En octubre pasado, al ir a pagar la contribución inmobiliaria, muchos residentes de la costa de Rocha se encontraron con una multa, retrospectiva a todo el año, de 20 UR. Esta multa pronto se convirtió en impuesto a la edificación inapropiada, y la intendencia intimó a firmar una declaración jurada de regularización. Hubo manifestaciones públicas del intendente Alejo Umpiérrez contradictorias con las acciones que llevó a cabo. Esto generó gran confusión y sigue sin habilitarse un espacio de diálogo con los vecinos.
El 12.10.2023 un comunicado publicado en la web de la Intendencia de Rocha y en algunos (no en el Diario Oficial) intimó a personas que hubieran hecho construcciones sin permiso en algunos balnearios a firmar una declaración jurada antes del 31 de diciembre. Por esta declaración se obligan a iniciar el trámite de regularización antes del 31 de octubre de 2024, habiendo realizado en Catastro la Declaración de Caracterización Urbana, y a finalizar el trámite antes del 31 de diciembre 2025.
Los balnearios en cuestión son: “La Paloma con exclusión de Barrio Parque; La Pedrera, Ampliación La Pedrera, San Sebastián y Santa Isabel de La Pedrera, Punta Rubia y Punta del Diablo”. Se excluye explícitamente a Barrio Parque e implícitamente a todas las localidades no mencionadas.
Nunca hubo un inspector que se presentara a conocer cada vivienda, ni una notificación a las personas. El impuesto es de 32.500 pesos, para cualquier tipo de construcción, sea rancho o mansión. El costo de la regularización es de unos 6.000 dólares.
En declaraciones públicas el intendente Alejo Umpiérrez dijo que se hizo un relevamiento con dron de los balnearios más prestigiosos y con mayor poder adquisitivo, y encontraron más de 3.000 terrenos que lucían como baldíos a nivel municipal, con casas a veces de medio millón de dólares, 300.000, 250.000 dólares, y que eso es injusticia tributaria. También habló de “vivos” que vienen acá a construir “de pesados”.
La mayoría de los pobladores de la costa no son propietarios de lujosas casas de veraneo, sino de viviendas sencillas de gente de trabajo, muchos viven de una temporada cada vez más breve. Se estima en 1.500 la cantidad de vecinos organizados que han llevado adelante numerosas gestiones y movilizaciones.
Todos están de acuerdo con regularizar, pero necesitan la suspensión del impuesto, condiciones más flexibles y plazos razonables.
Dijo el intendente Umpiérrez
En conversaciones con vecinos, el señor intendente, abogado y escribano, realizó compromisos verbales en que manifestaba que lo único que se iba a solicitar era la caracterización urbana, o un croquis y un plano de la sanitaria.
El abogado Edgar Luzardo, vocero del grupo de vecinos de Punta del Diablo y costa de Rocha, declaró en el programa Alquimia Oral de Radio Parque FM de La Paloma: “los vecinos de Punta Rubia y Santa Isabel de La Pedrera llegan a ciertos acuerdos de forma verbal: según una orden interna las viviendas se iban a aceptar tal cual estaban en el momento, esto es sin realizar ningún tipo de modificación, y que lo que sí se iba a requerir era que se realizara la sanitaria tal cual exige la normativa actual”.
Confiando en la palabra del intendente Umpiérrez muchos vecinos firmaron declaraciones juradas (la mayoría no). Pero cuando se presentan en la sección de arquitectura, lo que les exigen es la reglamentación vigente, no lo comprometido por el intendente. “La normativa no ampara el acuerdo verbal que tiene el ejecutivo departamental con estos vecinos de Punta Rubia”, explicó Luzardo. Lo que sacó el intendente fue una circular, una orden interna, lo que no puede cambiar esta situación, “porque para poder sustituir una norma se necesita otra norma del mismo rango. Una circular o una orden interna no tiene tal característica”.
¿Discrecionalidad o diálogo?
En estas condiciones, hay familias que se van a tener que ir, hay gente que no va a poder vender sus propiedades, y hay propietarios afectados por construcciones de ocupantes en sus terrenos que tendrán que transitar un largo proceso judicial de desalojo y demolición sin ninguna consideración para los casos respectivos. Y los vecinos que firmaron la declaración jurada basados en los compromisos verbales del intendente, en caso de incumplir, serán pasibles de acciones judiciales.
Un tema es la discrecionalidad: “cuando uno va a aplicar un impuesto” dijo Luzardo, “no puede determinar a este le cobro y a aquel no le cobro. Eso vulnera el principio de igualdad tributaria”.
“Acá el tema es que se desaplique el impuesto. Si se deja sin efecto, se lleva a cabo la caracterización urbana y se crea una normativa acorde a la situación de la costa, se va a lograr una regularización eficaz, y la intendencia va a poder recaudar. Pero hoy tenemos el tema de todas las personas que han firmado la declaración jurada, habría que sentarse a conversar, primero para que no se tengan más en cuenta esas declaraciones juradas, y eventualmente aquellos que pretendan o que ya estén en algún estadio de los trámites que puedan culminarlo también”.
Los vecinos presentaron el problema al intendente, a la Junta Departamental y al Senado de la República (Comisión Especial de Asuntos Departamentales y Municipales presidida por Sergio Botana). En esta última reunión estuvieron presentes los senadores Botana, Irene Moreira y Sandra Lazo. Esta comisión llamaría a Umpiérrez a conversar.
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