La publicación de los datos preliminares del relevamiento de personas en situación de calle que realizó el Mides, levantó la polémica en cuanto a esta problemática que nos interroga como sociedad. Una nota publicada en la web de El Observador y algunas respuestas que dio el ministro Lema en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda encendieron el debate.
Personas en calle en el departamento de Montevideo
Fuente: Elaboración propia en base a datos de El Observador
Los datos
La cantidad de personas en situación de calle aumentó 24% (2023 vs 2021) considerando quienes están en refugios y a la intemperie en Montevideo. Esta definición es técnica por lo que es correcto brindarla de esta forma. En total se relevaron unas 2755 personas, estando aproximadamente el 50% en refugios del Mides. Si se considera solo los que están a la intemperie, ese aumento fue del 48%, en términos absolutos el incremento corresponde a algo más de 400 personas.
Estos datos no tardaron en levantar polémica en la red social X (Twitter). Una polémica estéril, que no salda el hecho de que el número de personas sin un techo sigue en aumento sostenido, independientemente de que pernocten en la noche del relevamiento en un refugio o a la intemperie. Esa es la realidad que no se puede perder de vista en tiempos donde prima más una fetichización de los datos por los datos mismos. En tal sentido alcanza con poner en su contexto que estos números tampoco equivales a un censo, ni siquiera de Montevideo. Es sí, un relevamiento de las zonas más “calientes” donde se ubican las personas en calle. Pero, por ejemplo, la situación de calle no se avista solamente en los lugares céntricos de Montevideo (que es donde se torna más evidente la agudización de la problemática) sino que ocurre en zonas como Piedras Blancas, Casavalle, Colón, Peñarol, Conciliación, barrio Ferrocarril. Y si nos vamos no muy lejos de Montevideo este problema se encuentra hacia el lado de San José en Ciudad del Plata, o de Canelones como Progreso, La Paz o Las Piedras. Y aún si se hiciera ese relevamiento, (seguramente ocurra con el censo INE) la verdadera foto que da cuenta del problema es el registro de cédulas únicas que entran en el sistema del Mides durante determinado tiempo. Hasta hace un año ese registro alcanzaba las 6.600 personas.
En suma, la problemática es mucho más amplia que los datos que analizamos en base a los recientes trascendidos de prensa. Naturalmente, a nivel político cada uno atiende su juego. Pero en este punto cabe señalar, (advierto que es una postura técnica de quien suscribe) que se podría argumentar que el análisis y evaluación de las políticas públicas en la materia debería provenir de un organismo independiente respecto a aquel responsable de la ejecución de los programas. Es lo que sucede por ejemplo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED), permitiendo así “desde fuera”, poner el foco en las evaluaciones de los programas y sus resultados, y no tanto en los indicadores de gestión. Lamentablemente los debates de esquinas entre quienes están a favor y en contra nublan un análisis que trascienda la identificación de culpables de este fenómeno.
La complejidad del tema
Es inobjetable que se ha diversificado la atención de estas personas. Principalmente se ha hecho desde un enfoque de mitigar los efectos más crudos y negativos de esta problemática. Es así que se cuenta no solo con centros nocturnos, sino centros 24 Hs y estrategias de brindan soluciones habitacionales para un período más extenso de tiempo. Ello se refleja en que del total de personas relevadas que habitualmente viven en la calle una alta proporción ingresa a los centros del Mides. Ese es uno de los ángulos desde el que se puede mirar la acción estatal.
El otro aspecto ya conocido entre las personas en situación de calle es la alta prevalencia de aquellos que salieron de un proceso de privación de libertad. Tendiendo en cuenta que la tasa de privados de libertad ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, es poco lo que se ha hecho en años recientes para atender la situación de aquellos que salen del sistema penitenciario con una mano atrás y otra delante. En tal sentido una acción reciente ha sido la incorporación de la Dirección Nacional del Liberado del Ministerio del Interior al Mides, bajo el entendido que justamente se requiere un abordaje social de quienes salen en libertad.
El otro ángulo es la salud mental y las adicciones. En esta rendición de cuentas se propone desde el Ejecutivo destinar U$S20 millones para mejorar la atención de esta problemática.
El tema es que el Mides tampoco puede hacerse cargo en su integralidad de esta problemática. Históricamente desde su creación esa ha sido la tónica con los problemas sociales; cargarlos todos al Mides. Este es un arma de doble filo. Si bien con la creación del Mides se ha generado una institucionalidad social que implicó una enorme mejora para el sistema de protección social, también se corre el riesgo de transformarlo en un macro ministerio destinado a procurar resolver problemas que requieren abordajes intersectoriales.
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