El pasado lunes 14 de abril se vieron las caras en la Casa Blanca Donald Trump y Niyad Bukele, presidentes de Estados Unidos y El Salvador. La reunión se realizó en el marco de gran amabilidad (Bukele sin corbata, al igual que Zelenski, pero sin recibir críticas por ello) y Trump agradeció a Bukele por sus servicios como guardia cárceles americano al recibir personas deportadas desde Estados Unidos ya sean salvadoreños o venezolanos y alojarlos en el majestuoso y tenebroso Centro De Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Allí hay más de 50000 pandilleros encerrados por Bukele en su lucha contra las maras salvadoreñas. La mayoría de ellos están allí sin sentencia y sin los requisitos del debido proceso. La vida allí dentro es bastante compleja: no hay visitas para los reclusos y su acceso a los abogados es limitado.
No es recomendable pasar allí ni siquiera un día, ni siquiera por error. Este es el caso de Kilmar Armando Abrego García, que fue deportado a El Salvador el 15 de marzo junto con otros compatriotas, supuestamente por vinculación con pandillas. Pero Abrego García no tenía antecedentes penales ni pertenecía a ninguna pandilla. Era un salvadoreño que vivía en Maryland, con estatus legal protegido desde 2019 por una orden judicial, lo que impedía su deportación a El Salvador o a cualquier otro país.
Sin embargo, allí fue a dar por algo que la administración Trump reconoció a los pocos días como “una error administrativo” por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con todo, la administración Trump dijo que no podía hacer nada por Abrego García, ya que estaba bajo custodia salvadoreña. Abrego García, bueno es decirlo, vivía en Estados Unidos desde 2011, estaba casado con una ciudadana americana y tenía un hijo de 5 años, también ciudadano americano, con discapacidad. El 31 de marzo, en un expediente judicial, la administración Trump dijo que no pueden repatriarlo porque está bajo custodia salvadoreña y los tribunales americanos no tienen jurisdicción en ese país: algo tan obvio que no sirve como excusa.
Afortunadamente, el sistema judicial americano no comparte la visión de la administración Trump y ha dispuesto en dos instancias que Estados Unidos debe hacer todos los esfuerzos para “facilitar” el regreso de Abrego García. Primero lo estableció la jueza federal Paula Xinis de Maryland, quien ordenó su regreso al país y determinó, además, que la administración Trump le informara diariamente de los pasos dados para asegurar ese retorno, algo que no ha cumplido hasta ahora.
Luego, el 10 de abril, fue la Suprema Corte de los Estados Unidos quien dictaminó que Abrego García debía retornar al país y que el poder ejecutivo americano debía “facilitar” su regreso.
A Trump no le gustó mucho la orden judicial pero dijo que “si la Suprema Corte dice que hay que traer a alguien de regreso, yo lo haré”. Y concluyó: “yo respeto a la Suprema Corte”. Bueno fuera que no la respetara. Algo que ni siquiera debió aclararse porque en un “estado de derecho”, el presidente no está por encima de la ley y debe cumplir las órdenes judiciales, le gusten o no, respete o no a “la Suprema Corte de Justicia”. De lo contrario, se estaría frente a un régimen autoritario propio de un país bananero (sin ofensa a los productores de bananas que respetan la ley) y no de una república que pretende ser un faro de libertad.
La Suprema Corte, oyendo una apelación contra la resolución de la jueza Xinis, dictaminó por unanimidad que “la orden de la jueza correctamente requiere al gobierno que “facilite la liberación de Abrego García de El Salvador y que se asegure que ese caso sea tratado como debería si no hubiera sido incorrectamente enviado a El Salvador”.
Pero aunque Trump “respeta a la Suprema Corte” no ha dado pasos para cumplir su orden. No ha usado, hasta el momento, siquiera la buena relación que tiene con su colega salvadoreño.
Y en la reunión que mantuvo con Bukele, Trump no pareció muy preocupado por la situación de deportado. De hecho, dejó que la Fiscal General Pam Bondi respondiera. Y la señora Bondi dijo que el retorno de Abrego García era una cuestión que correspondía a El Salvador, “si es que quiere devolverlo”. Y continuó: “no nos corresponde a nosotros pero si ellos (El Salvador) quieren devolverlo les podemos facilitar un avión”.
Pero el presidente Bukele no se manifestó muy entusiasmado en devolverlo. Primero lo llamó “terrorista” (sin que haya sido condenado en juicio) y luego fue más allá en su respuesta a la pregunta periodística: “Supongo que usted no está sugiriendo que yo envíe de contrabando a un terrorista a los Estados Unidos. Es una pregunta absurda”.
Obviamente que si Bukele quisiera devolverlo, le bastaría liberarlo y llevarlo al avión que envíe Estados Unidos. No habría ningún “contrabando de terroristas”.
De modo que no parece haber mucho interés en los presidentes Trump y Bukele en buscar una solución a este “error”, que más que un “error” es un “horror”. Trump se lava las manos diciendo que está en jurisdicción salvadoreña y Bukele dice que no puede “contrabandear” un terrorista a los Estados Unidos. Se escudan en falsos argumentos. Se ríen del estado de derecho, la independencia de la justicia y la plena vigencia de las garantías individuales, entre las que se cuentan que nadie puede ser condenado sin juicio previo y que todos son inocentes mientras no se pruebe lo contrario.
Un triste espectáculo para el mundo. Y más triste aún para Kilmar Armando Abrego García, que seguirá confinado en la lóbrega cárcel de El Salvador sin juicio ni posibilidad de defensa. Por suerte, el senador demócrata por Maryland Chris van Hollen pudo viajar a El Salvador y, luego de varias peripecias, reunirse con Abrego García en un hotel céntrico. Según contó el senador, Ábrego fue transferido hace 9 días a una prisión en la localidad de Santa Ana en la que había “mejores condiciones”, pero en la que sigue totalmente incomunicado con el mundo exterior sin poder hablar con su familia y con abogados.
El caso Abrego García es solo la punta del iceberg en la tensión entre Trump y la justicia americana por deportaciones. Hay muchos más casos. De hecho, la Suprema Corte de Justicia dictó el sábado 19, por 7 votos a 2, una orden impidiendo deportaciones de 50 venezolanos.
El secretario de Estado Marco Rubio dijo que la justicia no podía diseñar la política exterior de los Estados Unidos. Le faltó reconocer que una cosa es la política exterior y otra la violación de la ley o el desprecio a los tribunales. Lo que está en juego aquí no es una política exterior, más o menos tolerante con la inmigración, sino el respeto al estado de derecho. Algo que la administración Trump no parece tener en demasiada estima.
