time lo que resolvería el tema, obviamente) y la capacidad física e intelectual de una persona para cumplir correcta y humanamente con todo lo que c/u exija. Este elemental enfoque cuestiona fuertemente la situación planteada.

Desde el lado estrictamente político y asumiendo que es legal (de no serlo no hay discusión alguna, debería renunciar y pedir disculpas por el error), cabe discutir si la situación del Dr. Danza es adecuada a lo que la buena administración debe exigirle a quien presida ASSE.

Teniendo en cuenta el tamaño de la institución, tanto por la cantidad de gente que atiende, el personal que cobija, los recursos materiales que administra, los dineros públicos que se le destinan, la distribución geográfica nacional y la naturaleza de extrema sensibilidad de su razón de ser, parecería que la presidencia debería ser full time y con un sueldo acorde a los méritos y exigencias necesarios para semejante faena y dedicación.

Que el sueldo actual del presidente de ASSE no esté acordé a lo que razonablemente debería ser no es un argumento válido para que no se tenga dicha dedicación full time. En todo caso, es otro debe que el gobierno de turno debería subsanar.

Desde mi perspectiva, que considera a estas personas como servidores públicos, la acumulación de otras importantes tareas privadas y públicas que distraen y sacan tiempo de una responsabilidad tan elevada y exigente, es chocante y debería ser inhabilitante. O lo uno o lo otro, sin juzgar como mejor una opción u otra ya que son decisiones personales con fundamentos muy íntimos y respetables.

Nos hemos ido metiendo en un lío absurdo, que lastima la reputación del Dr. Danza, afecta la imagen de la Salud Pública y ASSE, de la Ministra Lustemberg, del nuevo gobierno y, en última instancia, empobrece la política democrática al dedicar tantas horas y pasión merecedora de mejores causas. La presidencia de ASSE no corresponde que esté en la picota pública por temas que no sean mejorar la salud en todos los aspectos.

Nos toma el pelo a todos

José Luis Satdjian

El caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que involucra a todos quienes ocupamos cargos de responsabilidad pública: ¿qué entendemos por dedicarnos al servicio de nuestro país?

Porque cuando uno asume la presidencia del principal prestador público de salud del país —que atiende a más de un millón y medio de uruguayos, dirige miles de funcionarios y un presupuesto millonario— no puede hacerlo a medias, ni con un pie en la función pública y otro en el sector privado. Si queremos fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, no se puede poner en un segundo plano al 40% de los pacientes. No se puede ser juez y parte en el sistema de salud. No se puede dirigir ASSE mientras se facturan horas en mutualistas privadas o se mantienen cátedras en la Universidad de la República.

Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: no es una cuestión de simpatía política ni de conveniencia partidaria, es una cuestión de ética, de responsabilidad y de respeto por la función pública. La confianza en el sistema de salud depende de que sus autoridades actúen con dedicación exclusiva, con transparencia y sin conflictos de interés.

En las últimas semanas, conocimos a través de la prensa y de sus propias declaraciones que el presidente de ASSE mantiene múltiples actividades fuera del organismo, incluyendo atención en mutualistas y tareas docentes. Y lo más grave es que lo justifica como si fuera algo natural, diciendo que “hace muchas cosas mientras viaja en ruta o en Zoom”. Esa respuesta, más allá de lo pintoresco, muestra una preocupante banalización del compromiso público: nos toma el pelo a todos.

Ser presidente de ASSE no es un trabajo más. Es una responsabilidad que exige el 100% del tiempo, energía y atención. Cada hora que se dedica a otro empleo es una hora que se le quita a la gestión, a los usuarios y a los trabajadores del sistema público. Es también una señal equivocada hacia los miles de funcionarios que sí cumplen horarios, que sí se dedican, que dejan el alma atendiendo a la gente, y que lo hacen con salarios muy inferiores, y las consecuencias de tener un presidente a media máquina ya las estamos viendo (demora de horas en espera de ambulancias, usuarios trasladados en alfombras por el piso, etc).

No es ético ni moral que el máximo responsable de ASSE mantenga vínculos económicos con prestadores privados que, a la vez, contratan con el Estado y asimismo, compiten con ASSE. Tampoco es compatible con el espíritu de las normas que regulan los cargos de alta jerarquía pública. Si queremos instituciones fuertes, debemos empezar por exigir coherencia a quienes las conducen.

No se trata de un capricho ni de una persecución. Se trata de dar el ejemplo, de defender el valor del servicio público, de cuidar la credibilidad del sistema y de garantizar que las decisiones se tomen sin influencias externas, de priorizar la salud de los uruguayos por encima del interés económico de ganar más. Por eso, creemos que se debe actuar con firmeza, si no hay dedicación total, la Ministra de Salud Pública y el Presidente de la República deben exigir su renuncia o destituirlo; no pueden pasar más tiempo siendo cómplices de esta situación.

La salud pública no puede ser el segundo trabajo de las máximas autoridades, ni una excusa para dedicarse a medias. Quien dirige ASSE debe hacerlo con exclusividad, con entrega y con lealtad a la función pública. Porque cuando se mezclan los intereses, se pierde el rumbo, y con él se pierde algo más profundo: la confianza de la gente.

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