¿Buenos y malos? por Hoenir Sarthou
Mientras escribo -hoy, miércoles 7/4- se esperan noticias sobre futuras medidas sanitarias tras una reunión del Presidente de la República con el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario).
Es probable que esas noticias traigan cambios en la actual situación. Ya se adelantó que la presencialidad en escuelas y liceos no se retomaría el próximo lunes. Y es previsible que muchas de las medidas adoptadas antes de la Semana de Turismo (cierre de oficinas públicas, teletrabajo, suspensión de ciertas actividades privadas, etc.) sigan vigentes y que se agreguen otras nuevas.
El gobierno y en particular el Presidente de la República, además de la clásica presión que reciben todos los gobiernos de la oposición política y de grupos de interés (en este caso, las instituciones y gremiales médicas) están sometidos a una presión mucho más inusual, por parte de organismos asesores o técnicos que, en teoría, deberían limitarse a comunicar sus recomendaciones al Poder Ejecutivo y guardarse de opinar e intervenir mediáticamente en el debate público.
Claramente, no es esa la actitud del GACH, ni tampoco la del SINAE. Todos hemos visto a los integrantes del GACH realizar conferencias de prensa en las que exponen públicamente sus puntos de vista y recomendaciones antes de que el Poder Ejecutivo las haya adoptado o aprobado, al punto que es común que el GACH proponga y defienda públicamente medidas que luego el gobierno descarta.
Respecto al SINAE, ¿qué decir? Prácticamente es una entidad con vida propia. Ha asumido -o se le ha otorgado- la comunicación oficial sobre todo lo relativo a la pandemia, desplazando incluso al Ministerio de Salud Pública en materias que son de su específica competencia.
Para entender la anomalía de la situación, es necesario saber que el GACH es un organismo técnico asesor creado el año pasado por el Poder Ejecutivo a efectos de que lo asesore respecto a la pandemia. En cuanto al SINAE, es un sistema creado por ley en 2009 con fines de coordinación de los organismos públicos que deban intervenir en situaciones de emergencia o desastre. Ambos dependen de la Presidencia de la República y, a diferencia de los gobiernos departamentales, por ejemplo, carecen de autonomía o autoridad propia que puedan oponer al Poder Ejecutivo o al Presidente de la República.
Sin embargo, en los hechos, los dos organismos se desempeñan como actores políticos con papeles excesivamente relevantes en el marco de la pandemia. El GACH declara y anticipa opinión sobre todos los asuntos pandémicos antes de que el Presidente decida sobre ellos. Y el SINAE maneja una política de información que prescinde de los criterios del Ministerio de Salud Pública, habiéndose llegado a la absurda situación de que el Ministerio creó un Comité Técnico para analizar los casos de fallecimiento por Covid difundidos por el SINAE. Comité que suele descartar al Covid como causa de muchos de esos fallecimientos. ¿Cómo explicar que dos organismos públicos, dependientes del Poder Ejecutivo e integrados a un espacio común de coordinación, produzcan información disímil sobre hechos que tienen un tremendo efecto en la opinión pública y en el clima social?
La explicación más sensata es que la pandemia tiene dos aspectos complementarios pero muy diferentes.
Uno de ellos es la situación sanitaria en sí misma, aspecto en el que notoriamente ha habido un aumento de contagios y una verdadera difusión comunitaria del virus, tal como lo previeron en su momento numerosos científicos independientes (me viene a la mente, entre otros, el nombre del virólogo franco-argentino Dr. Pablo Goldschmidt) que fueron ignorados y vituperados por los científicos adictos a la OMS. Goldshmidt fue el primero al que le oí decir que las políticas de la OMS (confinamientos, tapabocas, distancia y paralización social, y en definitiva la pretensión de impedir el contagio) eran desmedidas, inútiles para evitar la propagación del virus, y que traerían efectos sociales terribles. Los hechos han demostrado, aquí y en todos los países, hayan dispuesto o no confinamiento y aislamiento obligatorios, que Goldshmidt y quienes opinaban como él (muchos virólogos y científicos de renombre) tenían razón.
Pero volvamos al Uruguay y al otro aspecto de la pandemia: el comunicacional. Un aspecto nada menor. Porque, más allá de la experiencia que todos compartimos, de personas que son diagnosticadas como positivas y sufren efectos muy diversos, que van desde la ausencia de síntomas a varios días de fuertes incomodidades físicas (fiebre, dolor corporal, profundo cansancio, pérdida de gusto u olfato y en ocasiones dificultades respiratorias), también es cierto que el diluvio constante de datos sobre muertes por Covid 19, a cargo del SINAE, suma mucho a la sensación de miedo y catástrofe.
El SINAE proporciona diariamente los datos de muertes dando tan sólo la edad del fallecido y el Departamento en que falleció. La ausencia de nombres y de identificación del centro médico involucrado dificultan o impiden la corroboración de los casos. Es imposible saber si la persona fue internada por Covid o por otra enfermedad y cuál fue la verdadera causa de la muerte. La edad indica algo importante. Un promedio de 80 años, con muchos casos de más de 90 años, que supera bastante la expectativa de vida en el Uruguay. Lo que, unido a que no se informa la causa de la internación, lleva a pensar que muchas muertes por otras causas se están atribuyendo a Covid 19. El protocolo recomendado por la OMS a todos los países, que indica declarar como muerte por Covid la de cualquier paciente que haya dado positivo al test PCR, sin importar qué otra afección padeciera, apunta en esa dirección
En suma, sin negar la evidencia del contagio -previsible y esperable-, hay un exceso en la difusión de casos y muertes y una llamativa omisión en comunicar la información (institución médica en que se produjo la muerte, estado de salud previo del paciente, acaso el nombre del mismo cuando no es famoso, etc.) que permitiría chequear los casos. El análisis posterior, que realiza el MSP, de poco sirve en materia de tranquilidad pública, porque no se difunde o se difunde poco, y siempre después del que el SINAE ya ha publicitado sus cifras atemorizantes.
Lo cierto es que, hoy, el Presidente se encuentra bajo fuego cruzado. La oposición política le reclama mayor reducción de movilidad y medidas más restrictivas. Ciertos grupos de interés (corporación médica, organizaciones sindicales, funcionariado público) se suman al reclamo. Por otro lado, muchas actividades económicas y muchos asalariados están llegando al tope de su resistencia. Más de un año sin trabajar, o haciéndolo en forma muy irregular, han agotado sus reservas y sencillamente afrontan un presente crítico y un futuro desolador. Mientras tanto, los niños siguen sin clases y muchos pacientes sin atención médica normal.
En ese contexto, vale preguntarse cuál es el papel de organismos como el GACH y el SINAE. Al acrecentar el miedo y reclamar o justificar más restricciones, ¿expresan la voluntad del gobierno, que en definitiva hace de “bueno” y les asigna el papel de “malo”? ¿O responden a una orientación distinta y actúan como voceros internos de la “nueva normalidad”, esa que expresa globalmente la OMS y que se caracteriza por sacrificar el trabajo, la economía, las libertades, la salud, la educación y la vida social ante un miedo omnipresente, sólo mitigable con vacunas experimentales?
Quiero creer que lo real es la segunda posibilidad. Pero eso requiere imponerles a los locuaces GACH y SINAE que se atengan a sus papeles de meros organismos técnicos y asesores y dejen de actuar como operadores políticos autónomos.
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