El proceso de adquisición de los buques de patrulla de altura uruguayos, estuvo teñido de manejos políticos. Esto afectó que se desarrollara un proceso competitivo entre los distintos oferentes, agregándose que no se habló de compensaciones industriales, que beneficiara en algo la economía uruguaya, por lo menos por medio de un régimen de offset indirecto, frecuente en los contratos de cierta envergadura en las adquisiciones militares. Mientras los políticos discutían, la Armada Uruguaya estaba – y lo sigue estando – en una delicada situación, ante la falta de medios adecuados para la vigilancia y control de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), de casi 150.000 km2, agregándose una plataforma continental de 83.000 km2.
Dichos espacios, se ven afectados por la pesca INDR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada) afectando la sostenibilidad especialmente de especies tales como la merluza común y la corvina de gran valor para la economía uruguaya. Los altos niveles de sobreexplotación, como de una fuerte presencia barcos pesqueros no autorizados, llevó a que la pesca uruguaya de 120.000 toneladas en los 90’, descendiera para el 2020 a 50.000 toneladas según la Organización de Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas (o FAO). Se estima que el 30% de las actividades que se desarrollan en la ZEE uruguaya, son ilegales. Esto afecta seriamente la biodiversidad marina y tiene un impacto económico sumamente negativa para Uruguay.
La decisión de adquirir solo dos buques de patrulla a Cardama, es insuficiente para el control de la ZEE. A nuestro modesto juicio el país precisa tres o cuatro buques, que permita tener como mínimo dos estaciones de patrulla y una reserva para ser desplegada en apoyo. Asimismo, es de suma importancia que los buques en cuestión cuenten con helicópteros. Estos medios, incrementan el radio de acción del buque, realizan tareas de búsqueda y rescate, transporte, evacuación sanitaria, reabastecimiento, interdicción marítima y control de actividades de pesca ilegal.
El potencial que refleja la Inteligencia Artificial (IA), se transforma una poderosa herramienta, junto a los buques de patrulla en construcción, para mejorar las capacidades para la vigilancia y control de los espacios marítimos. Sistemas como el LRIT (Long Range Identification and Tracking), los sistemas de control de tráfico (TMS: Traffic Monitoring System) y la actividad marítima (VMS: Vessel Monitoring System) y de control de puertos, generan un importante volumen de información, junto con ONG que se dedican al monitoreo de datos sobre las flotas pesqueras para combatir la depredación de los mares. El empleo de la IA puede impulsar al diseño de sistema de vigilancia estratégica del mar, a los fines de analizar la enorme “masa” de información y convertirlo en inteligencia para identificar los riesgos y amenazas a los intereses marítimos propios. Países como Uruguay, con recursos limitados para su sistema de defensa, demandan de sinergias y un uso racional de las capacidades nacionales.
El caso Cardama, invita a la reflexión, sobre aspectos tales como el planeamiento, gestión de proyectos, régimen de compensación industrial (offset) y mecanismos de financiamiento de los medios militares. Una interesante lección, fue la contratación por parte de la Marina Real británica del patrullero de altura HMS Clyde. Un buque de 2.000 toneladas, construido por VT Shipbuilding, fue arrendado con opción a compra. El constructor se hizo cargo del mantenimiento y reparación del buque. Finalizado el contrato, la Marina británica, no ejerció el derecho de opción a compra y el buque pasó a manos nuevamente de BAE Systems, quién finalmente lo vendió a la Marina de Bahréin. El Reino Unido tiene una interesante experiencia en materia de asociación público privada en contratos de defensa (el caso del patrullero HMS Clyde, transporte aéreo y reabastecimiento, entrenamiento de pilotos de las fuerzas armadas). Esto puede ser una oportunidad para sectores financieros y productivos locales en alianza con industrias para proveer soluciones a las fuerzas armadas.
La experiencia vivida con el largo proceso de adquisición de los patrulleros de altura, demandan cambios en los mecanismos de adquisición de sistemas de armas, disponer de una verdadera política de armamento y material. No solo eso, el país precisa definir una política de defensa, que fije claramente objetivos, acorde a los recursos del país que permitan llevar a cabo un planeamiento acertado, a los fines de diseñar las fuerzas armadas que requiere Uruguay. La grave situación que atraviesa la Armada es el resultado de limitaciones en cuanto a los recursos y también políticas cortoplacistas. Los recursos existentes en la ZEE, exigen sin demora que la fuerza naval uruguaya, con buques cargados de años y al final de su vida útil, la incorporación de buques de patrulla oceánica. Ello no significa que Uruguay tenga capacidades mínimas requeridas para su seguridad marítima, sino que dichos buques deben ser el primer paso hacia un proceso de recuperación de capacidades en el mediano plazo.
