Un concluyente giro a la derecha se dio en el Legislativo y el Ejecutivo del Uruguay luego de los triunfos del conjunto opositor (bautizado multicolor). Para presidente su fórmula derrotó a la continuista por margen de uno y medio por ciento, fijando final el 29 de febrero de 2020 a 15 años de tres gobiernos con mayorías del Frente Amplio.
Uruguay se suma así a la marea conservadora que de distintas maneras se ha vuelto gobierno o parte de él en diversos sitios, sin eludir la convulsionada Sudamérica. Mientras se operó una inversión en fronteras uruguayas -con un golpe que descarriló a Dilma y el encierro de Lula para impedir que fuese candidato, y que, tras su derrota, regresó el peronismo de signos diversos después del ostensible fracaso (para las mayorías) del neoliberalismo y el escandaloso endeudamiento con el FMI), los países del Pacífico se aferraron con fervor el alineamiento automático con la Casa Blanca, llevando consigo décadas de dominio oligárquico que aplastaron política y económicamente a sus pueblos.
Como en pocos sitios -con un sentido de primavera distinto al de los territorios musulmanes de África-, Sudamérica se estremece con las movilizaciones chilenas, mientras las fuerzas dominantes de dicha nación sacaron inicialmente los militares a la calle, prometen que éstos suplirán en tareas a los pacos (policía militarizada)- que recibirán como refuerzos adelantados a nuevos integrantes– atacaron con escopetas y balines a los manifestantes -generando sobresalto entre los oftalmólogos que nunca habían atendido tantos heridos de ojos y párpados- y conducidos por Sebastián Piñera (que decretó la guerra contra el pueblo movilizado) se atina sólo a mayores grados de represión.
En Ecuador, entretanto, Lenín Moreno se decidió por la judicialización política, que ataca al ex presidente Rafael Correa, deambular con su Ejecutivo entre Quito y Guayaquil e intentar ahora salvar su gobierno recurriendo a estirar los diálogos con los indígenas e inventar un gatopardismo o cualquier cosa de linaje lampedusiano. En Perú se siente un clima igualmente agitado y ni qué decir de Colombia con la repulsa popular a las cúpulas políticas sobresalientes, al presidente -Iván Duque- y a su titiritero, el siniestro senador y ex mandatario Álvaro Uribe, esencial saboteador de los acuerdos de paz con la alicaída guerrilla de las FARC, al que se vincula como estrecho protector de los escuadrones ultraderechistas paramilitares.
Si a esta situación de por sí complicada le agregamos el golpe de Estado en Bolivia -articulado por la derecha reaccionaria y secesionista del sur y sureste del país, promovida por grupos croatas simpatizantes del antiguo régimen nazi (ustachas), sojeros abrasilerados y brasileños-, la insistente agresión de la OEA -que revivió la amenaza de intervención militar- y otro tanto de Estados Unidos, el cuadro donde se encuentra Uruguay no es de un porvenir halagüeño.
El futuro gobierno se instalará perteneciendo a un Mercosur ampliamente cuestionado y tironeado por intereses de Argentina y de Brasil, con intenciones antagónicas en cada lado. Ante la situación que se vive en Venezuela, tendrá por delante al denominado Grupo de Lima que hostiga y desconoce al presidente legal del país, Nicolás Maduro, validando, en cambio, al autonombrado Juan Guaidó y a sus designados, sin contribuir en nada a superar la situación de crisis y sus efectos, como el caso de la multitudinaria migración. Se topará con una situación donde la independencia propuesta por la Celac -institución de 2010 donde no está representado Estados Unidos- creada con la finalidad de promover la integración de latinoamericanos y caribeños, está enfrentada con el “sello” llamado Prosur (Foro para el Progreso de América del Sur), «invento» de Piñera y Duque este 2019.
De acuerdo con adelantadas nominaciones del futuro gabinete uruguayo, se asegura que la cartera de Interior la ocupará Jorge Larrañaga. Sobre él escribimos antes por ser promotor de una represiva enmienda en materia penal que el 27 de octubre fue rechazada por más de la mitad de los votantes. En el ámbito legal, de lo que se trataba era de darle jerarquía constitucional a la «política de seguridad». Si al final Larrañaga es ministro de Interior, ¿dejará de entender que lo adecuado está en la reforma derrotada o intentará aplicar las normas que no alcanzó la aprobación ciudadana? ¿Hay alguien que suponga que varió su forma de pensar? Salvo uno -que debe votarse favorablemente en un plebiscito- de los cambios propuestos en aquella intentona, los otros sólo requieren mayoría simple para su aprobación por las cámaras, algo que los pentamulticolores tienen.
En otro caso me pregunto si el o los ministros que integren el futuro gabinete, junto con senadores y diputados de Cabildo Abierto, que acatan la verticalidad al mando de su general, ¿van a dejar atrás la política de protección e impunidad a militares y policías en actividad o retiro que violaron derechos humanos en la dictadura? Acerca de Talvi como canciller ya dimos en nota anterior nuestra opinión sobre sus primeros pasos -en sintonía con el mandante-, mientras en Defensa habrá que ver qué piensa hacer Javier García o a quien coloquen, procurando no disgustar a Manini y sus legisladores, fundamentales para lograr mayorías. Difícil la tendrá Azucena Arbeleche para ahorrar los prometidos 900 millones de dólares anuales sin restar aportes a jubilaciones y pensiones con que apoya el Estado a los militares: Economía también puede lograr enojar al general. Quizá piensen ahorrar en enseñanza (menos maestros); seguridad (menos policías) o enajenar el agua o la refinación de hidrocarburos.
En todo caso, para dentro de cinco años, deseo que el mandatario no se haya ido tan a la derecha que lo encadenen con los pronunciamientos de su bisabuelo Luis Alberto de Herrera, quien dijo con referencia a la autonomía universitaria argentina: “ha pasado en Córdoba donde hay zapateros que son bachilleres”… “y eso es deplorable…”.
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