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Las miserias de un modelo perverso por Hugo Acevedo

Las miserias de un modelo perverso  por Hugo Acevedo
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El galopante descalabro económico y social derivado de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno para enfrentar la pandemia de Coronavirus, pone nuevamente sobre el tapete las contradicciones de un modelo perverso que siempre castiga a la clase trabajadora y jamás afecta los intereses de los sectores más privilegiados.

No en vano, las nefastas consecuencias devenidas de esta grave situación están recayendo sobre los asalariados, con más de 70.000 envíos al seguro de paro o despidos contabilizados hasta la semana pasada, lo cual ya supera ampliamente las cifras de la devastadora crisis del 2002.

Aunque nadie niega que la actual coyuntura trasciende a eventuales tiempos políticos, los uruguayos más golpeados vuelven a ser los sectores de ingresos fijos o bien la población periférica, que, por trabajar fuera del circuito formal, quedará excluida de la asistencia estatal.

Ese contingente suma unas 400.000 personas-bastante más del 10% de la ciudadanía- que, por imperio de las circunstancias, sólo logrará sobrevivir merced a la solidaridad.

Como siempre, en la primera línea de batalla está el movimiento sindical, liderado naturalmente por el PIT CNT y las organizaciones sociales, que instalan cotidianamente y con encomiable voluntariado, ollas populares y entregan alimentos a los sectores más carenciados.

Esa actitud de ejemplar desprendimiento y compromiso militante, les otorga derecho a formular reclamos al gobierno, mediante medidas de lucha como el multitudinario cacerolazo con apagón concretado la semana pasada en los barrios populares de todo el país.

Por supuesto, estos actores sociales de primer nivel –que otrora fueron vanguardia en la lucha clandestina contra la dictadura y la la resistencia a las políticas regresivas de los gobiernos conservadores- elevaron al Poder Ejecutivo una extensa batería de once medidas para atender a los más vulnerables.

La plataforma de reclamos incluye la creación de una renta transitoria de emergencia para que todos los uruguayos cuenten con un ingreso mínimo, medidas de protección a las pequeñas y medianas empresas para garantizar los puestos de trabajo y
la prohibición de los descuentos salariales y el adelanto de licencias a los trabajadores.

Otras demandas son la postergación del aumento de las tarifas públicas, la congelación de alquileres y cuotas de créditos hipotecarios por seis meses y la suspensión de los desalojos
También se promueve un estricto control de precios  de la canasta sanitaria y los alimentos básicos, como así también un frontal combate a las prácticas especulativas.

Insólitamente, este paquete de propuestas fue ignorado por el gobierno multicolor, que toma decisiones –muchas de ellas acertadas e incuestionables- sin consultar, acordar ni negociar con la oposición ni las organizaciones sociales que representan a los colectivos de trabajadores.

Tanto el cacerolazo -que fue fustigado por voceros de la derecha- como la demostración de ciudadanos que optaron por mantener las luces encendidas y cantar el himno nacional, constituyen respetables y libérrimas expresiones democráticas.

Sin embargo, la actitud de entonar el himno nacional no logrará -por arte de magia- llenar las miles de ollas que quedarán vacías por los masivos envíos al seguro de paro, los despidos y las rebajas salariales que ya impactan a la clase trabajadora. Lamentablemente, en Uruguay no tenemos ningún Jesucristo que multiplique los peces y los panes, como narra el Nuevo Testamento.

Una de las medidas más controvertidas fue la rebaja salarial que recaerá sobre los salarios y las jubilaciones públicas de más de 80.000 pesos líquidos. Si bien la decisión es compartible, no se trata de remuneraciones exorbitantes, ya que el valor de la canasta familiar supera hoy los 87.000 pesos mensuales.

Además, la medina genera enojosas dicotomías entre los propios funcionarios públicos y entre trabajadores estatales y privados, que ya fueron castigados por los seguros de desempleo y por la pérdida de fuentes de trabajo.

Lo realmente concreto es que, como en todas las crisis –esta casualmente no fue creada por el libertinaje de mercado- el costo lo pagarán los sectores de ingresos fijos y no quienes detentan la mayor porción de la renta.

¿Por qué parte de este ajuste no lo paga el gran capital, el latifundio, la banca, los grandes industriales y los productores rurales de gran porte, como los sojeros, los arroceros o la industria forestal, entre otros?

¿Por qué no se hacen cargo los uruguayos que viven de renta sin trabajar y quienes ostentan el poder económico o los que se han enriquecido en el último mes por la estampida del dólar?

Según la investigación del economista Mauricio De Rosa denominada “La distribución de la riqueza en Uruguay”, el

10% más rico de la población posee el 62% de la riqueza.

A su vez, la cuarta parte de la renta neta está en manos del 1% superior y más de la mitad de ese 25% pertenece al 0,1% de la población más rica (unas 2.500 personas).

Los números, que son obviamente contundentes, revelan la aun escandalosa inequidad social existente en nuestro país, pese a los sustantivos avancen registrados en los últimos 15 años para reducir o minimizar esa brecha social.

Estos señores oligarcas, que viven como reyes sin corona, se trasladan en camionetas 4X4 de gran porte, perciben suculentos estipendios y ganancias por sus negocios empresariales y vacacionan en el Caribe o en Europa a donde se trasladan en lujosos cruceros, deberían demostrar su tan mentado patriotismo aportando soluciones económicas a la crisis.

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