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Grande como una casa por Hoenir Sarthou

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No es casual que el sector “Casa Grande”, a través del senador suplente Rafael Paternain, haya sido el más enfático al salir al cruce de las declaraciones del Director Nacional de Policía, Mario Layera, al punto de adelantar que el sector pediría su renuncia.

Layera dijo un par de verdades grandes. No me refiero a sus reclamos sobre el cruce de información con el Mides, el sistema educativo y el Banco de Previsión Social, que seguramente podrían resolverse mediante gestiones entre los organismos involucrados. Me refiero a otras dos cosas que dijo, para las que seguramente habría encontrado cerradas las puertas y las orejas de otros jerarcas del Estado si no lo hubiese dicho por medio de la prensa.

Causó honda molestia en sectores del oficialismo que Layera haya advertido  que corremos el riesgo de seguir el camino de países como El Salvador o Guatemala, en que el Estado se ve desbordado por la delincuencia organizada y la seguridad se transforma en un bien privado y costoso, reservado para los ricos en barrios cerrados y vigilados. Pero mayor molestia aun causó que relacionara a los problemas de inseguridad y de violencia con ciertas políticas sociales en curso (familiares, educativas, culturales, carcelarias, etc., algo que algunos venimos advirtiendo desde hace años).

La respuesta de Paternain merece comentarios porque  es un modelo de “corrección política”. En distintas entrevistas, describió a las declaraciones de Layera como “irresponsables, conservadoras, catastrofistas”, dijo que “abonan la política del miedo, comprometen al gobierno y le levantan todos los centros posibles a la oposición”. Tras eso, anunció que su sector pediría la renuncia o la remoción de Layera.

Obsérvese que Paternain no dice que lo afirmado por Layera sea mentira.  Sus objeciones son ante todo ideológicas,  políticas y de procedimiento. Le reprocha que las declaraciones sean “conservadoras”, “catastrofistas” y que abonen “la política del miedo” (objeciones ideológicas), las acusa de “irresponsables” (objeción de procedimiento u oportunidad), y por “comprometer al gobierno y levantarle todos los centros a la oposición” (objeciones político-partidarias). Pero no se pronuncia sobre la veracidad de lo dicho ni intenta demostrar que sea errado.

La “corrección política” comprende esencialmente la creencia de que el lenguaje modifica por sí mismo la realidad. De modo que lo que no se dice –o no se permite decir- no existe. Y lo que se dice, aunque no coincida con la realidad, modifica mágicamente a la realidad.

La ira de “Casa Grande” y de algunos otros sectores oficialistas, como el Partido Comunista, se explica porque las denuncias de Layera los implican directamente. Esos sectores están fuertemente arraigados en organismos como el Mides, y son en buena medida responsables de las políticas sociales aplicadas desde hace trece años.

El pecado de Layera es haber hablado, haber dicho lo que no debe ser dicho, porque, mientras no se diga, no existe.

Durante trece años, los jerarcas oficiales se han adormecido y nos han adormecidos con un “arrorró” de buenas noticias estadísticas. El aumento de las exportaciones (aunque buena parte de ellas salgan por zonas francas y nos dejen muy poco), la reducción de la pobreza (asumiendo que “salir de la pobreza” es ganar quince mil pesos o recibir beneficios del Mides y contabilizar como ingresos la atención médica que ya se tenía), son el estribillo de ese “arrorró”, que sin embargo omite sistemáticamente mencionar la deserción educativa de casi el 70% y el mundo de marginalidad cultural que crece en las orillas de Montevideo y, ahora, de muchas ciudades del Interior del País.

Durante esos mismos trece años, el Mides ha identificado al desarrollo social con la aplicación de políticas focalizadas y “minoritaristas”, destinadas no a fortalecer la inserción educativa y laboral de cientos de miles de muchachos nacidos en la pobreza sino a compensar la situación de los exponentes más dramáticos de esa pobreza y a las identidades sexuales y raciales numéricamente minoritarias.  Ha confundido a las políticas sociales con la seguridad social.

El resultado es lo que tenemos a la vista: un creciente y prácticamente desconocido sector de la población que no se ha integrado social, ni educativa ni laboralmente. Un sector que aporta el material humano con que se alimentan las bandas, el narcotráfico, el sicariato y la sección policial de los noticieros.  Los siete asesinatos cometidos entre la noche del viernes y la mañana del domingo del pasado fin de semana son más elocuentes que lo que yo pueda decir al respecto.

Otra cosa es por qué Layera dijo lo que dijo.

No es la primera vez que esas ideas son expresadas desde el Ministerio del Interior. El propio Eduardo Bonomi había dicho ya que en algunos barrios hacía más falta un shock de políticas sociales que la policía. Y el expreso apoyo dado a Layera por el ministro interino Jorge Vázquez indica que Layera no habló en un acto individual de franqueza explosiva.

Uno no puede descontar ajustes de cuentas internos entre sectores del Frente Amplio. Esas declaraciones podrían cumplir esa función. Sin embargo, el tenor de lo dicho por Layera va mucho más allá de lo que podría explicarse por un conflicto intestino. Sobre todo porque implica una ruptura con políticas que, hasta ahora, parecían ser de consenso o claramente mayoritarias en la interna del partido de gobierno.

La permanencia de Layera en su puesto,  y el hecho de que el encargado de respaldarlo públicamente haya sido el hermano del Presidente, hacen suponer que sus declaraciones podrían ser la señal de algún cambio político.

Hay quienes piensan que la cúpula del gobierno está preparando el clima para aplicar “mano dura” respecto a la delincuencia. Pero también podría ocurrir que el cambio comprendiera a las políticas sociales y específicamente al Ministerio de Desarrollo Social.

Falta más de un año y medio para las próximas elecciones y el tema de la seguridad pública arde cada día más. Es difícil que el Frente Amplio pueda atravesar ese año y medio sin mostrar cambios y sin pagar grandes costos electorales.

¿Se optará por la mano dura, por un viraje en las políticas sociales, por las dos cosas, o sólo se hará aspaviento y todo seguirá igual?

Resulte lo que resulte, estamos desacostumbrados a que altos jerarcas de gobierno  enuncien verdades antipáticas. Sobre todo cuando son verdades grandes y silenciadas. Las pocas veces en que ocurre, la sensación es de alivio. Porque alivia oír hablar con sinceridad sobre la realidad. Abre camino a debates necesarios y saneadores.