En la década del 60 se instauró el aguinaldo para los jubilados y duró hasta que la dictadura promulgó el Acto Institucional Nro. 9 y lo derogó para todos menos para los militares.
El año pasado se pagaron 67 millones de dólares por el aguinaldo a jubilados y pensionistas militares. Este año el medio aguinaldo de estas personas implicó 35 millones de dólares.
¿Tiene lógica esta situación? ¿No deberían todos los jubilados y pensionistas contar con los mismos derechos? ¿Hay que derogar esta situación de privilegio? ¿Qué porcentaje de la pobreza infantil podría atenderse con estos recursos? ¿No alcanza con que el gasto militar per cápita de Uruguay está entre los más altos del mundo? ¿No debería invertirse ese dinero para otros fines?
Un sistema jubilatorio universal y sin privilegios
Benjamín Nahoum
La no aprobación, en las elecciones del año pasado, del plebiscito convocado por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, dejó sin resolver los enormes problemas creados por la reforma jubilatoria promovida por la coalición multicolor en 2023 (ley N° 20.130): el aumento de los años de trabajo necesarios para jubilarse; el mantenimiento del bajísimo nivel de las jubilaciones y pensiones mínimas; la extensión de la acción de las AFAP, pero tampoco impidió que persistieran todos los problemas que arrastraba el sistema jubilatorio, y que la reforma no sólo no solucionó sino que agravó. Entre esos problemas que existían y persisten, está el de las cajas paraestatales (la bancaria, la de profesionales, la notarial y la militar, que no se llama así, pero lo es): todas comprometidas económicamente y solicitando el auxilio del Estado para salir de sus crisis.
No hay que ser doctor en Economía para darse cuenta de que, en un sistema en que los beneficiarios aportan durante varias décadas y recién después empiezan a cobrar, el arranque va en coche, porque el sistema está percibiendo mucho y pagando poco, pero cuando se multiplican quienes comienzan a cobrar prestaciones, porque ya tienen causal jubilatoria, la aguja se mueve para el otro lado y cada vez más rápido. Por eso las cajas paraestatales, cuando surgieron en toda la primera mitad del siglo pasado (empezando por la militar y terminando por la profesional) tenían dinero de sobra y su problema era cómo colocarlo para que no se desvalorizara (y lo hicieron en retribuciones generosas, a funcionarios y jubilados; en inversiones inmobiliarias, y hasta en el otorgamiento de créditos a sus afiliados) pero ahora la tortilla se dio vuelta y lo que entra no cubre ni de cerca lo que debe salir.
El diálogo social, a que el gobierno de Yamandú Orsi se comprometió para reformar la seguridad social, debe ordenar todos estos temas, y lograr que el sistema jubilatorio, en particular, sea universal (o sea: para todos, y para todos igual); decoroso (con prestaciones adecuadas para que quien ya no trabaja pueda llevar una vida digna); equitativo (para cubrir las mismas necesidades y no en función del aporte realizado por el trabajador, de cualquier rama de actividad) y sin privilegios, esto es: sin requisitos diferentes ni condiciones diferentes según la cara del cliente. Y para que el sistema contemple todo esto, debe ser único y sin fines de lucro, sin regímenes diferentes ni empresas privadas que intervienen para llevarse la parte del león.
Un sistema de esas características se puede financiar en parte con aportes de los trabajadores y de quienes les dan trabajo, pero básicamente se debe financiar con la contribución de la sociedad, realizada a través de la tributación por quienes tienen posibilidades de hacerlo: los sectores de mayores ingresos y los dueños del capital y los medios de producción. Así es en el mundo, y eso sucede en muchos modelos de sociedades diferentes, incluso algunas súper capitalistas.
Mientras tanto, tiene sentido que se otorguen adelantos y partidas no reintegrables a las jubilaciones más bajas para paliar, al menos, situaciones que son dramáticas, pero no que el Estado siga financiando prestaciones de privilegio.
TRANQUI, ALFREDO
Gonzalo Pérez del Castillo
La pregunta se responde por sí sola. ¿Tiene lógica esta anómala situación donde hay jubilados que cobran aguinaldo y otros no? No. No la tiene.
La familia militar, como toda familia, colectividad, confraternidad, logia o club deportivo tiene la auto-ayuda como premisa básica. Nos ayudamos entre nosotros. Eso, de por sí, no tiene nada de malo. Se entiende que los recursos de los que se dispone para otorgar la tal ayuda provienen de la propia familia o colectividad. Se premia al que mejor representa esos valores o al que más contribuye. Un club deportivo recompensa con recursos propios a sus mejores jugadores.
