Crear una nueva universidad no es tarea sencilla. No alcanza con poner un cartel y asumir que, con eso, las instituciones madre se transforman en universidad. Implica mucho más: definir su arquitectura institucional y su forma de gobierno, además de implementar políticas que generen condiciones para el desarrollo académico. Esto supone contar con infraestructura adecuada, recursos humanos altamente calificados y con alta dedicación, así como laboratorios para la enseñanza y la investigación. Todo ello requiere inversiones significativas, y, sobre todo, decisiones políticas respecto al modelo académico propuesto. En el caso de la Universidad de la Educación, también implica definir cómo se absorberán las estructuras y los recursos humanos hacia la nueva institucionalidad, incluyendo decisiones sobre aquellas que no se ajusten a lo requerido. Por más complejo que parezca, esto debería estar claro antes de iniciar cualquier proceso para evitar que se convierta en un cambio de nombre.
Si se quiere hacer bien, esto no es fácil. No alcanza con aprobar una ley y asignar presupuesto para que, mágicamente, surja una institución universitaria de calidad. Aspectos básicos, como definir qué tipo de recursos humanos se necesitan, con qué perfiles, formación, dedicación y tareas, son determinantes del éxito del proyecto. Si se apunta a ello, parece imprescindible construir la propuesta sobre consensos políticos sólidos, especialmente en torno al modelo académico deseable que permita superar las limitaciones actuales y responder a los problemas detectados (¿o no?) en la formación docente.
Sin embargo, para sorpresa (o no…), todos los intercambios políticos hasta el momento se centraron en un único punto: decidir si la universidad será cogobernada o no. El cogobierno, por sí mismo, no define el desarrollo institucional. Tiene ventajas y desventajas, pero no garantiza ni impide el éxito. Entonces, ¿no sería más sensato como país centrarse primero en entender qué problemas se busca resolver, con un diagnóstico claro? A partir de eso, ¿no correspondería definir los modelos de formación docente necesarios, y recién entonces, diseñar la institución más eficiente y sostenible para implementarlos? ¿Debe el sistema de gobernanza el eje del debate parlamentario? ¿A nadie en el parlamento le parece razonable analizar si la propuesta académica del Anteproyecto permite o no alcanzar los objetivos planteados?
Invertir en una nueva universidad es una apuesta de la sociedad. Por eso, tener claro qué problema se quiere resolver y cómo hacerlo debería ser el punto de partida. En el caso de la Universidad de la Educación, según el Anteproyecto, el objetivo central sería mejorar la formación de los futuros profesores mediante el contacto con investigación en temas educativos. Más allá de las carencias centrales de la propuesta (ver nota en Voces 935, 23/10/2025, p. 17), y considerando que se heredarán instituciones no universitarias con una tradición y capacidades, ¿es esta la mejor estrategia?
Cuesta creer que el Parlamento vuelva a discutir el tema centrándose solo en el cogobierno. La historia de los propios actores políticos los desautoriza: buena parte de la oposición rechaza incluir el cogobierno, pese a que muchos de sus legisladores integraron órganos de la Udelar en el pasado sin cuestionarlo. Incluso, cuando tuvieron mayoría parlamentaria, nunca propusieron modificarlo. Por su parte, el actual gobierno tampoco hizo un análisis serio sobre por qué la UTEC logró determinados resultados sin cogobierno. Más aún, promueve crear una Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento en la órbita de Presidencia, sin participación de actores académicos, y eliminando mecanismos de consulta existentes a través de la integración actual del CONICYT. Es decir, ni gobierno ni oposición son transparentes en esta discusión, y parecen más concentrados en imponer sus intereses que en resolver un problema del país.
Como dice el título, es una discusión que no levanta vuelo. Uno esperaría un Parlamento informado, con legisladores que comprendan las limitantes actuales de la formación docente, que analicen alternativas, y discutan con fundamento. Uno esperaría que todos compartieran el interés por promover la formación universitaria de calidad de los profesores, y para ello, comprendieran en profundidad qué se espera de la nueva institución. Uno esperaría que la creación de una nueva universidad sea una oportunidad para pensar la educación y la investigación con mirada de largo plazo, capaz de generar acuerdos amplios. Uno esperaría un Parlamento debatiendo sobre la mejor forma de lograr los objetivos. Pero, al parecer, los objetivos se reducen a discutir la forma de gobierno, y no lo que esa nueva universidad podría aportar a la sociedad.
