En los primeros días de abril de este año, “el proyecto del senador colorado Adrián Peña para transparentar los ingresos a las intendencias no consiguió la aprobación en el plenario del Senado, donde se sometió a votación”. Pero el inicio de esta peripecia legislativa había comenzado el 10 de mayo del año anterior, 2023, cuando la iniciativa era presentada en el ámbito legislativo.
El propósito muy claro: “declárase aplicable a los Gobiernos Departamentales las normas legales que establecen para la designación de personal presupuestado o contratado de la Administración Central, el preceptivo procedimiento de concurso público y abierto, así como aquellas que establecen la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización del período de gobierno”.
Además de éstas, cuentan también las alcanzadas por las leyes que “establecen cupos de discriminación positiva en beneficio de colectivos protegidos”, al tiempo que establece que será la Oficina Nacional de Servicio Civil la que controlará las bases de los llamados antes de su publicación.
La propuesta de Peña adquirió una dimensión mayor no sólo por las coincidencias que la iniciativa concitó, sino por el fallecimiento del legislador en un accidente de tránsito. Las muestras de dolor del sistema político y de la sociedad, dieron otra dimensión a la figura del dirigente político colorado. Y al momento del reconocimiento a su labor parlamentaria, unánimemente se destacaba la importancia de la iniciativa.
Sin duda, Este frustrado proyecto para la transparencia y democratización del estado, en particular, de las intendencias, ha sido el legado político de Peña, cuya muerte repentina ha dado lugar a una revisión. Sin hacer vaticinios, a veces, los cambios en los estados de ánimo producen nuevas oportunidades.
¿Qué proponía Peña?
Lo que motivó a Adrián Peña a proponer estos cambios, expresado en sus propias palabras, es «algo que es básico, que es el principio de igualdad: todos los ciudadanos deben tener el mismo derecho de acceder a un empleo público y no aquél que justo pisó el comité acertado antes de la elección. El que erró de comité o se quedó en la casa tiene mucho menos chance, y eso me parece que obedece a cumplir con ese principio de igualdad a la hora de las oportunidades». En estas declaraciones al programa En Perspectiva, también expresó que «la ley lo que está tratando es que ese margen, se minimice de forma tal que, desde la norma, de verdad acotemos esas malas prácticas. No quiere decir que todos las hagan, pero en la medida en que lo limitemos, quien quiera tener prácticas de este tipo va a tener dificultades para llevarlas adelante».
El origen de la idea
En la misma entrevista, Peña recordaba que «esta idea fue presentada como un aditivo en la rendición de cuentas pasada por el Frente Amplio. En la madrugada del último día de votación, el Frente Amplio presentó un aditivo que el senador Sánchez lo presentó como una síntesis de mi proyecto. Fuimos a votar y nos faltó un voto, y en realidad ese voto faltó porque por un tema administrativo el senador Bergara no había pedido licencia y su banca estaba libre a la hora de la votación. O sea, que de haber estado ocupado esa banca ya hubiese sido ley».
Hay, en esas declaraciones de Peña, una afirmación que desbarata, el temor a una eventual inconstitucionalidad del texto. Una de las fortalezas, dijo en aquel momento, “que tiene (este) proyecto es que fue analizado por la oficina del Servicio Civil que cuenta con el asesoramiento del doctor Rotondo, catedrático reconocido en la materia que ha descartado la inconstitucionalidad del proyecto. Me quedo con este aporte que se nos hizo en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Por el lado de los constitucionalistas ya hay consultas hechas y no habría problema en esta materia exactamente».
Algunos comentarios
Lo primero es lo primero; la integridad, que es básica de la política económica y, por lo tanto, para la construcción del bienestar económico y social. Por ello hay que observar el problema desde la perspectiva de mejoramiento de la gobernanza pública, reforzando el compromiso con una democracia pluralista basada en el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos”.
Por ello, y para ver el problema desde una mejor perspectiva, hay que atender al sistema de leyes, regulaciones, políticas, prácticas, funcionarios, organismos y unidades que fortalecen las decisiones éticas, que son las que previenen la corrupción o, por lo menos, la conducta licenciosa. Para trabajar en función del bien público es necesario desarrollar un sistema de gestión de integridad. Más allá de la nomenclatura, el propósito es que para promover la integridad y la ética en el sector público se requiere de un enfoque sistémico.
De ello, entonces, resulta claro que el esfuerzo a propender es a la coherencia con otros elementos de la gobernanza pública. Así, aquello que contribuya a mejorar la integridad pública es bueno para la responsabilidad compartida de todos niveles de gobierno, cada uno según sus mandatos y particular autonomía, en consonancia con los marcos jurídicos correspondientes.
La recomendación es pertinente para todos los niveles de gobierno, para construir confianza, no sólo a partir de mayores niveles de transparencia, fundamentalmente por la solidez de la credibilidad de un enfoque sistémico, basado en un sistema de gestión integral.
Porque un enfoque sistémico para la gestión de la integridad es valioso porque entiende y conceptualiza a la organización, al estado, como un todo, garantiza reglas y valores que se respalden mutuamente (capacitación, códigos de conducta y de ética) y también debe ser compartidos por todos o casi todos.
También se trata de un país, completo y coherente, y no de departamentos cimarrones. Una rémora de una concepción agotada y costosa. De lo que se trata es de asumir que estamos en el siglo XXI, y de actuar en consonancia.
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