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Caridad financiera y género por Hoenir Sarthou

Caridad financiera y género por Hoenir Sarthou
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El Banco Interamericano de Desarrollo decidió otorgarle a Argentina un préstamo de doscientos millones de dólares para impulsar políticas de género.

El hecho en sí no es sorprendente. Desde hace muchos años, varios organismos multilaterales (BID, FMI, Banco Mundial, además de la ONU y la OEA) destinan fondos a promover políticas identitarias (las que dicen beneficiar a grupos humanos discriminados por rasgos identitarios, sexo, raza, orientación sexual, etc.) y muy especialmente las llamadas “políticas de género”, centradas en la identidad sexual.

Lo llamativo es, por un lado, que la financiación de esas políticas por el BID se haga tan evidente (suele ser más encubierta) y, por otro lado, el momento en que eso ocurre, cuando Argentina está inmersa en una crisis económica que ha llevado al gobierno de Macri a pedir al Fondo Monetario Internacional préstamos por decenas de miles de millones de dólares.

Tampoco resulta sorprendente que, este año, justo en medio de la crisis, se haya dispuesto el tratamiento parlamentario del proyecto de ley de interrupción voluntario del embarazo (IVE) presentado al Parlamento hace más de diez años. La discusión del proyecto, y su rechazo en el Senado por poca diferencia de votos, generaron grandes manifestaciones, debates y coberturas mediáticas que relegaron al tema económico a un segundo plano.

Quien tenga una imagen neutra del BID, del Banco Mundial y del FMI, quien crea que son simplemente organizaciones financieras dedicadas a promover el desarrollo de los países pobres, seguramente no verá con desconfianza estas intervenciones.

Pero las políticas de género no son lo único que el BID, el BM y el FMI financian. No es necesario ser James Bond para saber que, derramando dólares, están detrás de cosas como la reforma de los Estados, de los sistemas de justicia y de los gobiernos locales, así como de una serie de políticas que, en su jerga burocrática, denominan “gobernanza” o “buenas prácticas”.

Invariablemente, las reformas impulsadas por estas tres hermanitas de la caridad financiera son presentadas como “modernizaciónes” o “mejoras”. Así, cuando uno oye hablar de proyectos para la modernización o mejora de alguna estructura del Estado, puede apostar a que detrás hay dinero y consejos técnicos de estos organismos.

¿Por qué financian y promueven esas reformas, además de ganar plata con los préstamos?

Es facilísimo saberlo. Basta con googlear cosas como “reforma del Estado”, o “reforma de la Justicia” , o “gobernanza” y leer alguno de los documentos oficiales del BM, del FMI o del BID.. Tras una cháchara inicial sobre equidad y accesibilidad, aparece el motivo real: pavimentar el camino institucional para que las inversiones extranjeras puedan asentarse con rapidez y seguridad en los países objeto de las reformas. Crear “clima de negocios” y dar “seguridad a las inversiones” son términos que se reiteran una y otra vez.

Las hermanitas de la caridad financiera respaldan económica y técnicamente las mismas reformas que, nada casualmente, recomiendan la ONU y la OEA. El objetivo es crear las condiciones para que la inversión extranjera se instale sin demoras, sin trancas burocráticas, sin muchos controles, pagando pocos o ningún impuesto y, muy especialmente, sin riesgo de acciones judiciales imprevistas que afecten al capital invertido o la libertad de los directores y gerentes de las empresas inversoras.   Reitero: no lo digo yo; lo dicen expresamente los técnicos del BID, del Banco Mundial y del FMI, en cientos de documentos disponibles. No lo ve el que no quiere verlo.

¿Pero por qué las políticas de género?

Es fácil entender que las reformas de los Estados y de los sistemas de justicia y de gobierno interesen a la inversión extranjera, clave de lo que llamamos globalización económica. En el caso de las políticas identitarias, y en particular de las de género, la cosa es menos evidente.

Sin embargo, las fuentes de financiación de esas políticas es reveladora. Las fundaciones creadas por los zares del mundo financiero, Soros, Rockefeller, Ford, etc., respaldan desde hace muchos años a organizaciones que promueven reivindicaciones “de género”. Tampoco es casualidad que la ONU, la OEA, el Banco Mundial, el FMI y el BID hayan incorporado las políticas de género a sus declaraciones de principios y a sus programas de financiación y promoción.

Siguen siendo aparentemente oscuros los beneficios que los intereses financieros obtienen al promover esos temas. Pero varios hechos ocurridos en los últimos años arrojan algo de luz. El uso descarado que hizo George Soros de las organizaciones feministas en su intento de impedir la asunción presidencial de Donald Trump puso en evidencia la utilidad de esa relación para los objetivos del financista. No es la primera vez ni el primer lugar en que lo hace.

Lo ocurrido en Argentina también aclara ciertas cosas. Justo cuando Macri se arrodillaba ante el FMI, las organizaciones pro y anti aborto ocuparon los medios de prensa con sus campañas. Y ahora aparecen doscientos millones de dólares para promover nuevas campañas y, es de temer, para comprar voluntades políticas.

Sin entrar en especulaciones conspirativas, resulta evidente que los temas identitarios, y en especial los de género, operan como distractores de la opinión pública. Convertidos en motivo de lucha y de debate, apasionan a la opinión pública y la alejan de otros asuntos relativos a la economía, aunque esos asuntos tengan luego efectos muchos más terribles para las mujeres, los niños y también para los hombres. Para decirlo con otras palabras: los cerca de cincuenta mil millones de dólares que Argentina le deberá al FMI causarán más muertes de mujeres y de niños pobres, por hambre y enfermedades desatendidas, que los abortos y la violencia de género juntos.  Pero eso no ocasionó manifestaciones ni lágrimas teñidas de verde y casi no apareció en los noticieros.

El otro gran efecto de la jugada financiero-publicitaria “de género” es proporcionar a mucha gente una causa de lucha aparentemente noble y progresiva, sin cuestionar a las estructuras económicas y sociales establecidas.

¿Qué riesgo implica para los gobiernos y para los inversores que miles o cientos de miles se manifiesten a favor del aborto o contra la violencia de género?

Ninguno. Absolutamente ninguno. Al contrario, los conflictos identitarios ocupan las pantallas de televisión distrayendo y dividiendo a gentes que podrían unirse para cuestionar otras cosas.

¿Cómo extrañarse entonces de que gobiernos e inversores promuevan y financien esas manifestaciones?