Al día siguiente del reciente atentado contra la fiscal de corte, el presidente convocó a los partidos de la oposición a una reunión en Torre Ejecutiva. Según información de prensa, la reunión se realizó en un clima de cordialidad. Pese a que quedaron de manifiesto diferencias en cuanto a la forma de llevar adelante la lucha contra el narcotráfico, los partidos de la oposición fueron claros en su alineamiento con el gobierno en la defensa de la institucionalidad. En ese sentido, su actitud precedió al exhorto del ministro Carlos Negro, para que los partidos den juntos “una fuerte respuesta institucional de unidad”.
Antes de la reunión, el expresidente Lacalle Pou tuiteó: “En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección”. El senador Javier García afirmó: “Todo el respaldo a las autoridades y gobierno”. El senador Andrés Ojeda fue claro sobre la actitud de la oposición: “Uruguay tiene una capacidad de convivencia democrática y nadie salió a generar un discurso de rédito político partidario”.
En paralelo, un sindicato de la Guardia Republicana denunció una grave falla en la planificación de la custodia de la fiscal general y exigió la renuncia del ministro del interior. Ningún dirigente de los partidos de la CR se subió al carro de ese reclamo.
Desde que comenzó el actual gobierno estos partidos vienen ejerciendo una oposición dura, pero leal. No han dejado pasar ninguna de las desprolijidades e irregularidades del gobierno. Han trancado fuerte, pero siempre con lealtad institucional. La misma lealtad que demostraron en esta ocasión.
El comportamiento democrático requiere mucho más que el respeto de las normas escritas. Es también, y fundamentalmente, el respeto de las normas no escritas que hacen posible el funcionamiento de la democracia. Una de esas normas es la de ejercer el rol opositor con lealtad institucional. La estabilidad del sistema depende en buena medida de ello.
En 2017, cuando quedaron demostradas todas las irregularidades cometidas por Raúl Sendic, los partidos de la actual CR pudieron iniciarle un juicio político. Pero eligieron preservar la institucionalidad del país: simplemente aceptaron la renuncia del vicepresidente. El juicio político a un vicepresidente es siempre una mancha para la democracia de un país.
En esa ocasión, el PN, el PC y el PI actuaron con lealtad institucional. Una lealtad que la dirigencia frentista nunca tuvo cuando, siendo oposición, el país se enfrentó a graves crisis que requerían el mismo tipo de unidad institucional que reclamó el ministro Negro.
En la crisis financiera de 2002 (una crisis que vino de fuera) el FA exigió el default, a sabiendas de que esa medida hundiría al país en el futuro. Y luego, se aprovechó de las consecuencias sociales de la crisis para medrar electoralmente. ¿Se acuerdan aquello de que en Artigas había niños que comían pasto?
Durante la pandemia el FA intentó trancar todo lo que hizo el gobierno liderado por Lacalle Pou, y nuevamente procuró obtener rédito político. Desde la academia y las gremiales médicas trató de minar la estrategia sanitaria del gobierno. Desde los sindicatos organizó una caceroleada y otras medidas contra el gobierno. Peor aún fue el mezquino recurso de hablar de “muertes evitables” en el momento más virulento de la pandemia.
Después llegó la crisis hídrica. Nuevamente el FA se dedicó a medrar con fines electorales. Atribuyó al gobierno la responsabilidad por la falta de agua potable. La apoteosis fue aquella conferencia de prensa, en la que la actual vicepresidenta simuló llorar, mientras leía un informe sobre los riesgos para la embarazadas de consumir el agua de OSE.
También recuerdo una declaración en 2023 del actual presidente, cuando ocurrió uno de los asesinatos que más indignaron a los uruguayos: “Asesinaron con un tiro en la cabeza a un trabajador en un súper, y todos los días nos enteramos de más homicidios. Pero lo que parece preocupar más al Gobierno es quién se atiende en el Hospital Policial. Le están errando” (Montevideo Portal, 30 05 2023). Lejos de actuar con lealtad institucional, el entonces intendente procuró sacar rédito político de la tragedia de un compatriota. El cinismo de sus palabras es atroz y despiadado.
Una cosa es la oposición dura y otra cosa es la deslealtad institucional. Exigir la renuncia de Bonomi o cuestionar la compra de María Dolores es oposición dura, pero hablar de muertes evitables y organizar caceroleos (herramienta emblemática de la lucha contra la dictadura) es deslealtad institucional.
La izquierda uruguaya no actúa con lealtad institucional porque no entiende un principio esencial de la democracia liberal: el de aceptar la legitimidad moral del contrincante. La cultura política de la izquierda, que abreva en los prejuicios marxistas sobre la democracia, no ve en los partidos de la CR un simple competidor, con el que a veces se gana y a veces se pierde. Esos partidos son un enemigo, cuya legitimidad es solamente legal; nunca moral. Con ellos no cabe la lealtad institucional. Es el mismo modus operandi de Trump.
Pese a que el FA hace años actúa bajo esta lógica, los partidos republicanos no han logrado entenderla. La lealtad institucional sólo tiene sentido cuando todos la practican. De lo contrario, quienes no la practican son quienes salen ganando.
La deslealtad institucional (caceroleos, mentiras, tergiversaciones, exageraciones, filtraciones, etc.) fue uno de sus factores de éxito del FA en las elecciones de 2024. A la mayoría de los uruguayos no les importó la inmoralidad con la que el FA ejerció la oposición. Si los partidos de la CR no aprenden la lección seguirán siendo corderos compitiendo con lobos.
No sugiero hacer lo mismo que ellos, porque es incompatible con nuestras convicciones. Pero entre una lealtad “inocente” y la deslealtad institucional hay una tercera opción: no prestarse a los eventos circenses que organizan cada vez que necesitan a sus opositores para vestirse de legitimidad o para compartir la responsabilidad de sus errores.
