Hace algunas semanas, legisladores de distintos partidos políticos entregaron una carta al cardenal Daniel Sturla con el objetivo de invitar al Papa León XIV a concurrir al Parlamento en caso de que concrete una visita a Uruguay. La iniciativa fue multipartidaria. Lo cual, en tiempos de polarización política, evidencia algo más que una cortesía diplomática. Revela algo más profundo: ¿en qué tiempo y espacio recibe una democracia que se construyó sobre la laicidad más militante de América Latina a la figura religiosa más visible del planeta? La pregunta sobre el lugar, el Palacio Legislativo, uno de los lugares que mejor representa la democracia uruguaya, no es protocolaria. Es filosófica. De ahí las reacciones de algunos legisladores respecto al eterno debate uruguayo sobre la laicidad, que, por momentos, es un viaje en el tiempo al siglo XIX.
El experimento más radical
Uruguay no es un país laico más. Es, como en muchas otras cosas de Latinoamérica, la excepción. Desde la Constitución de 1919, el Estado uruguayo no solo separó el Estado de la Iglesia católica, sino que también buscó definir la identidad nacional en términos explícitamente seculares, al punto de cambiar los nombres de las fiestas religiosas, y algunas ciudades que hicieran referencia al santoral cristiano. Solo proyectos de ruptura tan radicales como la Revolución Francesa o la soviética tuvieron la pretensión de reordenar el tiempo y el espacio borrando la herencia cristiana.
El proyecto laicista uruguayo tiene una genealogía europea precisa. Nació del agotamiento de las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, y cristalizó en la Paz de Westfalia de 1648, que estableció tres principios que refundaron la política occidental: el Estado abandona la búsqueda de unidad religiosa, promueve un régimen de tolerancia y garantiza el libre ejercicio de la fe. La religión, que era el cemento y la dinamita de los reinos, pasó a ser asunto del fuero privado. El canciller francés Michel de l’Hôpital lo dijo sin rodeos: no importa si la religión es verdadera, importa que las personas puedan vivir en paz. Ese axioma es el fundamento de la laicidad moderna. Es también su límite.
Lo que la laicidad no pudo hacer
El orden westfaliano produjo, con el tiempo, una “subjetivación de la religión”: el Estado dejó de proteger la verdad religiosa objetiva y pasó a proteger el derecho subjetivo de cada persona a creer según su conciencia. Este movimiento fue un avance civilizatorio. No obstante, tuvo un costo filosófico que hoy resulta difícil de ignorar. Al tratar la fe como una preferencia privada más, equivalente, en el lenguaje constitucional, a cualquier otra convicción moral, la cultura política liberal la redujo a algo que no es. La fe religiosa no es una preferencia de consumo cultural. Para quien la vive, es una respuesta a una pregunta constitutiva de la condición humana: la pregunta por el sentido último de la existencia.
Varios académicos han cuestionado seriamente esta narrativa fundacional. Por ejemplo, William Cavanaugh, en The Myth of Religious Violence, ha demostrado que las guerras de religión europeas no fueron causadas exclusivamente por la religión, y que el Estado secular no emergió como solución neutral. Esas guerras también fueron de construcción estatal, en las que factores políticos, dinásticos y económicos jugaron un papel tan determinante como los teológicos. El Estado secular no nació neutral: nació victorioso, y escribió la historia a su manera. Si el mito fundacional de la laicidad es inexacto, sus bases filosóficas quedan más expuestas de lo que suele admitirse.
El dilema que León XIV hace visible
El constitucionalista alemán Ernst-Wolfgang Böckenförde formuló hace décadas el problema estructural: “El Estado liberal secularizado vive de presupuestos que él mismo no puede garantizar.” En otras palabras, este régimen político requiere, para funcionar, un conjunto de disposiciones morales —solidaridad, confianza, sentido del bien común— que no puede producir por sí mismo mediante leyes y coerción. Históricamente, esos recursos provinieron, en gran medida, de las tradiciones religiosas. Pero la interpretación laicista de la cultura política liberal tiende a erosionar esas mismas tradiciones. La contradicción es estructural, y ningún ajuste técnico la resuelve. La discusión sobre si León XIV debe o no visitar el Parlamento uruguayo pone de manifiesto este dilema de una manera que los debates académicos rara vez logran hacerlo.
Laicidad o laicismo
En ese sentido, las reacciones que vuelven a aparecer ponen de manifiesto que es necesario diferenciar estos dos conceptos, de forma de superar el debate decimonónico y entrar, en este tema, en el siglo veintiuno. Una cosa es la laicidad como principio jurídico: separación de esferas, neutralidad del Estado en materia religiosa, protección igualitaria de creyentes y no creyentes. Otra cosa es el laicismo como ideología: la convicción de que lo religioso es regresivo, que debe ser excluido de la esfera pública y que la razón secular es el único lenguaje legítimo de la democracia. La primera protege la libertad; el segundo la restringe, aunque lo haga en nombre de la libertad.
Una democracia constitucional genuinamente plural no excluye las voces religiosas del debate público: las somete a las mismas exigencias de inteligibilidad y respeto mutuo que exige de todas las demás. Las comunidades religiosas no son clubes de opinión privada; son actores constitutivos del espacio público que forman caracteres, sostienen solidaridades y articulan concepciones del bien que el mercado y el Estado por sí solos no pueden generar.
La pregunta que plantea la visita de León XIV a Uruguay no es si el Papa puede entrar al Palacio Legislativo. Es más profunda: ¿puede el Uruguay laico reconocer, sin traicionarse a sí mismo, que la religión no es un residuo premoderno que la razón secular debe gestionar, sino una dimensión constitutiva de la experiencia humana que una democracia madura debe saber integrar? La respuesta que dé a esa pregunta dirá más sobre la madurez de su democracia que sobre su laicidad. Y también, de paso, sobre si la laicidad uruguaya del siglo XXI tiene algo nuevo que decir, o si sigue debatiendo con los fantasmas del novecientos.
