Hay cuestiones que hacen a la curva de aprendizaje y maduración de las organizaciones, sean éstas de cualquier naturaleza. Entendiendo que existe una relación significativa entre el nivel de madurez de una organización social, gremial y política y el grado de formalidad de su gobernanza. Ya es hora de un viraje, firme y decidido, a favor de la transparencia obligatoria y con sanciones severas de rápida implementación.
Hablar de madurez organizacional implica evaluar la capacidad de planificación estratégica, la consistencia de sus procesos internos, la claridad de los roles y de sus responsabilidades, sistemas de rendición de cuentas y la adaptabilidad ante los cambios. Expresado en otras palabras, una organización madura tiende a tener estructuras más sólidas, procesos estandarizados y mecanismos de evaluación.
La formalidad en la gobernanza refiere a las normas escritas y procedimientos establecidos; a los órganos de decisión claramente definidos, transparencia en la toma de decisiones, participación regulada de los miembros, así como mecanismos institucionalizados de control y fiscalización. Ello se ve en sindicatos y gremiales consolidados, así como partidos con larga trayectoria.
En Uruguay, la madurez organizacional no equivale simplemente a una mayor formalidad; los gremios han transitado hacia esa lógica, aunque con algunas tensiones. Pero la transparencia en un principio fundamental que implica la disponibilidad de la información en manos de las instituciones, en particular, las que asumen representación de sus asociados, y ´que también gozan de beneficios para viabilizar su vida instituciónal. Es importante, igualmente, aunque ya existe normativa al respecto, para las instituciones gubernamentales. Hay por encima del principio de transparencia un valor sistémico, inherente a la democracia-
Por último, la madurez organizacional no siempre ha significado mayor rigidez formal, sino capacidad de adaptación y coordinación. Más allá de los recorridos propios, todas muestran que la formalidad es un medio, no un fin: lo decisivo es la legitimidad de las reglas y la eficacia de la acción colectiva.
Renovación
La renovación organizacional es un proceso de transformación profunda mediante el cual una organización actualiza, de manera armónica, sus estrategias, estructuras, procesos, cultura y capacidades para transformarse, proyectándose en el tiempo. Se trata de un rediseño integral que busca revitalizar la organización frente a nuevos desafíos. Su éxito dependerá de dos factores claves: uno, el liderazgo con visión capaz de comunicar el cambio; y 2. la participación activa de los miembros, porque sin compromiso colectivo ni involucramiento, la renovación queda en el papel.
Pero hay bases estructurales obsoletas que desbloquear, energías transformadoras que liberar. Pero sin inversión, la renovación será discursos. Se requiere de recursos financieros, tecnológicos y humanos para sostener el cambio. Propuestas claras y transparentes, sin ambigüedades.
También flexibilidad institucional. O sea, marcos normativos que permitan introducir cambios sin quedar atrapados en laberintos burocráticos.
Culturales y gestión
Hay tres grandes claves; liderazgo con visión, comunicación para la transparencia y la gestión del cambio. En este caso, se trata del más alto nivel de la planificación, hitos y mecanismos de seguimiento.
Sin embargo, la renovación en las organizaciones gremiales y políticas tienen otras tres condiciones: el relevo generacional que aporte nuevas prácticas sin romper con la memoria histórica; la capacidad de articular redes (con partidos, Estado, sociedad civil) para no quedar aislados; y una formalización adaptativa: reglas que den estabilidad, pero con mecanismos flexibles para responder a coyunturas.
En suma, la renovación organizacional requiere visión estratégica, recursos, cultura de apertura y un entorno que propicie el cambio. Y lo esencial, una relación de ida y vuelta, para generar propuestas para liderar expresiones de cambios.
El profesional de la política
Pero no ocurrirá por generación espontánea: requiere un conjunto de condiciones habilitantes que hagan que el proceso sea sostenible y no un mero enunciado. Desde que las formaciones políticas fueron desarrollándose y se asumió que la actividad político-gremial requiere de una dedicación que no puede recaer en los tiempos ociosos de los voluntarios, comenzó un debate acerca de la necesidad de la profesionalización de cierta franja de dirigentes y militantes.
Las organizaciones todas hace varias décadas que cuentan con directores, profesionales y funcionarios que perciben algún tipo de compensación por su labor. Y es inadmisible que hoy, en el grado de evolución y volumen de recursos que disponen, se pretexte por la opacidad. Especialmente, cuando todas ellas cuentan con el beneficio de renuncias fiscales, es decir, dineros propios de la sociedad.
Otros tiempos
Mucha agua ha corrido bajo el puente. Los criterios que ayer eran bienvenidos hoy ya no lo son. El concepto de democracia y de transparencia son más intensos y exigibles. Aquella confianza nacida de la lucha militante, arraigada en el voluntariado y en los buenos propósitos, requiere urgentes reformulaciones que tienen que ver con valores que la propia fuerza política y todas las fuerzas vivas: la obligación de transparentar sus cuentas. Ello es accesibilidad a una información mínima obligatoria.
Todos, sin excepciones de ningún tipo, deben informar de manera clara y detallada la información relacionada a remuneraciones y compensaciones de cualquier especie a los efectos de validar la confianza pública a estas formas de asociación voluntaria.
El incumplimiento de esta norma pro transparencia debe incluir rápidas y efectivas sanciones que traben el funcionamiento de la organización. A cuenta de mejoras soluciones, con intervención judicial preceptiva, imponer la suspensión transitoria y de reiterarse, definitiva, de los certificados de situación ante DGI, BPS y del registro RUPE.
