En estos días, una vez más, está quedando de manifiesto que el tiroteo de la lucha partidaria respecto a una determinada decisión política desenfoca el problema de fondo. Mientras escribo estas líneas está en discusión –acalorada discusión- la compra por parte del Instituto de Colonización de la estancia María Dolores, un campo de más de 4.000 hectáreas en Florida por un precio de 32 millones de dólares.
Una cosa es la discusión sobre el acto: esa compre concreta, y otra cosa –sepultada bajo el barullo circunstancial- es la discusión sobre la herramienta: el Instituto Nacional de Colonización, su vigencia u obsolescencia.
La discusión que actualmente está que arde y absorbe la reflexión de unos y la indignación de otros muchos es sobre el acto, la compra de ese campo en Florida. No faltan motivos para el calor de esa discusión. El principal es el precio. Se trata de un campo caro porque tiene unas instalaciones de lujo: un palaciego casco de estancia con muchas habitaciones y dependencias, piscina, sauna, parque y demás. Eso no va de yapa, sino que infla el precio y todo eso que infla el precio no le interesa ni le sirve a Colonización, lo cual hace desaconsejable la compra de ese campo. Dejo de lado todos los detalles entre escandalosos y pintorescos sobre la integración del Directorio del organismo, la forma intempestiva de anunciar la compra asociada a una especie de regalo fúnebre a Mujica y todo lo demás.
Todo eso ha hecho muy difícil un análisis de la herramienta, el Instituto de Colonización. Ya de por sí esa discusión –muy antigua en el país- viene contaminada de ideología, de pasión partidaria y hasta de folklore: se la equipara con el reglamento de tierras de Artigas y la ampara el grito “la tierra para quien la trabaja”, acompañado por guitarra y la voz de Viglietti cantando a desalambrar…
A pesar de estas dificultades para un análisis razonable me voy a arriesgar a desarrollar algunas reflexiones sobre la herramienta. El Instituto de Colonización fue creado en enero del año 1948 por la ley N°11028 para “fomentar la producción agropecuaria y el bienestar rural” (sic).
La situación económico-social que llevó al Partido Colorado a impulsar este proyecto era el latifundio. Es erróneo suponer que las enormes estancias de ese tiempo eran el resultado del atraso mental y la rusticidad de los estancieros. Más bien se trataba de una decisión económicamente razonable a las circunstancias. En aquellos tiempos (y venía de mucho antes) el precio de la tierra era ínfimo. Por consiguiente, era razonable –tenía lógica económica- encarar el aumento de la producción comprando más campo en vez de mejorar el que se tenía. En consecuencia, las estancias se agrandaban y crecían constantemente y no se introducían mejoras.
Pero esa ecuación económica fue cambiando; ahora la tierra, vale mucho y la lógica económica indica que para amortizar el precio y encima sacar alguna ganancia hay que poner mucha plata arriba del campo. Es pues racionalmente más económico mejorar el campo que se tiene antes que comprar más campo. La pura lógica económica ha neutralizado la multiplicación del latifundio.
Colonización reparte tierra, que como vimos vale mucho, pero no le da al colono todo lo que tiene que agregar encima para empardar el precio y eventualmente poder llegar a hacerse propietario de esa parcela. El colono no llega a poder siquiera pagar una renta de verdad (renta de mercado); los colonos arrendatarios están subvencionados porque no son económicamente productivos (o suficientemente productivos). Se verifica una enorme y constante resignación de recursos (pérdida económica) sin una justificación sustentable. Colonización tiene actualmente 400.000 hectáreas arrendadas cuya producción no alcanza para que el colono la pueda comprar. Colonización tiene actualmente miles de hectáreas aún sin adjudicar: vacías.
También se pensó en la época en que se votó la ley que ésta sería un mecanismo apto para evitar el despoblamiento de la campaña. Se pensó desde un escritorio montevideano, con buena intención y poco conocimiento: por eso la ley establece la obligación del colono a vivir en el predio.
Todos los pueblos y todas las razas en todos los tiempos han mostrado una consistente tendencia a la urbanización, a agruparse en poblados. Concebir como un ideal la imagen del colono cada uno en su predio, cada uno en su casita, aislado en la inmensidad del campo, es una aberración. La vida rural en el interior de la República se civiliza en los pequeños poblados, donde hay un boliche para hacer el surtido semanal y encontrarse con los vecinos, hay escuela para los gurises, señal para el celular, una canchita de futbol para un picadito los domingos y quizás una pista para lucir los parejeros alguna vez que otra.
Señalo dos emprendimientos que entendieron cabalmente lo que convenía para prevenir el despoblamiento de la campaña: el MEVIR, (Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural) creado por el millonario, blanco y latifundista Alejandro Gallinal y la electrificación rural que inició Alberto Volonté (también blanco, aunque no latifundista) cuando fue Presidente de UTE. Gracias a esas dos obras puede haber una vida digna en pueblitos que no están ni en el mapa, como Carumbé, Centurión o Cañas, (que el montevideano medio no conoce ni de nombre y no tiene idea dónde se encuentran: el primero queda en Salto, el segundo en Cerro Largo y el tercero en Tacuarembó y en las tres he visto el amanecer).
El Instituto de Colonización es hoy –desde hace tiempo- un anacronismo: no cumple ni económica ni socialmente con el cometido que le imaginó hace setenta años el gobierno que lo creó. Decir esto es una herejía en el Uruguay y la discusión que actualmente sacude el ambiente político quedará enredada en lo anecdótico, el folklore ideológico y la elucubración de montevideanos con una mentalidad capitalina.
