Violencia vicaria: la urgencia de nombrar y actuar por Valentina Viera

Hay hechos sobre los que no es posible transmitir el dolor que generan, esa especie de falta aire y dolor en el pecho paralizante. El asesinato de una niña de dos años y de un niño de seis, a manos de su padre, es uno de esos hechos. No se trata de un episodio aislado ni de un “drama familiar”: es violencia vicaria. Y reconocerlo como tal es un acto de justicia, pero también una exigencia política.
Antes de seguir, corresponde detenerse. A la madre de esos niños, mi respeto más hondo, un abrazo sincero y también mis disculpas por revolver la herida al escribir estas líneas. Pero elegí hacerlo porque el silencio es ensordecedor cuando no se grita frente a las injusticias. Me pregunté y me repregunté si volcar en esta columna el dolor de este caso puntual. Y decidí compartirlo porque hablar es de lo poco que podemos hacer, porque callar es complicidad, y porque cada palabra que nombra suma a un reclamo que tantas y tantos vienen sosteniendo sin descanso.
La violencia vicaria es la forma más extrema de violencia de género. Consiste en atacar a los hijos para dañar, castigar o destruir a la madre. No es un acto de locura ni de destino inevitable: es un mecanismo de dominación amparado en la idea de que los hijos son posesión y no sujetos de derechos. Es violencia estructural, y como tal requiere respuesta estructural.
En Uruguay, este término aún no tiene un lugar en la legislación ni en las políticas públicas. Lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no se previene. El vacío conceptual y normativo deja desprotegida a la infancia y expone a las mujeres a una forma de violencia que todavía no reconocemos como sociedad.
Otros países han dado pasos decisivos. En España, desde 2021 la violencia vicaria está reconocida legalmente y se contabiliza en las estadísticas oficiales de violencia de género. En México, varios estados han incorporado este concepto a sus leyes locales, habilitando protocolos específicos de prevención y sanción.
La conmoción social es comprensible, pero no basta. El Estado uruguayo —Parlamento, Poder Judicial, Poder Ejecutivo— tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la integridad de las niñas y los niños, de atender cada señal de riesgo, de asumir que donde hay violencia de género también hay peligro para la infancia.
Nombrar lo ocurrido como violencia vicaria no es solo un acto de memoria. Es también una herramienta política para diseñar protocolos, fortalecer la coordinación entre instituciones y construir políticas públicas capaces de prevenir lo que hoy lloramos.
Hoy, dos niños pequeños han sido asesinados. Y una madre carga con la herida más insoportable. El mayor respeto hacia ella exige algo más que condolencias: exige acción. Uruguay no puede mirar hacia otro lado. Tiene la responsabilidad de reconocer la violencia vicaria y de actuar con urgencia. Porque cada omisión, cada demora, cada silencio, es también parte de la violencia.