Disminuid y dividíos por Hoenir Sarthou

Lo peor que podría pasar respecto al proyecto de ley de eutanasia que aprobó Diputados sería que, en la discusión pública previa a su votación en el Senado, las posturas enfrentadas fueran las de quienes creen estar librando piadosamente de sufrimientos a enfermos terminales y quienes creen que todo sufrimiento debe soportarse porque es la voluntad de Dios.
Porque haría pensar que el proyecto que aprobó Diputados tiene como único inconveniente desafiar creencias filosóficas o religiosas de algunos. Y no es así, sino todo lo contrario.
El proyecto en sí es tan disparatado que no se necesita tener fe en nada para notarlo. Basta un poquito de sensatez y de sentido común. Incluso quienes no tenemos ningún impedimento filosófico, moral o religioso contra la eutanasia -como es mi caso- podemos notar que el proyecto es de una irresponsabilidad absoluta.
El principal disparate es que todo el procedimiento de la muerte “legal” se decide, organiza y realiza en el marco de una institución médica, sin ningún control externo.
De acuerdo al proyecto, basta que dos médicos (que suelen ser dependientes de una institución médica) consideren razonable que el paciente desee su propia muerte para que el procedimiento sea viable. También se requiere a dos testigos que confirmen la voluntad del paciente, pero esos dos testigos pueden ser también dependientes de la institución médica, porque la ley no lo prohíbe. No hay control judicial, ni control previo del Ministerio de Salud Pública, ni intervención de psiquiatra, ni obligación de informar a la familia del paciente. Todo se cocina entre el paciente y los dos médicos.
Huelga decir que es sumamente dudoso que un paciente sufriente, aislado en CTI, medicado y dependiente en todo sentido del personal sanitario, esté en óptimas condiciones para tomar decisiones vitales. Pero nadie controla eso, salvo los dos médicos en cuestión. Al punto que, si el paciente no está en condiciones de firmar el consentimiento, basta la certificación de su voluntad por los médicos.
Las instituciones médicas tienen un conflicto objetivo de intereses con sus pacientes, en especial con los que requieren tratamientos prolongados y costosos. Como es obvio, si un paciente ocupa durante mucho tiempo una cama de CTI, o requiere medicamentos o tratamientos muy caros y mucha atención del personal de salud, la institución médica perderá dinero, porque la cuota mutual o la cápita que percibe del FONASA no compensará el gasto.
No hago en esto ningún juicio de valor. Es un hecho objetivo. Los tratamientos largos y caros les cuestan dinero a las instituciones médicas. Y las instituciones médicas son, entre otras cosas, empresas que necesitan y aspiran a equilibrar sus presupuestos, si es posible con saldo favorable, como todas las empresas.
Reitero: no es que esto esté necesariamente mal. Lo inadmisible es que el Parlamento le dé poder de vida o muerte a una institución que se ahorra mucha plata si el paciente elige morirse.
Reitero: para quienes no tenemos objeciones filosóficas, morales o religiosas, la eutanasia prevista en el proyecto sería aceptable si se la rodeara de garantías que aseguren que la muerte sea una decisión personalísima y no un cálculo contable ajeno.
Esas garantías implican necesariamente la intervención judicial. Porque, ¿quién es el responsable último de garantizar los derechos fundamentales de las personas? Sí, el Poder Judicial. Por eso interviene cuando hay que declarar la incapacidad de una persona, o validar un testamento. ¿Cómo se va a privar de la vida a una persona sin que el organismo que debe garantizar el más fundamental de sus derechos intervenga para nada?
Desde luego, la decisión judicial debería basarse, además de en la entrevista directa del juez con el paciente, como ocurre en las incapacidades, en un diagnóstico psiquiátrico del paciente y en la comunicación a la familia de éste, para darle la oportunidad de avalar u oponerse.
Nada de eso otorga la plena seguridad de que se haga lo correcto, porque nada humano es infalible. Pero el control judicial, contando con el diagnóstico psiquiátrico y la opinión de la familia, pueden evitar muchos abusos. Por eso son imprescindibles.
¿Por qué el actual proyecto -como muchos que se están proponiendo en todo el mundo- prescinde por completo de controles externos y confía exclusivamente a las instituciones médicas la validación y la ejecución de la muerte?
