El gobierno entrego el presupuesto en el Parlamento. Inmediatamente surgieron las aspiraciones de diversas instituciones organismos, empresarios y sindicatos. ASSE, Udelar, COFE, Defensa, ANEP y hasta Cinemateca vienen con reclamos y reivindicaciones. Todos luchan por su chacra y algunos parecen olvidar a los más postergados. Los niños pobres no tienen lobby.
¿Qué urgencias se deben encarar primero? ¿Qué expectativas existen a nivel popular? ¿Cuál es su ranking de prioridades? ¿A quién debe tapar primero la frazada corta?
Trabajo, desestimulo al consumo, sencillez, imaginación
Isabel Viana
El Presupuesto es una herramienta fundamental de gobierno. Elaborarlo es función de quienes encabezan temporalmente cada tiempo político. La atribución de los recursos del Estado implica elegir una opción político-económica y filosófica para instrumentar el “desarrollo” del país, así como organizar y dimensionar la pesada burocracia que debe ejecutar las decisiones tomadas.
El conjunto de empleados públicos que la integran arrastra ineficiencias, falta de evaluación y control, duplicaciones y superposiciones de tareas, incluyendo la asunción de tareas ejecutables por el sector privado y la sociedad civil. El empleo público es una herramienta política de retención de votos.
La opción por formas distintas de “crecimiento” implica optar por futuros diferentes. El que considero deseable es aquel donde se crea trabajo, de manera que todos los ciudadanos puedan proveer a sus necesidades básicas y las de sus familias.
El criterio explicitado para otorgar los recursos públicos es priorizar y subsidiar a sectores y personas, postulando que son las que necesitan de ese apoyo para sostenerse. Se vuelcan medios en esas áreas de intervención urgente, con frecuente mengua del interés nacional.
Dentro y fuera del Estado hay grupos de poder (instituciones, sindicatos, empresas, aún personas) que demandan al gobierno el incremento de su porción en el reparto. Cada uno postula su importancia y negocia o presiona para obtener una parte mayor en él.
El gobierno suele aceptar que se gasten más fondos de los presumiblemente disponibles, lo que genera la necesidad de mayores ingresos. Pueden ser impuestos que pagamos todos (IVA) o casi todos (IRPF, IASS) o el aumento del endeudamiento externo, que se suma a la ya existente deuda externa.
Se anuncia que este año el Presupuesto incluye medidas para evitar deseconomías (gastos innecesarios) y que priorizará los rubros atribuidos a la atención de la primera infancia, la educación y la seguridad.
No se visualiza que una sociedad civil dividida y que reclama fondos para atender sus intereses particulares y orientada a patrones de consumo creciente, pueda tener un importante rol voluntario en el proceso.
Voy a usar un ejemplo extremo, pero válido: Inglaterra en los años 1942 y 1943, fue atacada por los nazis. El país resistió gracias al obvio involucramiento colectivo en la defensa. Las políticas públicas promovieron el racionamiento estricto (asignando recursos en función de su disponibilidad y de las necesidades específicas de cada grupo); la sencillez (eliminando lo superfluo, tanto en la administración pública como en la actividad privada) y el aliento al ingenio para suplir localmente lo inalcanzable (mercaderías del exterior). La población en general, asumió individual y colectivamente el esfuerzo para lograr sobrevivir en estado de guerra. En particular, esas políticas y actitudes evitaron la hambruna.
El presupuesto a estudio no ve a la población como actor clave para sobrevivir al estado de violencia económica y sus consecuencias. Desvanecido el sentimiento de pertenencia al colectivo nacional, se toman decisiones individuales que responden a intereses particulares. Compramos afuera, permitimos la comercialización de productos que sustituyan a los de producción nacional (con lo que perdemos actividad económica nacional y empleo), permitimos que los capitales extranjeros obtengan condiciones de excepción y nos paralizamos ante la acción de grupos de presión y lobbies.
Se requiere asumir nuestras limitaciones y responsabilidades como sociedad, así como reconocer imprescindible solidaridad inherente a la condición ciudadana, por encima de grupos, para la construcción del futuro viable.
Presupuesto, semántica y continuismo
Oscar Mañán
Llegó el Presupuesto Quinquenal, y como siempre, abre un debate que va desde las promesas electorales, la significación de un programa político de gobierno y las restricciones que la gestión está dispuesta a aceptar y a qué costes.
Por definición, la Ley Presupuestal, es la expresión financiero-contable que posibilita la aplicación de un programa de gobierno. Para tales efectos, ordena y define el financiamiento por vía ingresos y gastos que estarán a disposición de los instrumentos de políticas públicas.
Ciertamente, el mundo está peor que hace unos años. La actividad económica global decrece, las tasas de interés en los países más influyentes aumentan, hay fuerte retracción de flujos de inversión a los países emergentes, volatilidad de los tipos de cambios que aumentan costos financieros y dificultan el acceso a los mercados de capital, mayor proteccionismo y guerra comercial entre los gigantes (EEUU, China, UE); todo confluye en mayores restricciones para que los países pobres tomen decisiones soberanas de cara al bienestar de su población.
