La insumisión, rebelarse y resistir Marcel Lhermitte

A mediados de octubre de 2018 los informativos uruguayos, en su sección internacional, difundían imágenes donde se apreciaba a la policía ingresando a una finca, entre forcejeos y griteríos de los presentes. La sorpresa fue grande, cuando en los gráficos de la pantalla se anunciaba que los hechos eran en la sede de un partido político de Francia.

Las fuerzas del orden galas decidieron en ese momento allanar la sede de la Francia Insumisa para buscar elementos que probaran la financiación ilegal de la última campaña electoral. Pruebas que nunca hallaron. Ante esa situación, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido, junto a otros integrantes del colectivo reaccionaron verbalmente, lo que concluyó con un juicio y posterior sentencia, el pasado 9 de diciembre, de tres meses de prisión (excarcelable) y pago de 8 mil euros por el delito de rebelión.

La rebelión es un delito que se encuentra seguramente en las normativas de la mayoría de los países democráticos. Se trata de una infracción contra el orden público, que por lo general se vincula al levantamiento y a la “hostilidad” ciudadana contra los poderes del Estado.

De rebelión también fueron acusados por la Fiscalía los independentistas catalanes que se encuentran presos, aunque finalmente fueron procesados por subversión.

Sería inocente pretender que los poderes del Estado no tengan mecanismos que los protejan de ser agredidos, pero la Justicia –siempre afín a los poderosos de turno en todos los países– por lo general actúa desmedidamente cuando se trata de proteger a sus instituciones que cuando debe hacer lo propio con los ciudadanos de a pie.

Esto no sucede solo en Europa, por el contrario, en los últimos meses hemos asistido a desbordes gubernamentales en muchos países de América Latina, con grandes sectores del pueblo que decidieron rebelarse ante claras injusticias y fueron reprimidos por las administraciones, sin que estas sufran perjuicio alguno.

Va para dos meses la rebelión chilena que reclama cambios profundos en la política neoliberal trasandina y una reforma de la constitución pinochetista. La represión dejó como consecuencia al menos veinticinco muertos, miles de heridos –muchos perdieron la vista por las balas de goma de los carabineros– y casi diez mil arrestados. Las violaciones a los derechos humanos, además, están a la orden del día.

Doce días duró la rebelión callejera en Ecuador, resistiendo al “paquetazo” de medidas que impulsaba el presidente Lenín Moreno. El saldo fue de 8 muertos, más de 1300 heridos y un millar de personas detenidas.

También Bolivia se encuentra en un estado de emergencia. El país fue víctima de un golpe de Estado y la nueva administración reprimió la rebelión ciudadana, generando una treintena de muertos, y cientos de heridos.

En Brasil un día sí y otro también se conocen desbordes gubernamentales, gatillo fácil y violaciones de derechos humanos, además de promoverse un proyecto de ley de inmunidad judicial para policías y militares.

En Uruguay, se anuncia de parte de integrantes del nuevo gobierno que se suprimirá el derecho de ocupación de los puestos de trabajo como medida sindical y dejará de priorizarse a los trabajadores sobre el empresariado.

Cuando los derechos de los trabajadores, los estudiantes, los pobres, los pueblos originarios y las minorías en general son agredidos, no puede sorprender a nadie que estos se rebelen ante la injusticia y opten por salir a las calles, en un acto de resistencia e insumisión. La protección de estos “rebeldes” debería ser tan importante para la justicia como el de los poderes del Estado por los cuales siempre velan.

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