Un caso muy distinto es cuando se manejan recursos ajenos o públicos, pero con esos mismos fines de ayudar a los propios y postergar a terceros. Eso es abuso de funciones o, sencillamente, corrupción.
Transparencia Internacional define muy claramente la corrupción como el “uso de bienes públicos para beneficio privado”. Así de sencillo.
El Índice de Corrupción de Uruguay es el más bajo de América Latina. Es tan legítimo concluir que somos los menos corruptos como que los demás países del continente son aún peor.
El despilfarro de recursos públicos en el Uruguay en lo que llamamos clientelismo, nepotismo, favoritismos , acomodos etc. es monumental y las fuerzas armadas y sus jubilados no son los únicos pecadores.
Militares y civiles, Colorados, Blancos y Frenteamplistas actuando como políticos o como funcionarios públicos se reparten generosamente el dinero de los contribuyentes, año tras año, presupuesto tras presupuesto, en absoluta complicidad y sin que nadie se alarme.
Lo que resulta realmente extraordinario en nuestro país es que cada tanto surge una escandalosa denuncia: ¡Viviendas! ¡Pasaportes! ¡Ambulancias! ¡Salto Grande! Y todos nos indignamos, fingimos demencia colectiva y exclamamos: ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible?
Se verifica entonces alguna renuncia aislada, un juicio o expulsión acompañados de unas tristes aclaraciones y eso dura unos días, tal vez unas pocas semanas. Luego todo vuelve a la normalidad.
No hay motivo para alarmarse, Alfredo. Todo pasa. Todos contentos. No te metas.
¿Quiénes son estos infelices?
Maia Amondarain
No es nuevo en el sistema político uruguayo el debate en torno a las jubilaciones militares, su Caja, y sus beneficios por sobre las de los demás trabajadores uruguayos, por lo que, la existencia de un aguinaldo que reciben solamente los retirados militares, vendría a ser un factor más que reduce el margen argumentativo de aquellos quienes defienden estas diferencias sin categorizarlas como privilegios o desigualdades.
Mientras el sistema político debate sobre la pertinencia de la reforma previsional, mientras las proyecciones sobre la sostenibilidad de este sistema son cada vez menos alentadoras, mientras en el debate presupuestal se afirma que, si se le otorga más presupuesto a la Universidad, menos habrá para los niños pobres; existe una realidad paralela donde 67 millones de dólares por año son destinadas a un complemento a las jubilaciones -solamente- militares.
La vigencia de esta disposición mantenida desde el período de facto en nuestro país, ¿es una omisión, producto de la desidia en el manejo de los recursos estatales, o una decisión política activa? Vayamos por la primera hipótesis, en virtud del cuidado del órgano vital de la esperanza, pero, aun así, sería inaceptable; ya que el resultado es el mismo: que unos pocos iluminados reciban más que muchos con más necesidades.
Entonces, esta cuestión, reafirma que la solución para el desarrollo no es más o menos Estado -dependiendo de la trinchera desde donde grites- sino Estado eficiente, moderno, ordenado. Un Estado donde se deroguen disposiciones vetustas y sin sentido, donde se creen normas pensadas como herramientas para el día a día de los uruguayos. Un Estado en el que los gobernantes puedan dimensionarlo, para que impulse y no asfixie; y, fundamentalmente, uno cuyos recursos estén distribuidos en pos de que los más infelices sean los más privilegiados; ¿o, acaso, seguiremos ignorando las bases sobre las que se funda nuestra Patria?
En tiempos de debate presupuestal, no nos olvidemos que sigue habiendo niños que comen de los contenedores, padres que están presos, madres que se prostituyen, jóvenes que no terminan el liceo, uruguayas y uruguayos desempleados, familias que viven en casas de piso de tierra y techo de chapa, o, directamente en la calle, y abuelos que, después de años de servir a su país, apenas llegan -o no- a fin de mes con sus jubilaciones.
Si algún despistado cuestiona las partidas sociales destinadas a todos ellos, o, se pregunta si es que quieren privilegios o vivir del Estado, tampoco nos olvidemos, y mejor aún, recordémosle a estos despistados, aquellos que sí tienen privilegios; los que sí están prendidos del Estado, los que reciben las mejores jubilaciones, y además, aguinaldo, gracias al Acto Institucional N.9, derogado parcialmente por ellos y en favor de ellos en dictadura, y vigente desde entonces.
