Todo el que me conoce sabe que soy un enamorado del mar. En realidad del Océano. No es sólo el baño, o barrenar las olas. Es esa majestuosidad, esa profundidad transparente y a la vez indomable. Y hay algo más. Supongo que es eso tan montevideano de orientarse siempre, esté uno donde esté, por la dirección en que está el mar. Quizá por eso me siento un poco perdido en las ciudades sin mar, o en las que viven de espaldas al agua, como Buenos Aires. Sin embargo, no soy un religioso del mar. No me emociona un mar sin humanos que lo naveguen, se bañen, pesquen, o lo contemplen conmovidos al atardecer.
Tampoco soy un enemigo del petróleo. La realidad es la realidad. Si de golpe desapareciera el petróleo, millones de personas morirían de hambre y de frío. La vida como la conocemos dejaría de ser posible. Pero no soy un fanático del petróleo. No me parece aceptable que para obtenerlo haya que sacrificar el mar o contaminar la tierra y el agua potable, ni mucho menos matar a miles de personas en guerras criminales. En mi adolescencia, a mediados de los años 70, hubo crisis del petróleo, con subas de precios, escasez, guerras y sombríos pronósticos de agotamiento del recurso en a lo sumo veinte años. Pasaron cincuenta años. Y sigue habiendo petróleo, subas de precios, escasez y guerras. A veces el apocalipsis viene demorado.
¿Por qué estas confidencias?
El martes pasado me tocó estar casi diez horas en una audiencia de amparo contra la prospección sísmica, es decir contra la búsqueda de petróleo en el mar territorial uruguayo.
Mucha gente en una sala relativamente chica. La Juez, la receptora, los reclamantes del amparo, un montón de abogados (los demandados son tres ministerios, ANCAP y la empresa que realiza la prospección) y diez testigos que declararon cada cual a su turno.
Habría mil cosas para contar sobre esa audiencia, que no sólo fue larga sino tensa (a los organismos públicos y a la empresa les molesta que se cuestionen sus decisiones, sobre todo si involucran al petróleo y al mar). Pero voy a detenerme en una cosa que quedó muy clara.
Seguramente habrán oído decir que la prospección sísmica fue precedida por sesudos estudios de impacto ambiental. Al oírlo, se imaginarán que los técnicos del Ministerio de Ambiente y del de Industria se quemaron las pestañas estudiando los efectos del bombardeo constante del mar con cañones de aire comprimido. Si imaginaron eso, olvídenlo.
¿Saben quién hizo el estudio de impacto ambiental?
Una consultora contratada y pagada por CGG Services (US) Inc., es decir por la empresa que está haciendo la prospección por cuenta o con autorización de Chevron.
¿Saben quién hizo el estudio de efectos del ultrasonido en el medio y la fauna marina?
Otra consultora contratada y pagada por CGG Services.
También habrán oído decir que en el barco van cuatro observadores encargados de avistar animales marinos y hacer detener el bombardeo.
¿Saben quién les paga a los cuatro observadores?
Sí, CGG Services. No lo digo yo. Lo dijeron los técnicos del Ministerio de Ambiente que declararon como testigos.
La situación plantea una duda muy grande. ¿Es aceptable que quienes tienen que controlar el proyecto y la gestión de una empresa sean pagados por la propia empresa cuyo proyecto y gestión tienen que controlar? ¿No estamos ante un conflicto de intereses evidente?
No es la primera vez que esto pasa. Tengo muy nítido el recuerdo de un Ministro de Transporte que manipulaba y exhibía estudios de impacto ambiental de las plantas de celulosa con el logo de UPM y del Estudio que asesoraba a UPM. ¿Tienen clara la cantidad de derrames y de accidentes que se han producido en las plantas de UPM desde entonces?
Vuelvo al comienzo. No se necesita ser un fundamentalista del antipetróleo ni un adorador místico del mar para olfatear que algo no anda bien cuando las aprobaciones y los controles dependen de la misma empresa que debe ser aprobada y controlada.
Para los intereses del Uruguay, probablemente lo sensato sería investigar con seriedad y criterio si existe petróleo. Y, al mismo tiempo, asegurarnos de que el mar o el océano no resulten dañados en el proceso. La ecuación no debería ser “mar o petróleo”, sino “mar y petróleo, si lo hay y no daña.”.
El problema es que los estudios para la aprobación del proyecto de prospección y los controles directos (los observadores que navegan en el barco) son contratados y pagados por la empresa que debe ser controlada. Así no. Así no hay garantías. Porque la cabeza que manda y paga es la misma que se beneficia con la prospección.
No estoy poniendo en duda la honestidad de nadie. Sólo digo que, cuando se administran intereses públicos, no basta con ser honesto, también hay que parecerlo.