No obstante, el modelo económico vigente demanda altos costos para las finanzas públicas, los intereses en moneda nacional llevan a intereses en dólares mayores, un llamador a la entrada de divisas, con retornos inusuales y superiores a lo que se paga a nivel internacional. La banca privada tuvo el pasado año una ganancia del 32% basado en un Estado subsidiario de los inversores financieros, especialmente extranjeros, con costos acumulados que no solo ahogan la actividad económica, aumentan el desempleo, retrae la inversión productiva nacional y extranjera y engrosa la deuda pública volviendo insostenible el déficit fiscal, retroalimentando una cadena viciosa (más deuda, mayores restricciones, menor dinamismo, desempleo, pobreza y crisis fiscal).
El presupuesto, nada innovador, sigue los lineamientos del gobierno conservador anterior. Algún incremento de gastos (con foco en crecimiento para el trabajo, desigualdades, salud, seguridad) y modificaciones mínimas respecto a los ingresos (localización de algún impuesto y otro a las compras online, etc.). Las justificaciones: el déficit fiscal heredado, disfrazado y desconocido hasta la asunción del gobierno y un nivel de endeudamiento en el límite de una “deuda prudente”.
La distinción semántica del Presidente Orsi y su homólogo del FA entre un programa político y un plan de gobierno, no justifican la distancia del presupuesto con un programa de izquierda y con la racionalidad de los comunes. Si el programa de su fuerza política no obliga a un plan de gobierno congruente con la persecución de los objetivos, significa que aquél fue una simple promesa electoral y, siguiendo el espíritu de las palabras del subsecretario de economía, “sería irrealizable”. No aplica la idea de que su realización excedería un período de gobierno ya que la gente solo les dio crédito para el período 2025-2029.
Los acuerdos salariales no prometen más que un mantenimiento del salario real (cero recuperaciones) y, esto en el caso que las predicciones oficialistas se corroboren, en especial las de crecimiento y recaudación. Ceteris paribus, más miseria patriótica, el 6+1% del PIB para educación se quedará en un 4,2% en 2029, más viviendas y mejor salud (aquí hay alguna migaja), salud mental, fiscalías especializadas, seguirán esperando a que “los utópicos salgan del prólogo” (Viglietti, Esdrújulo).
Nadie sostiene que el dilema es de fácil resolución, pero el rumbo no avizora una ruptura con los fracasos recientes. Tal vez, el plan es, simplemente, permanecer en el gobierno, apuntando al objetivo articulador del resto que es un déficit fiscal manejable. Para la izquierda aplica lo de Mihanovich: “No, permanecer y transcurrir, No es perdurar, No es existir ni honrar la vida”.
El arte de repartir sin sumar
Virginia Cáceres
Cada cinco años nos enfrentamos como país al mismo ritual: una discusión feroz sobre cuánto dinero el gobierno de turno le va a otorgar a cada organismo del Estado, acompañada por un desfile cotidiano de las distintas autoridades e integrantes de la sociedad civil para explicar sus necesidades, describir su realidad, aparentemente desconocida y, por supuesto, pedir algo más, porque lo ofrecido nunca alcanza.
Y así, cada cinco años, el debate se reduce a una puja por monedas, un remate donde cada organismo intenta llevarse un poco más y al final del día nadie gana, nadie se va satisfecho. Para cambiar este ritual es necesario que el presupuesto deje de ser solamente un mecanismo de distribución de dinero.
Los recursos económicos son finitos y más en un país como el nuestro que crece a un ritmo lento, que le cuesta generar nuevas fuentes de ingresos. En ese contexto no alcanza con proyectar crecimiento, no alcanza con ser optimista, al punto del realismo mágico como plantea el actual gobierno manifestando que Uruguay va a crecer un 2.4% y a partir de esa afirmación proyectar el gasto. No alcanza asumir el crecimiento como un acto de fe y sobre esa fe repartir dinero.
Es necesario incomodar un poco el debate y ampliar la discusión, ¿cómo se gasta?, ¿qué impacto tiene el gasto?, ¿Cómo medimos ese impacto?, ¿hay integralidad en la distribución? En un país como el nuestro, con crecimiento lento, poca población y territorialmente chico no podemos darnos el lujo de no analizar el rendimiento del gasto en relación a los objetivos planteados, no a los del organismo beneficiario, sino a los objetivos del país.
En un país como el nuestro no podemos darnos el lujo de no cuestionar si lo que se financia hoy sigue teniendo sentido o si se podría reorganizar con mayor eficiencia.
La política presupuestal en Uruguay se ha vuelto incremental y defensiva: pedir más, justificar lo propio, blindar recursos. Pero medir resultados, evaluar impactos o fijar prioridades país parece algo secundario.
El presupuesto debería ser el instrumento por naturaleza para optimizar recursos, agrupar gastos, ordenar políticas y construir las prioridades país a partir de evaluaciones y monitoreos de las políticas, algo mucho más profundo y, sobre todo, integral que las instancias de rendición de cuentas. Hoy es apenas un ejercicio de reparto, con rendiciones anuales que justifican gasto, disimulan la falta de integralidad y, por supuesto, tratan de conseguir algún pesito más.
Mientras sigamos discutiendo pesos y no resultados, mientras que el debate presupuestal sea netamente incremental, seguiremos condenados a gestionar más gasto sin mejorar la calidad. Y esa inercia no solo aleja la posibilidad de una administración moderna: aleja la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la gente.
