Ángel Arellano
Durante más de una década, José Luis Rodríguez Zapatero fue tratado por una parte de la élite política europea que anida en la izquierda como una especie de faro moral para América Latina. El expresidente español (2004-2011) que legalizó el matrimonio igualitario, que retiró las tropas de Irak, que habló de memoria histórica cuando eso todavía no era moda. Un socialdemócrata con credenciales impecables, según sus defensores.
En ese marco de credibilidad prestada, Zapatero pasó años viajando a Venezuela, reuniéndose con el régimen de Nicolás Maduro, avalando procesos electorales que la comunidad internacional rechazaba, cómo las parlamentarias de 2020 y 2025, y sosteniendo que él, en silencio y con discreción, estaba ayudando a liberar presos políticos.
Mientras tanto, los venezolanos y mucha gente con cierto discernimiento, defendía que este señor no estaba mediando. Su incentivo era otro: negocios.
Esta semana, esa certeza que para muchos nunca fue sospecha sino convicción, tiene nombre de juzgado, número de expediente y fecha de declaración. El 19 de mayo de 2026, el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional española, citó formalmente a Rodríguez Zapatero como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias. Es la primera vez en la historia democrática reciente de España que un expresidente del Gobierno es imputado por corrupción.
La auto judicial del juez Calama tiene 85 páginas y una tesis central: Zapatero habría liderado “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” orientada a obtener resoluciones administrativas y beneficios económicos para terceros.
El caso arranca con una pregunta aparentemente menor: ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez rescató con 53 millones de euros de dinero público a una aerolínea de bajo coste de nombre Plus Ultra con vínculos venezolanos, en plena pandemia, cuando otras empresas más grandes y funcionales quedaron sin apoyo? La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzó a trazar respuestas. Plus Ultra tenía como socios mayoritarios a empresarios venezolanos con conexiones al chavismo, entre ellos Rodolfo Reyes. Y el teléfono de Reyes, confiscado en las pesquisas, contenía mensajes que referenciaban que “el pana Zapatero” estaba detrás de las gestiones para obtener el rescate.
Empresas vinculadas al entorno del expresidente español recibieron pagos sustanciales: 368.258 euros a Análisis Relevante (una consultora de la que Zapatero era el único consultor), 561.440 euros a Whathefav (la agencia de marketing de sus hijas), y 266.200 euros a Gate Center (una empresa puente entre Venezuela y China dentro del entramado).
Zapatero reconoció públicamente cobrar alrededor de 70.000 euros anuales como consultor de Análisis Relevante. Ahora el juez amplía el cuadro: la UDEF estima comisiones de hasta dos millones de euros, y la hipótesis de sociedades offshore para mover dinero.
El escándalo de este socialdemócrata defendido por el gobierno de Pedro Sánchez, no se detiene en la aerolínea Plus Ultra. En 2024, según reveló la prensa, Zapatero viajó a China y se reunió con Ma Hui, viceministro del Partido Comunista chino al frente del Departamento Internacional del Comité Central, el principal órgano de política exterior de Pekín. El viaje coincidió con gestiones de la red investigada para vender crudo venezolano a compradores chinos. Inteligencia Prospectiva S.L., la empresa de empresarios venezolanos investigados por autoridades estadounidenses por presunto blanqueo de capitales vinculados al chavismo, pagó 266.000 euros al entramado de Zapatero entre 2020 y 2025. Venezuela como fuente petrolera, China como destino y Zapatero como eje.
El expresidente eligió una defensa que merece ser examinada con detalle, porque revela algo más profundo que una estrategia legal: su visión del mundo. En una entrevista en marzo de 2026 al programa Más de Uno de Onda Cero, Zapatero revindicó públicamente su amistad con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, y con su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Los llamó “amigos personales” al ser preguntado si no le incomodaba mantener vínculos con quienes dirigen un gobierno que viola los derechos humanos. Y añadió: “me han ayudado y yo les he ayudado. Algún día esto se sabrá en la historia.”
“Historia”, esa palabra pronunciada con la solemnidad de quien cree estar en el lado correcto de todo, es quizás el mejor resumen de una impostura que duró demasiado. Para los venezolanos, la historia ya era conocida.
En cada momento crítico, Zapatero apareció del lado del régimen: en los diálogos que no conducían a nada, en las certificaciones de procesos electorales amañados, en las declaraciones que relativizaban la represión y los muertos.
Lo más revelador de su postura es la lógica con la que describió a los hermanos Rodríguez: decía que, aunque formaban parte del régimen, “siempre estaban intentando que esa política de represión no se consumara”. Es decir, los principales operadores del chavismo eran a la vez, en el relato de Zapatero, agentes secretos de la moderación. Esta narrativa (Delcy y Jorge como fuerzas ocultas del bien dentro de una maquinaria represiva) es exactamente el tipo de razonamiento que permitió al régimen venezolano mantener interlocutores útiles en Europa y Latinoamérica mientras la situación en el país se degradaba sin freno.
Nueve millones de venezolanos en el exterior, una economía que es apenas un fragmento de lo que era hace 30 años, cárceles que todavía guardan cientos de presos políticos y un expresidente español comprometido con la defensa de la dictadura.
Los actores políticos que validaron a Zapatero como árbitro moral en América Latina tienen una deuda con la verdad. No se trata solo de un caso judicial que la presunción de inocencia obliga a reservar para los tribunales. Se trata de un patrón de conducta visible durante años: la utilización del lenguaje de la paz y el diálogo como cobertura para relaciones económicas con regímenes que saquean a sus propios pueblos.