¿Es una idea caprichosa de un sector del partido colorado y del Frente Amplio, o facilitar la eutanasia responde a políticas sistemáticas de larga data y de alcance global?
EL INFORME KISSINGER
En 1974, el entonces Consejero de Estado de los EEUU, Henry Kissinger, presentó al presidente Nixon y a varios organismos estatales, incluida la CIA, un informe titulado “National Security Study Memo 200”, que incluye un detallado análisis del crecimiento de la población mundial y de las dificultades que eso podría generar en materia alimentaria y en el abastecimiento de materias primas y de recursos minerales.
El informe propone lisa y llanamente la reducción de la población mundial (“despoblación mundial”, la llama Kissinger en algunos pasajes, sobre todo referidos al “Tercer Mundo”) como estrategia para asegurar la “actitud colaborativa de los gobiernos” y el acceso y la suficiencia de materias primas y recursos minerales.
Si bien Kissinger presentó su informe como una propuesta de política de Estado de los EEUU (eran otros tiempos), la aplicación de esas políticas en el Tercer Mundo contó enseguida con el apoyo y la financiación de fundaciones privadas, como Ford, Rockefeller, Mac Arthur y Hewlett, que, unidas a organismos gubernamentales de los EEUU, esterilizaron a millones de mujeres y hombres en Africa, Asia y América Latina. Una de las propuestas fuertes de Kissinger era condicionar la ayuda económica de los EEUU a que los gobiernos beneficiarios aplicaran políticas de control de natalidad y de esterilización.
Casi cincuenta años después, es claro que las políticas de control y reducción de población no son una exclusividad del gobierno de los EEUU y que son promovidas por entidades privadas, como el Foro Económico Mundial, y han sido adoptadas por organismos internacionales, como la ONU y el Banco Mundial.
La relación entre el control de la población y la manejabilidad de los gobiernos, con el fin de asegurar el acceso a recursos naturales valiosos, es hoy evidente. Pero estaba ya muy claramente expuesta en el informe Kissinger de hace casi cincuenta años. Hoy sabemos, además, que Kissinger no es tanto un político estadounidense como un intelectual y operador privilegiado de la élite económica global que suele reunir a sus huestes en Davos.
¿CULTURA DE LA ESTERILIDAD Y DE LA MUERTE?
Con esos antecedentes, es más fácil percibir que la promoción mundial de la eutanasia, que ahora llegó a Uruguay, se engarza cómodamente con otras fojas de la agenda, como la promoción del aborto, de las políticas “de género”, el estímulo a la monoparentalidad, a la homosexualidad y a todas las variantes LGTB y de “no binariedad”, el desprestigio de la maternidad y la promoción entre los jóvenes de un modelo de individuo aislado, que se precia de su libertad, desarraigo territorial y ausencia de ataduras familiares.
El punto en común de todas esas políticas es que, sumadas, contribuyen a la reducción de la población, ya sea por evitar la reproducción o por acelerar la muerte, con lo que se vuelven un mecanismo conveniente para el más fácil acceso y control de los territorios y de sus recursos.
Eso explica que miles de millones de dólares de las fundaciones y de los fondos de inversion de los “ultra ricos” se transfieran anualmente para financiar todas esas causas.
Ese tráfico de miles de millones de dólares produce, como subproducto, un efecto cultural demoledor: cambia nuestra actitud ante la vida, ante el sexo, ante la reproducción, y ahora ante la muerte, que deja de ser un fenómeno natural y se transforma en una decisión voluntaria, potencialmente alentada por razones técnico-financieras.
La astucia de presentar y promover al aborto, a la homosexualidad, al conflicto hombre-mujer y a la eutanasia como el sumum de la actitud “progresista” es un engaño mayúsculo. También lo es creer que implica alguna forma de “izquierdismo” o de “zurdismo”.
No, mis estimados izquierdistas y derechistas: lo que estamos viviendo no es izquierda ni derecha. Es un proyecto largamente trabajado, al que no le importa hacernos más felices ni tampoco explotarnos. Un proyecto que en realidad nos considera prescindibles. Una costosa molestia para la buena gestión de los territorios del mundo y de sus recursos.

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