La decisión de los partidos Nacional y Colorado de no integrarse al llamado “Diálogo Social” sobre seguridad social —más allá de tildarse de error o estrategia previsible— encierra un reclamo esencial que merece ser escuchado con detenimiento: ¿por qué la voz de los partidos, legítimos representantes populares según nuestra Constitución, debería diluirse a favor de organizaciones cuya razón de ser es defender intereses sectoriales? La pregunta puede resultar incómoda, pero hay que plantearla.
Equilibrio de representaciones
En el esquema presentado, la balanza de invitados a la Comisión Ejecutiva se inclina notablemente hacia el gobierno, por la sencilla razón de que hay representantes del gobierno, del partido de gobierno y otras organizaciones sociales próximas, o muy próximas, al Frente Amplio. No es menor que, en la práctica, un representante de un gremio tenga el mismo piso de participación, o incluso mayor piso, dependiendo cómo se considere a ese representante o grupo de representantes, que los legisladores elegidos directamente por la ciudadanía el domingo 27 de octubre de 2024. Frente a ese desequilibrio, la oposición de blancos y colorados plantea un reclamo de sentido común: que su espacio de representación, avalado por votos y bancas, no quede sub representado. Al no garantizarse ese reclamo inicial, el diálogo corre el riesgo de convertirse en una conversación entre grupos afines. Esto también resulta entendible, a la luz de la autocrítica del FA y la necesidad que detectaron sus dirigentes de fortalecer el diálogo con la gremial sindical y la Intersocial, algo que comenzó a fortalecerse a partir de la oposición férrea a la LUC. Pero eso ameritaría otro análisis
Lecciones del pasado reciente
Algo que no se ha dicho, es que el FA en esta oportunidad no está en posición de reprochar esta actitud. Cuando fue oposición durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, -dejando al margen el caceroleo y el comunicado del Sindicato Médico, otro de sus satélites- promovió con el PIT‑CNT y la Intersocial el referéndum contra la LUC, movilizando todos los recursos en territorio para frenar una ley emanada de un Poder Ejecutivo distinto. Y con ese rol opositor tan mal no le fue.
La paradoja de avalar el mecanismo
Si la oposición decidiera sumarse al proceso en estas condiciones, estaría legitimando un formato que lleva inscrita a fuego la influencia de intereses corporativos. Estaría avalando una moneda de cambio que el oficialismo le debe a los grupos que no lograron que prospere el plebiscito de la seguridad social. Y, tarde o temprano, cuando el gobierno le dé trámite legislativo al “Diálogo Social”, blancos y colorados se verían obligados a reconocer que fueron parte de ese proceso. Y cabe reiterar que las diferencias que pueda tener la oposición seguramente se plasmen en el contenido, pero aún más importante que ello, es la paradoja de que, conceptualmente, estarían reconociendo que el verdadero interlocutor de la agenda social son los gremios y no los partidos.
Ventaja táctica
El FA se ve doblemente beneficiado con la celebración de este ámbito. Cumple con su electorado y honra compromisos, especialmente con la constelación de organizaciones que le han apoyado a lo largo de estos años de oposición. Pero también se beneficia, al dejar en evidencia que la coalición republicana está lejos de ser un actor unificado. Cabildo Abierto ya parece estar decidido a profundizar su nuevo rol de pivot parlamentario, probablemente con alguna lógica de relacionamiento estilo quid pro quo con el oficialismo. Eso naturalmente debilita la decisión de blancos y colorados de no participar.
Diálogo Social en democracia representativa
Más allá de cálculos tácticos, hay aquí una cuestión de fondo: ¿qué lugar tienen los partidos políticos —cuyos cargos representan la voluntad directa del electorado— frente a los sindicatos, cámaras u otros grupos de interés que defienden intereses legítimos pero sectoriales? En un régimen parlamentario, los acuerdos políticos deberían cerrarse entre las fuerzas electas. El Parlamento, que es el ámbito natural para esto, cuenta con los mecanismos necesarios para que, además, sean escuchadas todas las voces de la sociedad. Pero ello ocurre en el marco de un balance, donde los partidos son los legítimos protagonistas, como así también sus programas de gobierno. De lo contrario, corremos el riesgo de erosionar el principio de soberanía popular, colocándolo al mismo nivel de corporaciones que, por naturaleza, no pueden hablar en nombre de toda la sociedad.
